Título III – De los síndicos

Chile - Ley de quiebras - Ley N° 18175

Título II – De la fiscalía nacional de quiebras Sumario Título IV – De la declaración de quiebra

 

 

Capítulo 1.- De la nómina nacional de síndicos

Artículo 14.- Existirá una nómina nacional de síndicos integrada por aquellas personas legalmente investidas como tales por la autoridad competente.

Artículo 15.- El nombramiento de los síndicos que conformarán la nómina se hará por decreto expedido a través del Ministerio de Justicia.

Artículo 16.– Para ser nombrado síndico será necesario estar en posesión de un título profesional o técnico otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste o por algún instituto de enseñanza profesional o técnica del Estado o cuyos programas de estudios se hayan aprobado por éste; contar con experiencia calificada en el área económica, comercial o jurídica no inferior a tres años contados desde la recepción del título y poseer idoneidad suficiente, calificada por el Ministerio de Justicia.

Artículo 17.- No podrán ser síndicos ni integrar la nómina correspondiente, las personas que a continuación se expresa:

1.- Las que hubieren sido declaradas en quiebra, aun cuando ésta se hubiere alzado, y las que, dentro de los dos años anteriores a la declaración de quiebra de una persona jurídica, hubieren actuado como sus administradores;

2.- Las que hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por crimen o simple delito;

3.- Las que desempeñen un cargo o función públicos, sea en instituciones del Estado, en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por aquél o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración del Estado, y

4.- Las que hubieren dejado de integrar la nómina nacional en virtud de las causales señaladas en los números 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 22.

Artículo 18.- Toda persona interesada en desempeñar la actividad de síndico podrá, en cualquier tiempo, presentar su solicitud ante el Ministro de Justicia a través de la Fiscalía Nacional de Quiebras.

En dicha solicitud deberá expresar si desea ejercer en todo el territorio nacional o en una o más regiones.

Los interesados deberán acompañar a su solicitud los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 16 y una declaración jurada en la que se exprese no estar afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 17.

Artículo 19.- La inclusión o exclusión de una persona de la nómina nacional de síndicos se publicará en el Diario Oficial.

Artículo 20.- El Ministerio de Justicia deberá mantener en forma permanente y debidamente actualizada la nómina nacional de síndicos, con indicación de las respectivas profesiones o actividades y domicilios. Dicha lista tendrá carácter público.

Artículo 21.- Las personas que figuren en la nómina nacional podrán desempeñar sus funciones en cualquier lugar o región del país, a menos que expresaren su voluntad de ejercer sólo en una o más regiones.

Será obligatorio el desempeño en la región en que el síndico estuviere domiciliado y en aquellas que se hubieren indicado en la solicitud a que se refiere el artículo 18.

Los gastos de traslado y otros necesarios para el desempeño de las funciones del síndico, cuando su domicilio fuere distinto del domicilio del fallido, se considerarán como gastos de administración de la quiebra y, en caso de no ser aprobados por la junta de acreedores en su primera reunión, serán regulados por el tribunal que conozca de la quiebra.

Artículo 22.- Los síndicos dejarán de formar parte de la nómina nacional en los casos siguientes:

1.- Por haber sido nombrados en contravención a los artículos 16, 17, 18 inciso tercero y 19;

2.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales mencionadas en el artículo 17;

3.- Por negarse, sin causa justificada, a aceptar una designación;

4.- Por incapacidad física o mental;

5.- Por haberse declarado judicialmente, por sentencia firme, su responsabilidad civil o penal, en conformidad con el artículo 38;

6.- Por renuncia presentada ante el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades por las funciones que ya hubiere asumido;

7.- Por rechazo de la cuenta por sentencia ejecutoriada;

8.- Por infracciones reiteradas a las disposiciones legales y reglamentarias y a las instrucciones generales que imparta la Fiscalía en uso de sus atribuciones;

9.- Por haber sido removido de su cargo en el caso del número 9 del artículo 8, y

10.- Por muerte.

