Chile

La ley N° 18.175 de Chile prevé como medio para evitar la declaración de quiebras la celebración de convenios, tanto judiciales como extrajudiciales, regulados en los artículos 169 al 217 del Título XII.

Ya hemos analizado lo relativo a las pocas disposiciones que la ley chilena le dedica al acuerdo extrajudicial.

El convenio judicial en cambio, ha merecido un mayor tratamiento por el legislador chileno y se encuentra regulado desde el artículo 173 hasta el artículo 217, distinguiendo además dos clases de convenio judicial: el preventivo (se propone con anterioridad a la declaración de quiebra) o el simplemente judicial (se propone durante el estado de quiebra).

Tanto uno como el otro deberá ser discutido y aprobado en junta de acreedores, y las propuestas que fueren aceptadas de otro modo no tendrán valor alguno, salvo lo dispuesto para el convenio extrajudicial.

El fallido o cualquiera de los acreedores podrán hacer propuestas de convenio en cualquier estado de la quiebra; pero para que se pueda entrar a deliberar sobre ellas, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1) Que el síndico ya haya presentado la nómina de los créditos reconocidos, y

2) Que el fallido no esté imputado, reo o condenado por quiebra fraudulenta o por otro delito que pueda darle ese carácter, o por alguno de los delitos previstos en el artículo 466 del Código Penal chileno.

La ley de Chile condiciona la posibilidad del deudor para efectuar propuestas de acuerdo a la evaluación de su conducta. En este sentido se establece en el artículo 175 que “El deudor podrá también hacer proposiciones de convenio antes de la declaración de quiebra, siempre que no esté declarado reo o condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 466 del Código Penal, a no ser que haya cumplido la pena…”.

Una vez presentadas las propuestas o proposiciones de convenio y la nómina de los créditos reconocidos, la junta de acreedores las conocerá y se pronunciará sobre ellas a más tardar en su próxima reunión.

Las proposiciones del convenio judicial preventivo se presentarán ante el tribunal que sería competente para declarar la quiebra del deudor, acompañadas con todos los antecedentes. El tribunal dispondrá:

1) Que el deudor quede sujeto a la intervención de un síndico de los que formen parte de la nómina nacional. Al efecto, el juez designará un síndico titular y uno suplente.

2) Que el síndico informe al tribunal sobre las proposiciones de convenio dentro del plazo de treinta (30) días.

3) Que todos los acreedores residentes en el territorio de la República se presenten, dentro de treinta (30) días, con los documentos justificativos de sus créditos, bajo apercibimiento de proseguirse la tramitación sin volver a citar a ningún ausente; y que se notifique a los acreedores que se hallen fuera de la República, ordenándoles que en el término de emplazamiento, comparezcan con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el mismo apercibimiento.

4) Que los acreedores concurran a una junta, que no podrá tener lugar antes de vencer los cuarenta (40) días siguientes, para deliberar sobre las proposiciones de convenio, y

5) Que se notifique esta resolución al síndico (titular y suplente) y a los acreedores, en igual forma que la declaración de quiebra.

En caso de aprobarse el convenio judicial preventivo, el síndico aceptará la designación y asumirá el cargo de interventor. Tendrá una remuneración que le acuerde la junta de acreedores o el juez en subsidio. El síndico está obligado a presentar una cuenta completa y detallada de su gestión a la junta de acreedores dentro de los quince (15) días de finalizada su intervención. La junta dispondrá de un plazo de treinta (30) días para pronunciarse sobre ella.

Cabe resaltar que la tramitación de las proposiciones de cualquier convenio no obstaculiza el ejercicio de ninguna de las acciones que procedan en contra del deudor, no suspende los procedimientos de la quiebra o juicios pendientes, ni obsta a la realización de los bienes. Sin embargo, si el convenio simplemente judicial se presentare apoyado por al menos el cincuenta y un por ciento ( 51% ) del total del pasivo de la quiebra, el síndico sólo podrá enajenar los bienes expuestos a un próximo deterioro o a una desvalorización inminente o los que exijan una conservación dispendiosa.

A su turno, si la propuesta de convenio judicial preventivo se hubiere presentado con el apoyo de la mayoría de los acreedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento ( 51% ) del total del pasivo, sin excluir, para los efectos de este cálculo a ninguna clase de acreedores, el deudor no podrá ser declarado en quiebra ni podrá procederse a la realización de sus bienes durante los noventa (90) días siguientes a la notificación por aviso de la resolución en que el tribunal cite a los acreedores a junta para deliberar sobre dicha proposición. En su caso, los acreedores privilegiados e hipotecarios no perderán sus preferencias, pero no podrán realizar los bienes del deudor durante el plazo de suspensión antes señalado, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las medidas conservativas que se puedan impetrar.

