Título Segundo Régimen General De Reestructuración Mercantil

Rep. Dominicana - Ley de reestructuración mercantil o liquidación judicial de empresas en la república dominicana

Título Primero Disposiciones Preliminares SUMARIO Título Tercero La Liquidación Judicial

Indice

Capítulo I Apertura del Procedimiento de Reestructuración Mercantil

A. De las personas elegibles para solicitar

Artículo 6  – El procedimiento de Reestructuración Mercantil podrá ser iniciado por cualquier comerciante que se encuentre en Estado de Cesación de Pagos o por uno o más acreedores que cumplan con los requerimientos establecidos en el Artículo 8 de la presente Ley. El procedimiento se inicia con una solicitud de Reestructuración Mercantil presentada ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio al deudor. Un comerciante está en la obligación de anticipar con por lo menos seis (6) meses su Estado de Insolvencia o Cesación de Pagos, excepto por la ocurrencia de hechos imposibles de prever que afecten directamente la liquidez o la situación financiera de la empresa.

Párrafo I: Se presume que un comerciante se encuentra en Estado de Insolvencia o Cesación de Pagos cuando no cumple o anticipa con por lo menos seis (6) meses que no podrá cumplir con algunos de los siguientes pagos, o por la ocurrencia de uno de los siguientes hechos:

Pagos: a) El pago a la Administración Tributaria de los impuestos retenidos, ITBIS o cualquier otra obligación tributaria b) Cuotas de principal y/o intereses a Bancos Múltiples o cualquier institución financiera c) Sueldos y salarios a los empleados en el día establecido d) Cuando el 50% o mas de sus cuentas por pagar a suplidores o por cualquier concepto no ha sido pagada dentro de los ciento veinte (120) días calendario de la fecha de su vencimiento o cuando uno o varios suplidores que representen por lo menos el diez por ciento (10%) de las cuentas por pagar lo pone en mora mediante una intimación de pago que no puede obtemperar.

Hechos:

a)Ocultación o ausencia del deudor, sin dejar al frente de la administración u operación de su Empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones, por un período suficiente para que pueda suponerse razonablemente la intención de defraudar a los acreedores;

b)En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa; cesión parcial o total de sus bienes y derechos a un tercero con el fin de que sean repartidas entre todos o algunos de sus acreedores;

c)Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones; d) Comunicación a los acreedores de la suspensión de pago o intención de suspensión de pago de sus deudas; e) Exhibición, en una reunión de acreedores, de un estado financiero u otra prueba que demuestre su insolvencia; f) Reconocimiento de un procedimiento extranjero en el Estado en que el comerciante tenga su principal establecimiento o centro de intereses; g) Emitir cheques sin fondos; h)Existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general el patrimonio del deudor; Párrafo II: El Estado de Insolvencia o Cesación de Pagos debe ser determinado mediante la visita de verificación descrita en el Capítulo III de la presente Ley, no obstante la ocurrencia de las presunciones a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 7 – El Comerciante que se encuentre en Estado de Insolvencia o Cesación de Pagos deberá presentar por escrito su solicitud de Reestructuración Mercantil. La misma deberá contener su nombre completo o su denominación o razón social, el domicilio de elección para recibir notificaciones, así como en su caso el domicilio social, el de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes o bodegas, especificando en dónde tiene la administración principal de su empresa o en caso de ser una persona física, el domicilio donde vive. Además deberá anexarse lo siguiente:

I)Los estados financieros de los últimos tres ejercicios fiscales preparados de acuerdo con principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales deberán estar auditados por un Contador Público Autorizado de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas cuando exista esta obligación en términos de Ley. En caso de tener menos de tres (3) años de haber iniciado operaciones, todos los estados financieros;

II)Una memoria en la que explique por qué no puede cumplir sus compromisos comerciales y las causas que lo llevaron al estado de incumplimiento en que se encuentra;

III)Una relación de todos sus acreedores, incluyendo acreedores que sean instituciones financieras nacionales y extranjeras, en la que indique sus nombres y domicilios, persona de contacto, la fecha de aprobación y de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, indicando las características particulares de dichos créditos (por ejemplo un pagaré notarial), así como una descripción detallada de las garantías reales o personales que haya otorgado para garantizar deudas propias y de terceros, tasas de interés, término, etc.;