Producidas las circunstancias señaladas en los números precedentes, el Ministerio de Justicia, de oficio o a petición del juez de la quiebra o de la Fiscalía, dictará el decreto de exclusión respectivo.

El síndico podrá reclamar de su exclusión ante la Corte de Apelaciones de su domicilio dentro de los cinco días de notificado el decreto. La Corte conocerá el reclamo en cuenta, con audiencia de las partes y sin ulterior recurso, debiendo apreciarse la prueba en conciencia.

Capítulo 2.- De la designación de síndico y la asunción al cargo

Artículo 23.- Sólo podrán ser designados síndicos de una quiebra aquellas personas que, a la época de solicitarse la respectiva declaración de quiebra, formaban parte de la nómina a que se refiere el artículo 14, y que permanezcan en ella al momento de su nombramiento por el juez o por la junta de acreedores.

Artículo 24.- No podrán ser designados síndicos de una quiebra:

1.- El cónyuge ni los parientes, hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad del fallido persona natural o de los administradores, acreedores y deudores del fallido;

2.- Los acreedores y deudores del fallido y todos los que tuvieren un interés directo o indirecto en la quiebra;

3.- Los administradores del fallido que fuere persona natural y los que hubieren tenido tal calidad dentro de los dos años anteriores a la declaración de quiebra, como asimismo los trabajadores de los acreedores y deudores del fallido, y

4.- Los síndicos cuya cuenta se encontrare sometida a conocimiento del tribunal competente.

Artículo 25.- El tribunal, junto con declarar la quiebra, designará un síndico titular y otro suplente, que tendrán el carácter de provisionales en tanto no los ratifique la junta de acreedores o hasta que entren en funciones los que ésta designare.

Si el síndico designado como titular cesare definitivamente en su cargo, asumirá el suplente, el que continuará hasta la total tramitación de la quiebra. Si faltare éste, la junta de acreedores o el tribunal, de oficio o a petición de cualquier interesado, hará nuevas designaciones.

No se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente al síndico que estuviere impedido transitoriamente y que hubiere constituido mandatario conforme al artículo 28.

Si el síndico se encontrare suspendido, asumirá el suplente por todo el período que dure la suspensión o impedimento. Igual norma se aplicará cuando el síndico se encontrare transitoriamente impedido para desempeñar el cargo sin haber constituido mandatario.

Artículo 26.- Los síndicos, titulares o suplentes, provisionales o definitivos, asimirán su cargo previa aceptación y juramento ante el ministro de fe que les notifique su designación.

Se dejará constancia en autos de la notificación, aceptación y juramento, o de la negativa fundada, en su caso.

El juramento recaerá sobre el fiel desempeño del cargo, que comprenderá, en todo caso, el resguardo de los intereses generales de los acreedores y el pronto cumplimiento de su cometido.

El síndico titular entrará en funciones tan pronto acepte y preste juramento, sin esperar la constancia procesal a que se refiere el inciso segundo.

El síndico que no aceptare el cargo y que, en el acto de notificársele su designación o dentro de tercero día, no presentare excusa fundada, o que, habiéndola presentado, ésta hubiere sido calificada de insuficiente por el tribunal, será eliminado de la nómina una vez cumplido el plazo señalado o ejecutoriada la sentencia que resuelva el incidente, según corresponda.

Para estos efectos, el juez comunicará tales hechos al Ministerio de Justicia.

Capítulo 3.- De las atribuciones y deberes de los síndicos

Artículo 27.- El síndico representa los intereses generales de los acreedores, en lo concerniente a la quiebra, y representa también los derechos del fallido, en cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por la ley.

