México

La Ley de Concursos Mercantiles fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 2000 y entró en vigor el día 13 del mismo mes y año. Dispone la abrogación de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos para los juicios que en adelante se promuevan y la conservación de su vigencia exclusivamente para el trámite de procedimientos de quiebras y de suspensiones de pagos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Según se aprecia de su exposición de motivos, la evolución de las prácticas comerciales, el desarrollo de nuevas instituciones mercantiles y los profundos cambios en la composición de la sociedad mexicana desde 1943 a la fecha de su elaboración, condujo a la conclusión de que era mejor proponer una nueva ley en vez de reformas a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. No obstante, la vigente Ley de Concursos Mercantiles conserva muchas disposiciones de su antecesora, con una sistemática diversa.

En la misma exposición de motivos se hace referencia a la identificación del objetivo central: “…proporcionar la normatividad pertinente para maximizar el valor de una empresa en crisis mediante su conservación, con lo cual se protege el empleo de sus elementos humanos, se evita la repercusión económica negativa a la sociedad, producida por la pérdida de una empresa que le proporciona bienes o servicios, y se recupera el esfuerzo empresarial que dicha empresa representó para su titular. En caso de que fuese imposible conservar la empresa en manos de sus dueños, la Iniciativa debía contener las normas que permitieran preservar el valor económico de la empresa o de los bienes y derechos que la integran mediante un procedimiento de liquidación ordenada que maximizara el producto de la enajenación y diera trato equitativo al comerciante y sus acreedores…”.

De la misma manera, se precisa que los criterios que orientaron su desarrollo fueron los siguientes:

a) Maximizar el valor social de la empresa.

b) Conservar el equilibrio entre deudor y acreedores.

c) Inducir el flujo de información relevante.

d) Respetar en lo posible las relaciones contractuales preexistentes.

e) Adecuar los incentivos para facilitar un arreglo voluntario entre los deudores y acreedores.

f) Propiciar las soluciones extrajudiciales.

g) Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y administrativos del procedimiento.

h) Simplificar los trámites judiciales y procedimientos administrativos.

En el primero de sus artículos, la Ley de Concursos Mercantiles establece su carácter de orden público y de manera expresa se delimita el interés público como “el conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios”.

Muchos son los aspectos que reglamenta de manera novedosa, destacándose la nueva estructura del concurso mercantil, constante de una fase previa a la declaración de concurso mercantil, llamada visita de verificación y, una vez declarado éste, dos etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra; la concepción de un sistema de órganos auxiliares llamados “especialistas” constituido por visitadores, conciliadores y síndicos, a los que se atribuyen facultades diferentes, conforme a la fase del procedimiento de concurso mercantil en la que participan; la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a quien entre otras funciones se le encomienda el autorizar a las personas que acrediten cubrir los requisitos necesarios para desempeñarse como visitadores, conciliadores o síndicos, el mantenimiento del Registro de Especialistas, así como la designación de entre los ahí inscritos, a través de un procedimiento aleatorio, a quienes se desempeñarán como especialistas en cada procedimiento; la preocupación por agilizar el procedimiento, con medidas tales como acotar los plazos de duración de la visita de verificación y la conciliación, así como la gestión directa ante y por el conciliador, que actúa de oficio, de los trámites necesarios para que la autoridad jurisdiccional efectúe el reconocimiento, graduación y prelación de créditos.