IV) Un inventario detallado de todos sus bienes inmuebles y muebles, títulos valores, géneros de comercio y derechos de cualquier otra especie;

V)Una relación detallada de los procedimientos o acciones judiciales, administrativas, laborales, arbitrales o de cualquier otra naturaleza en los cuales el deudor forme parte como demandante, demandado o en cualquier otra calidad así como de todos los reclamos en su contra de los que tenga conocimiento o haya realizado;

VI) Una relación detallada de los contratos vigentes de los que sea parte;

VII)Si se trata de una persona moral, copia certificada del instrumento estatutario o establecido por el Código de Comercio (Acta de Asamblea de Accionistas o del Consejo de Directores) que autoriza la solicitud de Reestructuración Mercantil.

VIII)Estado de Flujo de Efectivo de los últimos veinticuatro (24) meses en períodos mensuales.

IX) Un listado de las cuentas por cobrar clasificadas por antigüedad.

X)Un listado de las cuentas por pagar de la empresa, tomando en cuenta los proveedores de bienes y servicios.

XI) Un listado de los pagos que son indispensables para la operación ordinaria de la empresa.

Párrafo I. La Solicitud de Reestructuración Mercantil presentada por el deudor deberá ser notificada a los acreedores que figuran en la relación descrita en el numeral III) del presente Artículo. La notificación deberá ser por escrito, vía Acto de Alguacil, contener mención de que se trata de un procedimiento de Reestructuración Mercantil regido por la presente Ley y mención de los efectos de la solicitud;

Párrafo II: La solicitud de Reestructuración Mercantil del deudor deberá acompañarse de una propuesta de acuerdo de pago que ofrece a sus acreedores. En adición a la propuesta de pago, el deudor debe presentar una proyección del flujo de efectivo de la empresa para las próximas doce (12) semanas y doce (12) meses subsiguientes.

Párrafo III. El deudor antes de hacer la Solicitud ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio podrá optar por notificar a los Acreedores que figuran en la relación descrita en el numeral III) del presente artículo, de su intención de hacer la Solicitud de Reestructuración Mercantil, y si son más de diez (10) acreedores, solicitarles que en un plazo de treinta (30) días formen un comité de acreedores.

Párrafo IV: Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de este plazo el deudor sostendrá una reunión con los acreedores o el comité de acreedores y les presentará un Plan de Reestructuración Mercantil que contenga un plan de pagos para los acreedores y aspectos de gobernabilidad sobre el negocio que le den a los acreedores el nivel de confianza que ellos requieran para asegurar que este Plan se va a ejecutar. Si el sesenta por ciento (60%) de los acreedores en cuanto a monto aprueba esta Plan se procederá a solicitar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente el nombramiento de un Conciliador que vigilará el cumplimiento de dicho Plan y ese proceso se regirá en lo que corresponda de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Artículo 8 – Uno o varios acreedores con deudas ciertas y exigibles no garantizadas que asciendan de forma individual o conjunta a por lo menos cincuenta (50) salarios mínimos, y que hayan puesto al deudor en mora con intimación de pago mediante Acto de Alguacil, podrán solicitar la Reestructuración Mercantil de una empresa. En el caso de un acreedor garantizado, solo se tomará en cuenta la porción de deuda no garantizada, en función de la insuficiencia del valor de la garantía.

Artículo 9 – La solicitud de Reestructuración Mercantil presentada por los acreedores deberá ser firmada por quienes la soliciten y contener:

I)El nombre completo y domicilio del solicitante o los solicitantes;

II)El nombre, denominación o razón social y el domicilio del deudor incluyendo, cuando se conozcan, el de sus diversas oficinas, fábricas, almacenes o bodegas; Artículo 10 – El representante de un acreedor extranjero podrá solicitar la apertura del procedimiento, sujeto a las mismas condiciones y derechos que los acreedores nacionales, cuando exista un procedimiento en el extranjero abierto contra el deudor. La participación del representante extranjero se realizará en los términos dispuestos en el Título Octavo de esta Ley, relativo a la cooperación en procedimientos internacionales.