Le incumbe especialmente:

1.- Actuar en resguardo de dichos intereses y derechos, en juicio y fuera de él, con plena representación del fallido y de los acreedores;

2.- Hacer las publicaciones e inscripciones de la declaración de quiebra, y remitir, a los acreedores que residan en el extranjero, las cartas a que se refiere el N° 7 del artículo 52;

3.- Exigir del fallido que le suministre la información que juzgue necesaria para el mejor desempeño de su cargo, y le entregue sus libros, papeles y documentos;

4.- Cerrar los libros de comercio del fallido;

5.- Abrir la correspondencia del fallido con intervención del tribunal, y retener las cartas y documentos que tengan relación con los negocios de la quiebra;

6.- Proponer la fecha de la cesación de pagos;

7.- Recibirse bajo inventario de los bienes de la quiebra y administrarlos en conformiad a la ley;

8.- Continuar provisionalmente el giro de los establecimientos del fallido, con conocimiento de éste;

9.- Continuar efectivamente el giro del fallido con autorización del tribunal o con acuerdo de la junta de acreedores, según corresponda;

10.- Cobrar los créditos del activo de la quiebra;

11.- Celebrar compromisos o transacciones previo acuerdo de la junta de acreedores;

12.- Contratar préstamos para subvenir a los gastos de la quiebra, debiendo informar de ello en la próxima reunión de la junta de acreedores;

13.- Ceder a título oneroso los derechos que el fallido tenga en sociedades, comunidades o asociaciones o pedir su disolución, liquidación o partición, a falta de interesados.

Al efecto, representará al fallido en los actos y contratos que deban realizarse u otorgarse, en el nombramiento de árbitros o liquidadores y en los respectivos juicios de liquidación y partición;

14.- Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del fallido;

15.- Impugnar los créditos en conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero del Título X;

16.- Realizar los bienes de la quiebra;

17.- Depositar a interés en un banco o institución financiera, los fondos que perciba, en cuenta separada para cada quiebra y a nombre de ésta, y abrir una cuenta corriente con los fondos indispensables para solventar los gastos que aquélla demande;

18.- Hacer repartos de fondos, en la forma dispuesta en el párrafo segundo del Título X;

19.- Desempeñar las funciones de interventor o depositario en los casos que esta ley determina;

20.- Servir de síndico en los concursos de hipotecarios que se abran dentro de la quiebra y llevar cuenta separada de todo lo concerniente a cada uno de ellos;

21.- Comunicar, dentro de los diez días siguientes al de su asunción al cargo, la declaratoria de quiebra al Servicio de Tesorerías del domicilio del fallido, y

22.- Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que la ley le asigna.

Artículo 28.- El síndico podrá delegar parte de sus funciones, bajo su propia responsabilidad y a su costa, en mandatarios que designe de la nómina nacional de síndicos y que no estén afectos a las inhabilidades del artículo 24. La delegación y aceptación deberán constar en instrumento público, copia del cual se agregará a los autos y de ella se dará cuenta en la próxima reunión de la junta de acreedores. De igual forma se procederá para poner término a la delegación.

Capítulo 4.- De la cuenta del síndico y de la cesación en el cargo

Artículo 29.- El síndico presentará la cuenta definitiva de su gestión a la junta de acreedores a más tardar dentro de los treinta días siguientes a aquél en que hubieren vencido los plazos establecidos en los artículos 109 y 130. Deberá rendirla antes, sin embargo, en caso de que se hubieren agotado los fondos o se hubieren pagado íntegramente los créditos reconocidos y no haya impugnaciones por resolver, o todos los acreedores hubieren convenido desistirse de la quiebra o remitir sus créditos. Deberá, asimismo, rendir cuenta cuando hubiere cesado anticipadamente en el cargo.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades que confiere a la junta de acreedores el artículo 116.

Artículo 30.- La junta de acreedores y el fallido dispondrán de un plazo de treinta días contado desde aquél en que se les hubiere notificado la resolución que tuviere por presentada la cuenta, para pronunciarse sobre ella, entendiéndose que la aprueban si no lo hicieren dentro de dicho término. El rechazo de la cuenta deberá ser fundado.