Esta limitación no se aplicará a la realización de bienes que correspondiere efectuar en el procedimiento de ejecución forzada de obligaciones laborales que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere, en tal carácter, a favor del cónyuge y parientes o de los gerentes, administradores apoderados y otras personas que hayan tenido o tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes legítimos y naturales, y a los colaterales por consanguinidad o afinidad legítima hasta el cuarto grado, inclusive.

Durante este período (90 días) el deudor no podrá gravar ni enajenar sus bienes, salvo aquellos expuestos a un próximo deterioro, o a una desvalorización inminente, o los que exijan una conservación dispendiosa o sean estrictamente indispensables para el normal desenvolvimiento de su actividad. En todo caso, el deudor deberá contar con la autorización previa del interventor para la ejecución de dichos actos.

Si en el plazo improrrogable establecido de noventa (90) días no se acordare el convenio, el juez declarará de oficio la quiebra del deudor.

Las proposiciones del convenio, ya sea preventivo o simplemente judicial pueden versar sobre:

– La remisión de parte de las deudas; o

– La ampliación de plazos;

– Sobre ambas cosas a la vez;

– Sobre el abandono total o parcial de activos;

– Sobre la continuación de la actividad del deudor; o

– La enajenación de sus bienes como unidad económica, en los términos que se estipulen en el convenio; o

– Sobre cualquier otro objeto lícito.

El convenio será uno mismo para todos los acreedores, a no ser que medie acuerdo unánime en contrario.

Respecto a la aprobación del convenio corresponde destacar que sólo los acreedores cuyos créditos estuvieren reconocidos tendrán derecho a votar en el convenio. Sin embargo, los acreedores titulares de créditos impugnados – sea por el deudor o por otros acreedores – podrán ser admitidos a votar por la suma que, para este solo efecto, señale el tribunal, que oirá en la misma audiencia al síndico, al fallido y demás acreedores.

En el convenio judicial preventivo sólo tendrán derecho a voto los acreedores que aparezcan en una nómina que el síndico presentará, para este efecto, con diez (10) días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la junta.

Dicha nómina se agregará a los autos y se notificará a los acreedores. En casos calificados, podrá ser ampliada por el síndico con las mismas formalidades. En el acta que de lo obrado deberá levantarse, se mencionará a los acreedores que hubieren votado a favor y a los que hubieren votado en contra del convenio, con expresión de los créditos que representaren.

Podrá asimismo estipularse, tanto en el mismo convenio como en instrumentos separados, la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor.

El convenio se considerará aceptado cuando cuente con el consentimiento del fallido y reúna en su favor los votos de dos tercios (2/3) o más de los acreedores concurrentes que representen las tres cuartas (3/4) partes del total pasivo con derecho a voto, excluidos los acreedores privilegiados, hipotecarios, prendarios y los que gocen del derecho de retención, siempre que dichos acreedores no hayan tomado parte en el convenio. También se encuentran excluidos el cónyuge, los ascendientes y descendientes legítimos y naturales y los hermanos legítimos del fallido y los socios o accionistas y los administradores de sociedades del fallido.

Los acreedores privilegiados, hipotecarios, prendarios, anticréticos y los que gocen del derecho de retención podrán asistir a la junta y discutir las proposiciones de convenio. Podrán asimismo votar si renuncian a los privilegios o preferencias de sus respectivos créditos, entendiéndose que por el mero hecho de votar implica que han renunciado. Por otra parte podrán renunciar a sus privilegios o garantía hasta una determinada cantidad, y en ese caso podrán votar como acreedores comunes y conservarán su garantía o privilegio por la suma restante. En caso de renuncia total o parcial del privilegio o garantía, serán incluidos en el pasivo para los efectos del cómputo hasta la suma que hubiere alcanzado la renuncia.

El cónyuge y los parientes indicados en el artículo 180 podrán votar en la junta sólo para oponerse al convenio, y en tal caso sus créditos se incluirán en el pasivo y para los efectos del cómputo a que dicho artículo se refiere.

Los acreedores residentes en el extranjero, incluidos en la nómina del deudor o en la del sindico y que no hayan comparecido aún, se tendrán por opuestos al convenio.

La no comparecencia del deudor a la junta en que debe deliberarse sobre las proposiciones del convenio, hará presumir el abandono o el rechazo del convenio, salvo causa justificada.

Acordado el convenio, éste será notificado por medio de aviso a los acreedores que no hubieren concurrido a la junta.

La impugnación:

Podrá impugnarse el convenio dentro del plazo de ocho (8) días, siendo rechazadas de plano las impugnaciones que se presenten fuera de término.

