Acertada, pero no suficiente

Acertada, pero no suficiente

Así de contundente define el despacho IURE Abogados a la modificación en el reglamento de Ley Concursal sobre la garantía arancelaria. “Considera que es acertada, pero no suficiente dado que no se van a cubrir todos los concursos en los que el administrador concursal no percibe honorarios, creando así inseguridad jurídica”, expone una de sus letradas, Auxiliadora Blázquez Godoy.

Auxi-6561El Gobierno está llevando a cabo el Proyecto de Reglamento por el que se desarrolla la Administración Concursal y en el que se incorporan importantes modificaciones que están dirigidas, principalmente, en ampliar la regulación del apartado relativo al administrador concursal, figura tan importante dentro de este tipo de procedimientos,  que establece los requisitos para poder ejercer como tal, así como en relación a su retribución.

Para Blázquez Godoy, “la retribución de los administradores concursales, tan criticado por las discrepancias entre unos concursos y otros, en los que dependiendo de la situación del deudor, los aranceles pueden dispararse versus a procedimientos en los que el administrador no cobra nada. Entre otras novedades, ha dado lugar a incorporar una garantía arancelaria, de forma que los administradores concursales que devenguen honorarios deberán ingresar parte de los mismos en esta cuenta de garantía, de cara a aquellos que no tengan ninguna retribución”.

Por otro lado, con el nuevo reglamento quedaría por mejorar la inclusión del crédito público y los avalistas en la segunda oportunidad, aspectos tan importantes para conseguir reflotar empresas, así como liberar aquellas personas que se vieron abocadas a tener que avalar a empresas inviables, ante la presión ejercida por las entidades financieras.

“Las próximas medidas de reforma de la Ley Concursal, deberían centrarse más en seguir mejorando el mecanismo de la segunda oportunidad, incluyendo medidas respecto del crédito público, que queda al margen del beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho con la liquidación del patrimonio del deudor, para de esta forma conseguir la continuidad de la actividad de las áreas productivas de las empresas”, añade Blázquez.