III)Los hechos que motiven la solicitud, narrándolos brevemente con claridad y precisión y anexando copias de los documentos que respaldan sus acreencias y de los Actos de Alguacil notificados;

IV) Si se trata de una persona moral, la resolución del órgano competente que autorice solicitar la apertura del procedimiento y otorgue poder a la persona que estará representando, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, el Código de Comercio y/o cualquier disposición legal aplicable ; y

V)La solicitud de que se inicie el proceso de Reestructuración Mercantil en los términos de esta Ley.

Párrafo I. La solicitud de Reestructuración Mercantil deberá estar acompañada de prueba documental que demuestre que se tiene calidad de acreedor, que los montos de las deudas son las establecidas en el Artículo 8, y estar acompañada de los documentos originales o copias certificadas que el solicitante tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte.

B. Del procedimiento ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio

Artículo 11 – Las Cámaras de Comercio deberán integrar un organismo especializado para conocer de los procedimientos de Reestructuración Mercantil. Este organismo se denominará Centro de Reestructuración Mercantil y estará integrado por 7 personas nombrado por la directiva de dicha Cámara.

Artículo 12 – El Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor es el organismo competente para conocer de la solicitud de Reestructuración Mercantil. El depósito de la solicitud ante el Centro da inicio al procedimiento, cuando ésta es realizada en cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 13 – Dentro de los cinco (5) días hábiles de la recepción de la solicitud de Reestructuración Mercantil, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio:

I) Designará a un Verificador, mediante el procedimiento aleatorio descrito en el Artículo 336, para que rinda un Informe sobre la situación del deudor y opine sobre si procede acoger o desestimar la solicitud;

II) Publicará un anuncio sobre la existencia de la solicitud en un periódico de circulación nacional. Este anuncio contendrá las generales del deudor, mención de los efectos de la solicitud y un aviso a los acreedores del deudor para que procedan a registrar sus acreencias ante el Centro de Reestructuración de la Cámara de Comercio de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 de esta Ley; Párrafo I. Si la solicitud es presentada por los acreedores, estos deberán notificarla al deudor por escrito, vía Acto de Alguacil, el mismo día de su presentación ante el Centro de Reestructuración de la Cámara de Comercio. El incumplimiento de esta disposición por los acreedores servirá como base suficiente para desestimar la solicitud.

Artículo 14 – El Verificador entregará su informe ante el Centro de Reestructuración de la Cámara de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su designación, sin perjuicio de la solicitud de prórroga establecida en el Párrafo I del Artículo 39 de la presente Ley. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente:

I)Descripción del trabajo realizado;

II)Indicar las generales y especialidades de los Auxiliares Expertos que lo asistieron;

III) Opinión motivada sobre si procede acoger o desestimar la solicitud de Reestructuración Mercantil;

IV) Cualquier otro aspecto que el Verificador considere importante poner en este Informe.

 Artículo 15 – Una vez recibido el informe del Verificador, el Centro de Reestructuración de la Cámara de Comercio tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para, en base al contenido de dicho informe, desestimar o acoger la solicitud de Reestructuración Mercantil.

Párrafo I. Si la solicitud es acogida, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio designará a un Conciliador mediante el procedimiento aleatorio descrito en el Artículo 336, el cual procurará que el deudor y sus acreedores lleguen a un convenio en los términos de esta Ley.

Párrafo II. La desestimación de la solicitud por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio dará por terminado el procedimiento.

Artículo 16 – El Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio notificará, en un plazo de tres (3) días hábiles, la designación del Conciliador o la desestimación de la solicitud de Reestructuración Mercantil al deudor y a los acreedores de los cuales tenga conocimiento.

Párrafo I. La notificación de la designación del Conciliador deberá contener mención del domicilio del Conciliador y emplazar nuevamente a los acreedores para que en un plazo de treinta (30) días calendario declaren sus acreencias ante el Conciliador, de la manera descrita en el Capítulo IX de este Título.