El convenio podrá ser impugnado por cualquier acreedor que no haya concurrido a la junta o que haya concurrido a la junta o que haya disentido del voto de la mayoría, si alegare alguna de las causas siguientes:

1) Incapacidad legal del deudor para proponerlo;

2) Defectos en las formas establecidas para la convocación y celebración de la junta o error en el cómputo de las mayorías requeridas por la ley;

3) Falsedad o exageración del crédito o incapacidad para votar de alguno de los que hayan concurrido con su voto a formar la mayoría, si excluido este acreedor, hubiere de desaparecer tal mayoría;

4) Inteligencia fraudulenta entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor del convenio o para abstenerse de concurrir, y

5) Error u omisión sustancial en las listas de bienes o de acreedores.

Podrán también impugnar el convenio los codeudores y fiadores del fallido cuando los respectivos acreedores no hubieren votado a favor de él.

Las impugnaciones al convenio se tramitarán como un solo incidente entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado, o el fiador o codeudor en el caso de existir defectos de forma en la convocación y celebración de la junta o error en el cómputo de las mayorías requeridas por la ley. Si el convenio hubiere sido propuesto por un acreedor, éste será también parte en el incidente de oposición. La resolución que recaiga en el incidente se notificará a las partes por aviso.

Si no se dedujeren impugnaciones al convenio dentro del plazo señalado, se tendrá por aprobado y el tribunal lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado.

El convenio entrará a regir desde que quede ejecutoriada la resolución que deseche la impugnación o la resolución que lo declare aprobado.

Efectos del Convenio:

a) Aplicación: El convenio obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la junta, excepto los enumerados en el artículo 180 , en cuanto se hubieren abstenido de votar.

b) Cesación el estado de quiebra: Aprobado el convenio, cesará el estado de quiebra y se le devolverán al deudor sus bienes y documentos, sin perjuicio de las restricciones establecidas en el convenio mismo. Sin embargo, si para el procedimiento de calificación fueren necesarios los libros del fallido, quedarán éstos en poder del tribunal encargado de ella.

No obstante la aprobación del convenio, el fallido quedará sujeto a todas las inhabilidades que produce la quiebra mientras no obtenga su rehabilitación con arreglo a las prescripciones de la ley.

c) Cancelación de las inscripciones: Se cancelarán también las inscripciones de la declaración de quiebra que se hubieren practicado en la oficina del Conservador de Bienes Raíces. El síndico presentará su rendición de cuenta.

d) Fiadores y codeudores: La remisión hecha al deudor en el convenio aprobado extingue también las obligaciones de sus codeudores o fiadores, sean solidarios o subsidiarios, hasta la concurrencia de la cuota remitida, cuando el acreedor respectivo hubiere votado a favor del convenio.

Los acreedores de una sociedad colectiva o en comandita que se encuentre en quiebra podrán celebrar convenio con uno o más de los socios solidarios, si se unen con los acreedores directos de éstos. Este convenio desliga de la solidaridad al socio que lo obtiene y extingue la deuda social respecto de los demás socios hasta la concurrencia de la cuota que dicho socio debiera pagar. El activo social quedará sujeto al régimen de la liquidación de la quiebra, y los bienes privativos del socio con quien se hubiere celebrado el convenio serán aplicados al cumplimiento de éste.

e) Calificación de la conducta: La aprobación del convenio no impide que se continúe el procedimiento de calificación de la quiebra.

f) Créditos no comprendidos en el acuerdo: Aprobado el convenio, se devolverán al tribunal de su origen, para que continúe conociendo de ellos, los procesos ordinarios o ejecutivos agregados al juicio de quiebra y que no hubieren terminado con el convenio, siempre que lo exija, antes de cualquiera otra gestión, alguna de las personas que fueren partes en dichos procesos. En caso contrario, continuará conociendo de ellos el tribunal que hubiere entendido en la quiebra.

Los acreedores que no hubieren comparecido a verificar oportunamente sus créditos, sólo podrán exigir que se cumpla el convenio a su favor, mientras no hubieren prescrito las acciones que del convenio resulten. En este caso, cada solicitud de verificación se tramitará sólo con el deudor y los acreedores ante el tribunal que conoció de la quiebra y se notificará en la forma que prescribe el Código de Procedimiento Civil para la primera notificación judicial.

El Interventor:

La actuación del interventor está regulada en la Sección cuarta del Título XII de la Ley de Quiebras de Chile que dispone que el deudor quedará sujeto a intervención hasta que haya cumplido el convenio, salvo que en éste se estipule lo contrario. Actuará como interventor el síndico titular en el convenio simplemente judicial y el síndico designado por el tribunal en el convenio judicial preventivo.

