Bolivia

Con la promulgación del decreto ley Nº 27.187, reglamentario de la Ley de Reestructuración Voluntaria N° 2.495, se pone en marcha un programa concertado entre el gobierno, empresarios y banqueros.

El proceso de salvataje que inicie cada una de las empresas será absolutamente reservado y confidencial, es decir que los funcionarios de la Superintendencia de Empresas, el síndico, los acreedores, auditores externos, peritos y evaluadores intervinientes no podrán dar a conocer los detalles del proceso, que se encuentra previsto únicamente para sociedades comerciales y empresas unipersonales inscriptas en el Registro de Comercio.

Para acogerse al programa las empresas tienen que presentar la siguiente documentación:

a) Una solicitud escrita a la Superintendencia del sector. Se deben incluir los estados financieros de las tres (3) últimas gestiones, y los actualizados, con dictamen de auditor externo.

b) Lista detallada de los acreedores, de los procesos judiciales que afronta así como la nómina de socios o accionistas.

c) El acta de la Junta de Accionistas en la que debe constar el acuerdo para someterse al proceso.

d) La autorización expresa a su representante legal.

e) El acuerdo para someterse a las decisiones de la junta de acreedores, y

f) El compromiso de brindar colaboración y la información financiera, económica, administrativa, técnica y legal requerida por el ente regulador, el síndico y la junta de acreedores.

Existen tres tipos de reestructuración:

1) La exclusivamente financiera: Se refiere a un aumento de capital que implica la capitalización y reprogramación de todas las deudas;

2) La operativa productiva: Se refiere a un ajuste de los sistemas de producción y cambio de tecnología para mejorar su eficiencia, y

3) La de carácter administrativo: Permite al empresario cambiar de actividad productiva.

En los supuestos en que los acreedores de una empresa, por decisión conjunta, determinen una quita, el Estado deberá asumir la misma decisión. Por su parte el artículo 55 establece que estas quitas son también válidas para los bancos en liquidación, y esto dará lugar a la disminución automática de los saldos registrados como acreencias extraconcursales en los estados financieros de las entidades involucradas.

Una vez que procedan las quitas y los acuerdos con los accionistas y acreedores, las empresas podrán acudir al Fondo de Fortalecimiento, que operará en dos direcciones: primero, otorgando recursos a las empresas que lo requieran y, segundo, apoyando al sistema financiero.

Si la empresa reestructurada necesita capital adicional para su mejoramiento tecnológico, deberá emitir acciones o colocar bonos en la Bolsa de Valores.

El proceso de reestructuración debe durar noventa (90) días y la falta de convenio entre acreedores y deudor será considerada como causal de quiebra, la que deberá tramitar de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio.

Pero tal como se expresó inicialmente, esta solución es meramente transitoria, y aunque pueda prorrogarse su aplicación, el régimen está previsto a regir por dos años, y fue implementado en consideración a la situación de crisis generalizada por la que atraviesa su economía nacional, y no está previsto como una solución de salvataje empresario en virtud a la situación propia de la concursada con independencias de los factores externos.