Artículo 17 – En todo momento el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio llevará un registro formal sobre la solicitud de Reestructuración Mercantil, la designación del Verificador, incluyendo sus datos profesionales, y el informe del mismo a disposición de cualquier parte interesada.

Artículo 18 – El Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio fijará un monto para admitir la solicitud de Reestructuración Mercantil con el objetivo de garantizar los honorarios del Verificador, los costos de notificación y los demás costos del procedimiento.

Párrafo I: Una vez admitida la solicitud de Reestructuración Mercantil las anotaciones pertinentes deben ser incluidas en el certificado de Registro Mercantil del deudor.

C. De los recursos ante el tribunal

Artículo 19 – Podrán recurrir la determinación del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio de desestimar la solicitud de Reestructuración Mercantil: a) el deudor que realizó la solicitud; b) los acreedores que realizaron la solicitud; y c) cuando haya sido el deudor que realizo la solicitud, podrán recurrir las dos terceras (2/3) partes de los acreedores notificados. El tribunal puede ordenar la adopción de medidas conservatorias necesarias a fin de proteger los bienes del deudor y evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa hasta tanto se decida sobre el fondo del recurso.

Estas medidas conservatorias podrán ser las siguientes:

I) La prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil;

II) La suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos del deudor;

III) La prohibición al deudor de realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes y derechos de su Empresa;

IV) La prohibición de realizar trasferencias de recursos o valores a favor de terceros;

V) La orden al deudor de no ausentarse del lugar de su domicilio sin dejar, mediante mandato, a un apoderado suficientemente instruido; y

VI) Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

Párrafo I. El tribunal dentro de los treinta (30) días siguientes de la solicitud de desestimación decidirá sobre la desestimación de la solicitud de Reestructuración Mercantil o la continuación del proceso de Reestructuración Mercantil ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Artículo 20 – Si el deudor manifiesta por escrito que no se acoge a la decisión del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio de admitir la solicitud de Reestructuración Mercantil presentada por los acreedores y designar un Conciliador, debe presentar evidencia de que la masa es suficiente para cubrir las acreencias. En este caso los acreedores pueden solicitar al tribunal la Liquidación Judicial, así como la adopción de las medidas conservatorias enumeradas en el artículo anterior.

Artículo 21 – El deudor y los acreedores pueden solicitar al tribunal la condenación de daños y perjuicios causados por una solicitud de Reestructuración Mercantil sin fundamento.

Capítulo II Efectos de la Solicitud de Reestructuración Mercantil

Artículo 22 – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 33 y 34, el depósito de la solicitud ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio suspende toda acción judicial o administrativa contra el deudor tendente al cobro de una suma de dinero, a la condenación al pago de una suma de dinero, o a la resolución de un contrato por falta de pago de una suma de dinero, de parte de todos los acreedores cuya acreencia se haya originado con anterioridad a dicha solicitud. Se suspende igualmente cualquier vía de ejecución, desalojo o embargo de parte de los acreedores tanto sobre los muebles como sobre los inmuebles del deudor.

Artículo 23 – Los plazos impartidos a pena de caducidad o de resolución de los derechos, quedan suspendidos a consecuencia del depósito de la solicitud. Asimismo, se prohíbe al deudor realizar actos de disposición de los bienes de su empresa, exceptuando los indicados en el Artículo 81 de la presente Ley.

Artículo 24 – La introducción de la solicitud suspende el cómputo de los intereses legales y convencionales así como los efectos de cualquier cláusula penal. Los fiadores y codeudores no pueden prevalerse de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 25 – La introducción de la solicitud suspende además los pagos por parte del deudor de toda acreencia contraída con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Artículo 26 – La suspensión de pago a que se refiere el artículo 25 no aplica a:

I) Los pagos obligatorios de manutención de menores y la familia, en caso de que el deudor sea una persona física;

II) Las acreencias laborales, ya sean basadas en el Código de Trabajo o en cualquier otra disposición legal relativa a la seguridad social o salud del trabajador;

III) Los pagos que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, determinados y justificados de manera excepcional por el Conciliador.

