CC escucha argumentos de empresarios

CC escucha argumentos de empresarios

Camaras-CCEl sector privado acudió ayer a dos vistas públicas en las que expusieron su rechazo a nueve artículos de la Reforma Fiscal.

El sector privado insistió ayer ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en que la nueva legislación le otorga facultades discrecionales a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que existe violación a la equidad tributaria y la capacidad de pago con las reformas fiscales aprobadas el año pasado.

Los abogados Stuardo Ralón y Mario Fuentes Destarac presentaron los argumentos del sector privado en las dos vistas públicas programadas ayer en la CC, en las que se discutió la impugnación de nueve artículos de las leyes tributarias.

En la primera vista pública se conoció la inconstitucionalidad presentada contra los artículos 7 y 38 del Decreto 4-2012 de la Ley de Fortalecimiento a la Administración Tributaria 2 (FAT 2),  en los que Ralón explicó que existe violación a los artículos 2 y 243 de la Constitución Política de la República y que afectan la capacidad de pago de los contribuyentes y se le dan facultades a la SAT para “desconocer el precio al que un contribuyente vendió el producto”.

La CC suspendió el mes pasado una parte del texto de dichos artículos, con lo que la SAT no podría comparar la información de precios promedio de venta con otros contribuyentes, cuando después de tres meses una empresa reporte durante un trimestre ventas por debajo del costo de los productos.

“No es normal dentro de la actividad comercial que se venda a un costo igual o menor al que se adquirió el producto”, expuso Carlos Reynoso Gil, abogado de la SAT dentro de este proceso.

Por aparte, Destarac presentó los argumentos para exigir la inconstitucionalidad en los artículos 21; 23; 38; 48; 84; 89 y 157 del Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria.

En el caso del Artículo 38, que se refiere a la presentación de cierres preliminares, afecta el flujo de caja de las empresas haciéndolas caer en suspensión de pagos e incluso llevarlas a la quiebra. Sobre el Artículo 84, este afecta la libre competencia al pretender que se tienen que hacer reevaluaciones de los inmuebles.

Alma Quiñónez, asesora legal del Ministerio de Finanzas Públicas, respondió que estas reevaluaciones deberán ser realizadas por el contribuyente y gravan las ganancias o pérdidas de capital y no la transacción de venta.

La ley da un plazo de 20 días a la Corte de Constitucionalidad para dictar sentencia después de una  vista pública, pero se prevé que en este caso tome un tiempo más por la cantidad de expedientes que deben resolver.