Título Cuarto Disposiciones Particulares para las Personas Morales y sus Dirigentes

Rep. Dominicana - Ley de reestructuración mercantil o liquidación judicial de empresas en la república dominicana

Título Tercero La Liquidación Judicial SUMARIO Título Quinto Quiebra Personal y Otras Medidas de Interdicción

Artículo 256 – Cuando un procedimiento de Reestructuración Mercantil o de Liquidación Judicial está abierto respecto a una persona moral comerciante, las disposiciones siguientes del presente título son aplicables a sus dirigentes, personas físicas o morales, así como a las personas físicas representantes permanentes de estos dirigentes de personas morales.

Artículo 257 – Cuando la reestructuración mercantil o la Liquidación Judicial de una persona moral hace aparecer una insuficiencia del activo, el tribunal, en caso de que la falta de gestión haya contribuido a esta insuficiencia del activo, puede decidir que las deudas de la persona moral sean soportadas en todo o en parte, con o sin solidaridad, por todos los dirigentes de derecho o de hecho, remunerados o no, o por algunos de estos.

Párrafo I. La acción prescribe a los tres (3) años a partir de la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil o de la sentencia que pronuncia la Liquidación Judicial.

Párrafo II. Las sumas entregadas por los dirigentes en aplicación de este artículo entran en el patrimonio del deudor y quedan afectadas en caso de continuación de la empresa según las modalidades previstas por el Plan de Reestructuración Mercantil de depuración del pasivo. En caso de cesión o de liquidación, estas sumas son repartidas entre todos los acreedores a prorrata.

Artículo 258 – El tribunal puede abrir un procedimiento de reestructuración mercantil o Liquidación Judicial respecto de los dirigentes a cuya carga haya sido puesto en todo o en parte el pasivo de una persona moral y que no se hayan liberados de dicha deuda.

Artículo 259 – En caso de un procedimiento de reestructuración mercantil o Liquidación Judicial de una persona moral, el tribunal puede abrir un procedimiento de Reestructuración Mercantil o Liquidación Judicial respecto de cualquier dirigente de derecho o de hecho, remunerado o no, contra el cual pueda imputarse uno de los hechos siguientes:

Párrafo II. Para efectos de aplicación de los artículos 104 al 107 la fecha de inicio del procedimiento será la aplicable a la persona moral, según sea el caso.

I) Haber dispuesto bienes de la persona moral, como si fueran suyos;

II) Haber realizado un acto de comercio en interés personal, bajo la cobertura moral, para disimular sus actuaciones;

III) Haber hecho de los bienes o del crédito de la persona moral un uso contrario al interés de ésta, para fines personales o para favorecer a otra persona moral o empresa en la cual estaba interesado directa o indirectamente;

IV) Haber perseguido abusivamente y en un interés personal una explotación deficitaria que sólo podía conducir a la insolvencia o cesación de pagos de la persona moral;

V) Haber llevado una contabilidad ficticia o hecho desaparecer documentos contables de la persona moral o haberse abstenido de llevar la contabilidad conforme a las reglas legales;

VI) Haber distraído o disimulado todo o parte del activo o haber aumentado fraudulentamente el pasivo de la persona moral; o

VII) Haber llevado una contabilidad manifiestamente incompleta o irregular respecto de las disposiciones legales.

Párrafo I. En caso de reestructuración mercantil o Liquidación Judicial pronunciada en aplicación del presente artículo, el pasivo comprende, además del pasivo personal del dirigente, el pasivo de la persona moral.

 Artículo 260 – En los casos previstos en los artículos 257 al 259 el tribunal se apodera por el Conciliador, el Liquidador, los acreedores, o por el ministerio público o de oficio en caso de Liquidación Judicial.

Párrafo I. Para los fines de aplicación de las disposiciones de este artículo, el tribunal, a demanda de una de las personas mencionadas arriba, o de oficio, puede encargar al juez comisario, o en su caso a otro juez, para obtener, no obstante cualquier disposición legal contraria, comunicación de todos los documentos e información sobre la situación patrimonial de los dirigentes personas físicas o morales, así como de las personas físicas representantes permanentes de los dirigentes de las personas morales mencionadas, por parte de los organismos públicos, los organismos de previsión y seguridad sociales y los establecimientos de crédito.

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