Artículo 27 – Las acciones en curso tendentes a la condenación al pago de una suma de dinero, suspendidas por efecto del artículo 22, serán reanudadas a solicitud del acreedor una vez se haya declarado la acreencia según el procedimiento dispuesto por el artículo 118, y se haya agotado un esfuerzo de conciliación amigable entre el deudor y el acreedor. No obstante, las acciones a que se refiere este artículo proseguirán únicamente para la constatación de las acreencias y la fijación de su importe.

Artículo 28 – Las acciones distintas a las señaladas en el artículo 22 no son suspendidas, sino que deben ser conocidas y falladas por el tribunal o instancia competente, previa puesta en causa del Conciliador y de los acreedores o sus interventores.

A. De los efectos respecto a las acreencias laborales y fiscales

Artículo 29 – Las disposiciones previstas en los Artículos 22 al 26 no aplicarán a las acreencias laborales, ya sean basadas en el Código de Trabajo o en cualquier otra disposición legal relativa a la seguridad social o salud del trabajador.

Artículo 30 – A partir del inicio del procedimiento y hasta la fecha de terminación de sus efectos, conforme al Artículo 33, se suspenderán los procedimientos de ejecución de los créditos fiscales.

Artículo 31 – No obstante lo establecido en el Artículo 30, la administración tributaria podrá continuar los actos necesarios para la determinación de las obligaciones fiscales a cargo del deudor.

Artículo 32 – El inicio del procedimiento no será causa para interrumpir el pago de las contribuciones fiscales o de seguridad social ordinarias del deudor, por ser indispensables para la operación de la empresa.

B. De la terminación o modificación de los efectos

Artículo 33 – Las disposiciones previstas en los Artículos 22 al 26 son efectivas hasta la ocurrencia de uno de los siguientes hechos:

I) Desestimación de la solicitud de Reestructuración Mercantil por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio;

II) Aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil;

III) Terminación del procedimiento de Reestructuración Mercantil;

IV) Conversión al procedimiento de Liquidación Judicial.

Párrafo I. Una parte interesada puede solicitar la terminación o modificación de la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 22 al 26 sobre la base de que el Plan de Reestructuración Mercantil no ha sido aprobado dentro del período correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 153.

Párrafo II. En el caso previsto en el numeral (I) de este artículo, se reputarán generados los intereses suspendidos en virtud del artículo 24, como si la suspensión no se hubiese producido.

Artículo 34 – El Conciliador podrá autorizar el levantamiento de la suspensión de las vías de ejecución respecto a una garantía determinada cuando la propiedad sobre la cual recae la garantía no es necesaria para la reestructuración de la empresa del deudor y en adición:

I) El valor de la acreencia excede o es igual al valor de su garantía; o

II) El valor de la propiedad, y en consecuencia el valor de la garantía, está disminuyendo como resultado del inicio del procedimiento, sin que el acreedor esté adecuadamente protegido.

Párrafo I. Para efectos del numeral II) del presente artículo, los acreedores garantizados estarán adecuadamente protegidos contra la pérdida de valor de su garantía cuando el Conciliador haya dispuesto:

I) El pago de sumas de dineros equivalentes a la pérdida de valor por depreciación de la propiedad;

II) El otorgamiento de garantías adicionales; u

III) Otras medidas que estime convenientes para compensar la pérdida de valor.

Capítulo III La Visita de Verificación

Artículo 35 – El Verificador deberá presentarse en el domicilio del deudor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación para efectuar la visita de verificación y deberá informar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio las fechas en que tendrá lugar dicha visita. Esta visita tendrá por objeto que el Verificador dictamine:

I) Si el deudor se encuentra en Estado de Insolvencia o Cesación de Pagos.

II) Si la solicitud de Reestructuración Mercantil, presentada por el deudor o los acreedores, cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 7 al 10, según sean aplicables.

III) Si el deudor tiene activos suficientes para cubrir los costos del procedimiento de Reestructuración Mercantil.

Párrafo I. Si, transcurrido este plazo, el Verificador no se hubiere presentado a realizar la visita por cualquier causa, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio de oficio o a solicitud del deudor o de cualquiera de los acreedores designará un Verificador sustituto.