Artículo 31.- En caso de que la junta de acreedores o el fallido no aprobaren la cuenta, el síndico dispondrá de un plazo de diez días, contado desde la notificación de las observaciones, para responder fundadamente. Si, no obstante esta respuesta, la junta de acreedores o el fallido, en su caso, insistieren en su reprobación, el tribunal resolverá en definitiva, previo informe de la Fiscalía, el que deberá ser evacuado dentro de cuarenta días.

Artículo 32.- El síndico cesará en el cargo:

1.- Por haber dado cumplimiento a su cometido;

2.- Por no haberse confirmado la designación del síndico provisional;

3.- Por la revocación de la junta de acreedores;

4.- Por renuncia, que deberá ser justificada y aceptada por la junta de acreedores o, en su defecto, por el tribunal;

5.- Por haber dejado de formar parte de la nómina nacional de síndicos, salvo el caso del N° 6 del artículo 22;

6.- Por inhabilidad sobreviniente, según el artículo 17, aunque no se hubiere producido aún su exclusión de la nómina, y

7.- Por remoción conforme a lo dispuesto en el N° 9 del artículo 22.

Capítulo 5.- De la remuneración del síndico.

Artículo 33.- Los honorarios del síndico se considerarán dentro de los gastos de la quiebra.

Artículo 34.- Los honorarios que correspondan al síndico provisional, cuando no fuere ratificado por la junta de acreedores, o al síndico definitivo, cuando cesare anticipadamente en el cargo, serán acordados entre éstos y la junta de acreedores. A falta de acuerdo serán fijados por el tribunal de la quiebra.

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará al síndico suplente que asuma como titular.

En los casos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 25, los honorarios del síndico suplente serán fijados por el juez con cargo a los honorarios del síndico titular.

Artículo 35.- El síndico definitivo tendrá como remuneración la que acuerde la junta de acreedores de conformidad con lo preceptuado en el artículo 111 y, en caso de no aceptar dicho órgano la pertinente proposición del síndico o de no pronunciarse oportunamente sobre ella, le corresponderá un honorario proporcional al monto de los ingresos que se produzcan en la quiebra, de acuerdo a la escala decreciente que a continuación se señala, expresada en unidades de fomento:

– Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 50.000 U.F., 1,50%.

– Sobre la parte que exceda de 50.000 y no sobrepase las 150.000 U.F., 1,00%.

– Sobre la parte que exceda de 150.000 y no sobrepase las 350.000 U.F., 0,60%.

– Sobre la parte que exceda de 350.000 y no sobrepase las 600.000 U.F., 0,30%.

– Sobre la parte que exceda de 600.000 y no sobrepase el 1.000.000 de U.F., 0,15%.

– Sobre la parte que exceda de 1.000.000 de U.F., 0,10%.

Artículo 36.- El Síndico percibirá como anticipo, a cuenta de honorarios, la suma que convenga con la junta de acreedores o, en su defecto, el cincuenta por ciento de aquélla que resulte de aplicar los tramos establecidos en el artículo anterior a los fondos de la masa a medida de sus ingresos a ella.

Artículo 37.- Si la quiebra careciere de bienes o si éstos fueren insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponder al síndico, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de quince unidades de fomento, que serán pagadas por la Fiscalía con cargo a su presupuesto.

Capítulo 6.- De la responsabilidad de los síndicos.

Artículo 38.- El síndico que se concertare con el deudor, con algún acreedor o tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será penado con presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo, salvo que cualquiera de los actos delictuosos que hubiere cometido en el desempeño de su cargo tuviere asignada mayor pena, pues entonces se aplicará ésta. Será, además, castigado con inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo de síndico.

La responsabilidad civil del síndico, que alcanzará hasta la culpa levísima, se perseguirá en juicio sumario y sólo una vez presentada la cuenta definitiva.

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