Las funciones del interventor serán las siguientes a menos que se acuerde otra cosa:

1) Imponerse de los libros, papeles y operaciones del deudor;

2) Llevar cuenta de las entradas y gastos de los negocios del deudor;

3) Visar, en su caso, los pagos prometidos a los acreedores;

4) Cuidar que el deudor no retire para sus gastos personales y los de su familia otras sumas que las proporcionadas al rango social del deudor o las autorizadas en el convenio;

5) Rendir trimestralmente la cuenta de su actuación y la de los negocios del deudor, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta será enviada por correo a cada uno de los acreedores;

6) Pedir al tribunal que deba conocer o que haya conocido de la quiebra que cite a junta de acreedores, siempre que lo crea conveniente o cuando se lo pida alguno de ellos para tratar asuntos de interés común, y

7) Representar judicial y extrajudicialmente a los acreedores para llevar a efecto los acuerdos que tomen en forma legal.

El interventor podrá siempre impetrar las medidas precautorias que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar.

Si el deudor hubiere agravado el mal estado de sus negocios en forma que haga temer un perjuicio para los acreedores, podrá ser sometido a una intervención más estricta que la pactada o resolverse el convenio, a solicitud de acreedores que representen la mayoría absoluta del pasivo del convenio. De estas acciones conocerá el tribunal ante el cual se tramitó el convenio.

Rechazo del convenio:

Rechazadas las proposiciones del convenio por no haber obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, podrá el deudor, reiterarlas, por una sola vez, si las presentare apoyadas por la mayoría absoluta de los acreedores hábiles para votar sobre ellas.

Desechado el convenio por defectos en las forma establecidas para la convocación y celebración de la junta o error en el cómputo de las mayorías, o error u omisión sustancial en las listas de bienes o de acreedores; o por incapacidad para votar en él de alguno de los acreedores que hubieren concurrido a celebrarlo, podrá proponerse de nuevo, una vez subsanada la falta.

El rechazo del convenio judicial preventivo en cualquiera de los otros casos, acarreará necesariamente, la quiebra del deudor y el tribunal la declarará de oficio.

Nulidad y Resolución del Convenio:

No se admitirán otras acciones de nulidad del convenio que las fundadas en la condenación sobreviniente del fallido por quiebra fraudulenta, o por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 466 del Código Penal chileno, perpetrado con anterioridad al convenio, o en la ocultación o exageración del activo o del pasivo, descubiertas después de la resolución aprobatoria. La anulación del convenio inhabilita al fallido para celebrar otro nuevo, y extingue de derecho las fianzas que lo garantizan.

La demanda de nulidad por quiebra fraudulenta o por condena del deudor, en conformidad al artículo 466 del Código Penal chileno, se resolverá con la simple exhibición de la respectiva sentencia y citación del fallido o de su representante.

Las acciones de nulidad del convenio prescribirán en seis (6) meses cuando se funden en la condenación del fallido por quiebra fraudulenta o por alguno de los delitos del artículo 466 del Código Penal; y en dos (2) años si es falso o incompleto el balance o el inventario que le sirvió de antecedente, que se han supuesto deudas en el pasivo o que se ocultaron bienes den el activo.

El convenio podrá resolverse por inobservancia de sus estipulaciones, a solicitud de cualquiera de los acreedores. Podrá también resolverse en caso en que el deudor hubiere agravado el mal estado de sus negocios en forma que haga temer un perjuicio para los acreedores.

La resolución del convenio no exonera a los fiadores que han asegurado su ejecución total o parcial. Los fiadores serán oídos en el juicio de resolución y podrán impedir la continuación de éste, pagando los dividendos prometidos dentro de tres (3) días contando desde la citación.

Las acciones de resolución del convenio prescribirán en seis (6) meses contados desde que hayan podido entablarse.

En la misma sentencia en que se pronuncie la nulidad o resolución del convenio se declarará la quiebra o se la declarará reabierta, según corresponda, y se seguirán los procedimientos de ésta, en conformidad a las reglas generales.

La reapertura del estado de quiebra reintegra a los acreedores anteriores en todos sus derechos respecto del fallido. Los acreedores antiguos concurrirán con los nuevos en las distribuciones del activo de la quiebra por el monto íntegro de sus créditos, siempre que no hubieren recibido parte alguna de la estipulada en el convenio; en el caso contrario, sólo podrán concurrir con los nuevos acreedores por la parte del capital de sus primitivos créditos que corresponda a la porción no pagada de la suma convenida.

Podemos advertir entonces en este punto que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho argentino, no existe en Chile novación de las deudas incluidas en el acuerdo.