Artículo 36 – El Verificador deberá acreditar su nombramiento con la designación respectiva. Tanto el Verificador como sus Auxiliares Expertos deberán identificarse con el deudor o su representante antes de proceder a la visita.

Artículo 37 – El Verificador y sus Auxiliares Expertos tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y estados financieros del deudor, así como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos en los que conste la situación financiera y contable de la empresa del deudor y que estén relacionados con el objeto de la visita, pudiendo reproducir documentos para anexar a su informe. Asimismo, podrán llevar a cabo verificaciones directas de bienes y mercancías y de las operaciones, así como entrevistas con el personal directivo, gerencial y administrativo, incluyendo a asesores externos financieros, contables o legales.

Párrafo I. El Verificador deberá acreditar los hechos conocidos relativos a la visita mediante Acta Notarial.

Artículo 38 – El deudor y su personal estarán obligados a colaborar con el Verificador y sus Auxiliares Expertos. En caso de que no colaboren, obstruyan la visita o no proporcionen al Verificador o a sus Auxiliares Expertos los datos necesarios para que pueda producir su informe, el Verificador podrá recomendar la Liquidación Judicial.

Artículo 39 – El Verificador deberá presentar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio, en el plazo a que se refiere el artículo 14, un informe razonado en el que se harán constar los hechos u omisiones constatados por él y sus Auxiliares Expertos relativos al objeto de la visita, así como su opinión sobre si procede acoger o desestimar la solicitud de Reestructuración Mercantil. El informe deberá ser presentado en los formatos que al efecto dará a conocer el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Párrafo I. Por causa justificada, el Verificador podrá solicitar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio una prórroga para la presentación del informe. La prórroga en ningún caso podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Capítulo IV Funcionarios del Procedimiento

A. Del Verificador, el Conciliador y el Comité de Acreedores

Artículo 40 – El Verificador y el Conciliador tendrán las obligaciones y facultades que expresamente les confiere esta Ley.

Artículo 41 – Los Verificadores y Conciliadores pueden solicitar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio la designación de uno o varios Expertos o Auxiliares Expertos de ser necesarios para el ejercicio de sus funciones, lo que no implicará en ningún caso la delegación de sus respectivas responsabilidades.

Artículo 42 – El nombramiento del Verificador o el Conciliador podrá ser impugnado ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio por el deudor y por cualquiera de los acreedores dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que hubieran adquirido conocimiento de la designación conforme a lo establecido en los Artículos 13, 16 y 17. La impugnación sólo se admitirá cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 330.

Artículo 43 – La solicitud de impugnación del nombramiento del Verificador o el Conciliador no impedirá su entrada en funciones, ni suspenderá la continuación de la visita o el procedimiento de Reestructuración Mercantil.

Artículo 44 – El Conciliador podrá ser sustituido cuando:

I) El deudor y el comité de acreedores, que representen al menos el cincuenta por ciento (50%) del monto total de las acreencias reconocidas, soliciten al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio la sustitución del Conciliador por aquél que ellos propongan en forma razonada de entre los Conciliadores registrados ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio. El Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio deberá proceder al nombramiento del nuevo Conciliador propuesto en un plazo de cinco (5) días hábiles siempre que verifique la existencia de la mayoría requerida de los acreedores y el consentimiento del deudor; o

II) El deudor y un grupo de acreedores reconocidos que representen al menos el setenta y cinco por ciento (65%) del monto total de las acreencias reconocidas, y más del cincuenta por ciento (50%) en número de los acreedores, designen de común acuerdo a una persona física o moral que no figure en el registro del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio y que deseen que funja como Conciliador, en cuyo caso deberán convenir con él sus honorarios. En tal supuesto, quedará sin efecto la designación hecha por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio. El Conciliador así designado asumirá todos los derechos y las obligaciones que esta Ley atribuye a los Conciliadores del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio. En caso de sustitución del Conciliador, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio deberá prestar al sustituto todo el apoyo necesario para que tome posesión de su cargo, y le entregará un reporte del estado que guarda de la reestructuración, así como toda la información sobre el deudor que haya obtenido el Conciliador anterior en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 45 – El Conciliador deberá rendir bimestralmente ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio un informe de las labores que realice en la empresa del deudor y deberá presentar un informe final sobre su gestión. Todos los informes estarán a la disposición del deudor y de los acreedores por conducto del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Artículo 46 – El comité de acreedores estará conformado por un representante por cada clase de acreedor que represente más del diez por ciento (10%) del total de las acreencias. Si hay una clase de acreedor con más del treinta por ciento (30%) podrá tener hasta 3 representantes. Ninguna clase de acreedor puede tener mayoría simple en el Comité de Acreedores el cual no excederá de once (11) miembros, incluyendo uno (1) que represente a los acreedores garantizados y siete (7) miembros, uno para cada clase de acreedores no garantizados, cumpliendo con los requisitos de monto y cantidad de acreedores establecidos en este artículo.

