Título Quinto Quiebra Personal y Otras Medidas de Interdicción

Rep. Dominicana - Ley de reestructuración mercantil o liquidación judicial de empresas en la república dominicana

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Artículo 261 – Cuando un procedimiento de Reestructuración Mercantil o de Liquidación Judicial está abierto, las disposiciones del presente título son aplicables:

I) A las personas físicas que ejerzan la profesión de comerciantes y a las que realicen actividades propias de comerciantes; y

II) A las personas físicas dirigentes de derecho o de hecho, o representantes permanentes, de personas morales comerciantes.

Artículo 262 – La quiebra personal conlleva la interdicción de dirigir, administrar o controlar, directa o indirectamente, toda empresa comercial y toda persona moral que ejerza una actividad económica.

Artículo 263 – En cualquier momento del procedimiento de Reestructuración Mercantil o de Liquidación Judicial, el tribunal puede pronunciar la quiebra personal de toda persona física o moral contra la cual es imputado uno de estos hechos:

I) Que ha proseguido abusivamente una explotación deficitaria que sólo podía conducir a la insolvencia o cesación de pagos;

II) Que ha omitido llevar una contabilidad conforme a las disposiciones legales o ha hecho desaparecer todo o parte de los documentos contables; y

III) Que ha distraído o disimulado todo o parte del activo o ha aumentado fraudulentamente su pasivo.

Artículo 264 – En cualquier momento del procedimiento el tribunal puede pronunciar la quiebra personal de todo dirigente de derecho o de hecho, remunerado o no, de la persona moral que ha cometido uno de los actos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 265 – En cualquier momento del procedimiento el tribunal puede pronunciar la quiebra personal de toda persona mencionada en el artículo 258, contra la cual se ha comprobado uno de estos hechos:

I) Haber ejercido una actividad comercial o una función de dirección o administración de una persona moral contraviniendo a una prohibición prevista por la ley;

II) Tener la intención de evitar o retardar la apertura del procedimiento de Reestructuración Mercantil o de Liquidación Judicial, hacer compras en vista de una reventa a precio vil o empleando medios ruinosos para procurarse estos fondos;

III) Haber suscrito por cuenta de otro sin contrapartida, obligaciones o compromisos juzgados demasiado importantes en el momento de su conclusión respecto de la situación de la empresa o de la persona moral; y

IV) Haber pagado o hecho pagar, encontrándose en estado de insolvencia o cesación de pagos y en conocimiento de causa de esa situación, a un acreedor en perjuicio de los otros acreedores.

Artículo 266 – El tribunal puede pronunciar la quiebra personal del dirigente de la persona moral que no ha pagado las deudas de ésta puestas a su cargo.

Artículo 267 – En los casos previstos en los Artículos 263 al 265, el tribunal se apodera por el Conciliador, los acreedores o el Ministerio Público si se trata de una Reestructuración Mercantil, por el administrador, el Liquidador, el Ministerio Público o de oficio si se trata de una Liquidación Judicial.

Artículo 268 – En los casos previstos en los artículos 263 a 265, el tribunal puede pronunciar, en lugar de la quiebra personal, la prohibición de dirigir, administrar o controlar directa o indirectamente, una empresa comercial o una persona moral.

Párrafo I. La prohibición mencionada en este artículo puede igualmente ser pronunciada contra una persona indicada en el artículo 261 que, de mala fe no haya remitido al Conciliador o al Liquidador la lista completa y certificada de sus acreedores y el monto de sus deudas, dentro del periodo correspondiente.

Artículo 269 – El derecho de voto de los dirigentes afectados por la quiebra personal, o de la interdicción prevista en el artículo 262 es ejercido en las asambleas de las personas morales sometidas al proceso de reestructuración mercantil o de Liquidación Judicial por un mandatario designado por el tribunal al efecto, a requerimiento del Conciliador, del Liquidador o del comisario para la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 270 – La sentencia que pronuncia la quiebra personal o la interdicción prevista en el artículo 262, conlleva la incapacidad de ejercer función pública electiva. La incapacidad se aplica igualmente a toda persona física respecto de la cual la Liquidación Judicial ha sido pronunciada. Esta tiene efecto de pleno derecho a partir de la notificación hecha al interesado por la autoridad competente.

Artículo 271 – Cuando el tribunal pronuncia la quiebra personal o la interdicción prevista en el artículo 262 fija la duración de la medida, que no puede ser inferior a cinco años. Y puede ordenar la ejecución provisional de su decisión. Los impedimentos, interdicciones y la incapacidad de ejercer la función pública electiva cesan de pleno derecho en el término fijado, sin que haya lugar al pronunciamiento de una sentencia.

Párrafo I. La duración de la incapacidad de ejercer de una función pública electiva resultante de la sentencia de Liquidación Judicial es de cinco años.

Párrafo II. La sentencia de clausura de la Liquidación Judicial por extinción del pasivo restablece al jefe de la empresa o los dirigentes de la persona moral en todos sus derechos. Les dispensa y levanta de todos los impedimentos, interdicciones e incapacidades de ejercer la función pública electiva.

Párrafo III. En todos los casos, el interesado puede demandar al tribunal el levantamiento en todo o parte, de los impedimentos, interdicciones y de la incapacidad de ejercer la función pública electiva, si ha aportado una contribución suficiente al pago del pasivo.

Párrafo IV. Cuando hay levantamiento total de los impedimentos, interdicciones y de la incapacidad, la decisión del tribunal conlleva la rehabilitación.

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