España

Antes de la entrada en vigor de la ley concursal, (ley 22/2003 de 9 de julio) existían un gran número de normas de diversa índole, que constituían uno de los mayores obstáculos para el conocimiento del Derecho concursal.

En la práctica se planteaban dos sistemas distintos:

– Para los deudores comerciantes:

a) La quiebra: la finalidad de la quiebra era resolver una situación de insolvencia, mediante la ejecución colectiva del patrimonio.

b) La suspensión de pagos: era un beneficio que se le concedía al deudor para salvar una situación de dificultad económica, mediante una moratoria o determinadas condiciones, mediante la consecución de un convenio entre el deudor y sus acreedores.

– Para los no empresarios:

a) El Concurso de acreedores: procedimiento de ejecución colectiva.

b) La Quita y de espera.

  1. El Derecho concursal español constituía un conjunto de normas desordenado, fragmentado y disperso y la realidad económica que contemplaba esas normas era anticuada y no se adecuaba a los nuevos hechos.

En junio de 2003 las Cortes Generales aprueban dos leyes relativas a la misma materia, que entraron en vigor el 01 de septiembre de 2004. Estas eran:

1) La Ley Orgánica para la reforma concursal: Las 2 materias que recoge son:

a). Relativa a la intervención de las comunicaciones del deudor, la entrada en su domicilio, la imposición a éste del deber de residencia e incluso el arresto domiciliario; medidas que puede adoptar el Juez, modificadas o dejarlas sin efecto, en beneficio de la normal tramitación del concurso, motivando la procedencia de la resolución y previa audiencia del Ministerio Fiscal.

b). La creación de los Juzgados de lo Mercantil a cuyos titulares se les atribuye, dado el carácter universal del concurso, el conocimiento de otras cuestiones que se susciten en el procedimiento concursal, aun cuando pertenezcan a otra jurisdicción (p. ej., de orden social); a estos Juzgados también se les encomienda el conocimiento de otras materias, unas típicamente mercantiles (Derecho marítimo, sociedades, propiedad industrial, transportes, etc.) y otras no (propiedad intelectual, condiciones generales de la contratación, etc.).

2) La Ley concursal, características:

– Unidad legislativa: un solo texto legal tanto para los aspectos sustantivos como los procesales, con exclusión de los penales.

– Unidad de disciplina para toda clase de deudores, sean o no empresarios.

– Unidad de procedimiento: un único procedimiento que se estructura en dos fases:

– La fase común, que se abre con la declaración de concurso y que comprende fundamentalmente la determinación y delimitación de la masa activa o conjunto de bienes del deudor (con las operaciones de separación y de reintegración) y de la masa pasiva o relación de acreedores (comunicación, reconocimiento y clasificación de los créditos).

– Por otro lado, la fase común puede desembocar en un convenio entre el deudor con sus acreedores (fase de convenio) o bien en la liquidación que implica la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa y al pago ordenado a los acreedores (fase de liquidación).

Para concursos de menor entidad (un pasivo que no supere los diez millones de euros- cuantía modificada por el real decreto ley 3/2009 de 27 de marzo), en los que el deudor sea una persona natural o una persona jurídica que conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado, el juez aplicará un procedimiento especialmente simplificado denominado procedimiento abreviado, caracterizado en esencia por la reducción de los plazos a la mitad y por la simplificación de la administración concursal, que salvo que el juez aprecie motivos especiales que lo justifiquen estará integrada por un único miembro (arts. 190 Y 191}.