Colombia

El Régimen de Insolvencia Empresarial o Ley 1116 fue sancionado el 27 de diciembre de 2006 por el presidente Álvaro Uribe Vélez y en su redacción participaron la Superintendencia de Sociedades, bajo la coordinación de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Hacienda y Crédito Público; y Protección Social, con el apoyo de los gremios de la producción, la academia y los profesionales del Derecho. Este régimen revisó todos los regímenes legales que existían sobre la materia como la Ley 222, el Código de Comercio y la Ley 550 de 1999 que fue una ley transitoria de vigencia temporal por 5 años y que posteriormente la prorrogaron por 2 años más.

La ley proyecta en forma definitiva el régimen para las entidades territoriales, con el fin de asegurar la prestación de servicios a cargo de las mismas y fomentar el desarrollo de las regiones.

Características del Régimen de Insolvencia Colombiano:

Tiene una doble finalidad, la protección del crédito y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

Es de naturaleza judicial.

Dirigido al sistema empresarial, no aplica a la persona natural no comerciante.

Lo administran judicialmente la Superintendencia de Sociedades como organismo administrativo con facultades jurisdiccionales de manera excepcional y los jueces civiles del circuito.

Tiene dos clases de procesos: la reorganización y la liquidación judicial.

Se apoya en auxiliares de la justicia: promotor y liquidador.

Está sustentado en la información jurídica, contable y financiera de la empresa en crisis. El comportamiento del empresario como “un buen hombre de negocios” es importante para el régimen.

Está soportado en principios especiales, que hacen que sus normas sean autónomas, de aplicación preferencial y de obligatorio cumplimiento en aras de proteger el orden público, económico y social.

El juez tiene facultades especiales, entre otras, para solicitar información útil y decretar medidas de protección y custodia de los bienes del deudor (embargo, secuestro, etc.).

El juez concursal confirma el acuerdo de reorganización

El juez concursal confirma el acuerdo de adjudicación en la liquidación judicial.

Los bienes siempre se venden o adjudican por el valor comercial determinado en los avalúos, buscándose un aprovechamiento del patrimonio del deudor.

Los procesos de insolvencia buscan celeridad con garantía del derecho de defensa.

Contiene el Régimen de Insolvencia Transfronterizo.

Se consagra la oralidad dentro del proceso

Posibilidad de hacer acuerdos extrajudiciales para validación Judicial.

Reformas al régimen de insolvencia empresarial: LEY 1429 DE 2010

La Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010 fue expedida en ocasión y desarrollo del aumento de la informalidad comercial, del desempleo y del aumento en el empleo informal. Es así como entra o ingresa al ordenamiento jurídico a modificar
algunos de los aspectos tratados por el Régimen de Insolvencia Empresarial, ya visto en forma general. Esta regulación jurídica tiene como finalidad la formalización y la generación de empleo, desarrollando para ello una serie de incentivos referentes a la creación de empresas, los requisitos de admisibilidad a los procesos establecidos en el Régimen de Insolvencia Empresarial y la simplificación de los trámites de liquidación de empresas. Es así que se hace necesaria la intervención del Estado (Gobierno Nacional) en procura de cumplir algunos de los siguientes objetivos:

Crear y promover programas de microcréditos y créditos orientados a empresas que hayan sido creadas por jóvenes, utilizando incentivos a la tasa y al capital, y la simplificación de trámites, entre otros.

En el nivel central y en las entidades territoriales, el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero que conduzca al empleo, formalización y generación de empresas.

También tiene como finalidad fortalecer las relaciones entre la universidad, la empresa y el Estado, fomentando en todo el país iniciativas tendentes al desarrollo de sus regiones; desarrollando un sistema de ofertas que contemple todas las necesidades de una persona en situación de exclusión y marginación económica-social para lograr su inserción social y laboral al desarrollo de sus intereses y de la dinámica económica del país.

Además de lo mencionado frente a la formalización y generación de empleo, esta ley desarrolla un aparte sobre los requisitos o presupuesto, ya mencionados, para iniciar e ingresar a un proceso de reestructuración.