Perú

La Ley Reestructuración Patrimonial N.° 26116, promulgada el 28/12/92, derogó la antigua Ley Procesal de Quiebras N.° 7566, vigente desde el año 1932. El Decreto Legislativo N.° 845, promulgado el 21 de septiembre de 1996, abordó importantes objetivos en el Sistema Concursal; tales como:

– La reducción de las dificultades de negociación y costos de transacción con la finalidad de llegar a acuerdos plurilaterales.
– Evitar la depreciación del patrimonio de los deudos insolvente con las acciones ejecutivas de cobro.
– La conservación de empresas viables o la salida ordenada y equitativa para los acreedores de aquellas que no lo son.
– El respeto del derecho de los acreedores a través de sus acciones colectivas en las Juntas de Acreedoresy la facultad del control ex ante y ex post otorgadas a la autoridad concursal.
– Y el reordenamiento del mercado y de sus propios agentes a través de las decisiones tomadas dentro del concurso.

Pese a ello, la demanda y complejidad de los casos presentados ante el INDECOPI hizo necesaria la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de Reestructuración Patrimonial, Ley N.° 27146, que intentaba reforzar las facultades de fiscalización de la autoridad concursal e impulsar la utilización de los procedimientos preventivos.

Posteriormente con el Decreto de Urgencia N.° 064-99 se establecieron normas transitorias para el desarrollo de programas de saneamiento y fortalecimiento patrimonial en las empresas, creándose a tales efectos el denominado Procedimiento Transitorio 3, que se crea para:

a. Descentralizar las funciones del INDECOPI.
b. Reducir y flexibilizar los requisitos para gozar de los beneficios del Sistema Concursal.
c. Agilizar el reconocimiento de los créditos.
d. Controlar mejor la asunción de nuevas deudas por parte de la empresa concursada.
e. Propiciar reuniones, y con ello, decisiones más rápidas de las Juntas de Acreedores, entre otras razones.

Con la intención de querer modernizar las instituciones concursales y brindar todas las facilidades posibles a las empresas y personas en crisis financieras para solucionar sus problemas, se fueron dictando un considerable número de leyes y normas de rango menor que provocaron cambios constantes, algunos sustanciales que trajeron yuxtaposiciones y evidentes confusiones al momento de su aplicación, tanto por parte de los usuarios como de la propia autoridad administrativa, tales como:

a. Falta de celeridad de los procedimientos concursales.
b. Uso indisciplinado y confuso de los procedimientos.
c. Elevados costos de uso y administración del sistema.
d. Capacidad de fiscalización y control limitada de acreedores y de la autoridad concursal.
e. Uso inadecuado del sistema por parte de administradores y liquidadores de insolventes.
f. Inequidades en tratamiento de la acreencia laboral.
g. Falta de predictibilidad del Sistema Concursal como consecuencia de las intervenciones del Poder judicial en el procedimiento concursal.

Éstas, entre otras consideraciones, llevaron a INDECOPI a plantear la necesidad de una reforma integral para perfeccionar el sistema concursal vigente, que si bien logró algunos avances era indispensable fortalecerlo para ser mejor entendido. En ese sentido, se promulgó la Nueva Ley General de Sistema Concursal, Ley N.° 27809 publicada el 8 de agosto del 2001 y puesta en vigencia desde el 8 de octubre del mismo año.

La Nueva Ley General del Sistema Concursal, a diferencia de las anteriores normas, contiene un Título Preliminar que regula los lineamientos y principios rectores de la aplicación de la norma concursal para la consecución de estos objetivos, para estos efectos la evaluación de la viabilidad del concursado está a cargo de los acreedores involucrados en los respectivos procedimientos concursales. El Estado tiene en estos procedimientos un rol promotor de la negociación entre acreedores y deudores, respetando la autonomía privada respecto a las decisiones que tomen.

Por otro lado, se ha mejorado sustantivamente el diseño del Procedimiento Concursal Preventivo, el mismo que permite que la junta de Acreedores que desea realizar cambios en el plan de pagos, se vuelva a reunir para esos efectos. Ello es positivo, pues si partimos de la premisa que los acreedores deciden, ellos pueden muy bien reunirse nuevamente para ajustar la reestructuración y mantener a flote el negocio. Con la antigua Ley de Reestructuración Patrimonial no se podían aprobar dichos ajustes.

También se puede destacar que prevé expresamente la posibilidad de que el incumplimiento de un plan de reestructuración o el incumplimiento de un plan de liquidación, sea conocido y resuelto por un árbitro del Tribunal Arbitral.

Además, introduce las siguientes modificaciones:

a. Se elimina el Procedimiento Simplificado y queda el Procedimiento Concursal Ordinario y el Procedimiento Concursal Preventivo.
b. Se conceden mayores atribuciones a INDECOPI para fiscalizar a las liquidadoras (se exige carta fianza a quienes quieran ser liquidadores y se exige el respeto de los procedimientos para liquidar, etc.).
c. Si los acreedores se demoran en tomar decisión, INDECOPI decide la liquidación en forma irreversible.
d. Los acreedores que inicien un proceso judicial de ejecución frente al deudor y no sean pagados, pueden hacer valer el apercibimiento de liquidación del deudor que prevé el nuevo Artículo 703° del Código Procesal Civil.
e. Se establece que INDECOPI sólo puede participar en la junta de Acreedores donde se decide el destino del deudor y se aprueba la forma de pago de los créditos.