El Salvador

La quiebra de los comerciantes, y por ende las posibilidades y respuestas legales que el ordenamiento jurídico salvadoreño ofrece a los empresarios o inversionistas ante una insolvencia, se encuentra regulada en su mayor parte por el Código de Procedimientos Civiles (“PrC”), por medio del concurso de acreedores, así como en el Código de Comercio y en la Ley de Procedimientos Mercantiles, que contienen las disposiciones sustantivas y adjetivas.

La legislación salvadoreña no contiene una norma expresa que establezca el objetivo de este juicio, pero con base en el contenido de la regulación, se puede definir como aquél que permite a los acreedores del quebrado obtener la máxima satisfacción posible de sus créditos, con respeto a los privilegios y preferencias establecidas en la ley a través de la liquidación de la empresa del deudor.

La solicitud de quiebra involuntaria deberá acreditar las condiciones establecidas en los artículos 498 y 499 del Código de Comercio siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones vencidas.

b) La insuficiencia de bienes que puedan ser objeto de embargo.

c) La ocultación o ausencia del comerciante por quince días o más, sin dejar al frente de su empresa a alguien que legalmente pueda cumplir con sus obligaciones.

d) El cierre voluntario de los locales de la empresa por quince días o más, cuando existan obligaciones por cumplir.

e) La cesión de sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

f) Que se haya acudido a expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios, para dejar de atender sus obligaciones.

g) Pedir su propia declaración en quiebra.

h) Solicitar la suspensión de pagos cuando ésta no proceda, o cuando concedida no se concluya un convenio con los acreedores.

i) El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio hecho en virtud de la suspensión de pagos.

j) Cualquier otra condición de naturaleza análoga a las anteriores. Las condiciones enumeradas pretenden dar una protección eficaz al público ante una situación económica peligrosa para los acreedores del comerciante y es por ello que se han establecido estas presunciones legales de procedencia de la quiebra, que por supuesto admiten prueba en contrario.

La tramitación del expediente se divide en dos procedimientos separados:

– La administración de la quiebra , en el que se regula los pormenores de la conservación de los bienes, funciones y deberes del depositario.

– El reconocimiento y graduación de los créditos y calificación de la insolvencia10, en el que con base en los títulos que presentan los acreedores, se establece un orden por el cual les corresponde que éstos sean satisfechos, ya sea que exista privilegio o no.

Cuando la quiebra ha sido declarada, el quebrado queda separado de la administración de sus bienes e inhabilitado para ejercer el comercio, los bienes que conforman la masa quedan embargados y su administración y disponibilidad se entrega a los acreedores, quienes la ejercen a través del síndico. De tal manera, el comerciante queda inhabilitado para administrar y disponer, y el síndico lo sustituye y lo representa. Los efectos de la declaración de quiebra conllevan para el deudor inclusive limitaciones a derechos constitucionales como, el de la inviolabilidad de la correspondencia, por parte del juez que sustancia el proceso. La finalidad de la quiebra es evitar que el quebrado continúe aumentado su pasivo y por ende le sea más difícil el pago de sus obligaciones; se responde así al objetivo de contar con un solo procedimiento para realizar todos los bienes del deudor y así responder al pago del crédito.

Si el juez considera en su sentencia que la quiebra del comerciante es culpable o fraudulenta, ya sea porque es el resultado de una administración negligente y descuidada o porque es el resultado de maniobras destinadas a aprovecharse dolosamente de sus acreedores o a beneficiar a alguno de éstos en perjuicio de los demás, el juez notificará dicha resolución al Fiscal General de la República, a fin de que éste promueva la acción penal correspondiente. Al respecto debe recordarse que de acuerdo al Código Penal vigente, en su artículo 242, la persona que haya sido declarada por juez de lo mercantil en quiebra, concurso o suspensión de pagos, cuando la insolvencia fuere ocasionada o agravada dolosamente por el deudor o por persona que actuare en su nombre, será sancionado con prisión de tres a siete años.