Párrafo I: Los acreedores tendrán un plazo de treinta (30) días calendario, que comenzará a partir del plazo en que tienen que notificar sus acreencias al Conciliador para reunirse y formar un comité de acreedores.

Párrafo II: Las decisiones del comité de acreedores se tomarán de la siguiente forma: a) Representantes de clases de acreedores que representen más del sesenta por ciento (60%) de las acreencias totales y más del treinta por ciento (30%) del número de acreedores; b) Las clases de acreedores se seleccionarán mediante el mecanismo que ellos escojan a sus representantes; c) Si una clase de acreedor no se pone de acuerdo en un plazo de cinco (5) días hábiles otorgado por el Conciliador, éste podrá nombra a su solo juicio a los representantes de esta clase de acreedor

Artículo 47 – Son Funciones del comité de acreedores:

I) Decidir sobre los asuntos que le asigna la presente Ley y aquellas que le presente a su consideración el Conciliador;

II) Vigilar el proceso de Reestructuración Mercantil:

III) Aprobar o rechazar el Plan de Reestructuración Mercantil;

IV) Aprobar la contratación de nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías y la enajenación de activos cuando no estén vinculados con la operación ordinaria de la empresa del deudor;

V) Remover al deudor de la administración de su empresa previa recomendación del Conciliador

Artículo 48 – El deudor y el comité de acreedores podrán denunciar ante el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio los actos u omisiones del Verificador y del Conciliador que no se apeguen a lo dispuesto por esta Ley. El Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio dictará las medidas de apremio que estime convenientes y podrá sustituir al Verificador o al Conciliador a fin de evitar daños a la masa.

Artículo 49 – El Verificador y el Conciliador serán responsables ante el deudor y ante los acreedores, por los actos propios y de sus Auxiliares Expertos, respecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus obligaciones y por la revelación de los datos confidenciales que conozcan en virtud del desempeño de su cargo a terceros que no formen parte del proceso.

B. De los interventores

Artículo 50 – Cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del monto de los créditos a cargo del deudor, o que representen la totalidad de los miembros de una clase de acreedores, de conformidad con la lista provisional de reconocimiento de créditos descrita en el artículo 125, tendrán derecho a designar un interventor, cuyos honorarios, de no ser gratuitos, serán a costa de quienes lo soliciten. Para ser interventor no se requiere ser acreedor.

Párrafo I. El acreedor o grupo de acreedores deberán notificar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio la designación del interventor correspondiente, el cual podrá ser sustituido o removido por quienes lo hayan designado.

Artículo 51 – Los interventores representarán a los acreedores y tendrán a su cargo la vigilancia de la actuación del Conciliador así como de los actos realizados por el deudor en la administración de su empresa. Tendrán las siguientes facultades:

I) Solicitar al Conciliador el examen de algún libro, o documento, así como cualquier otro medio de almacenamiento de datos del deudor sujeto a Reestructuración Mercantil respecto de las cuestiones que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores;

II) Solicitar al Conciliador información por escrito sobre las cuestiones relativas a la administración de la masa, que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores, así como los informes que se mencionan en el artículo 45;

III) Recibir las notificaciones dirigidas a los acreedores a los cuales representan e informar a dichos acreedores sobre la notificación; y

IV) Las demás que se establecen en esta Ley.

Artículo 52 – Los interventores están obligados a guardar el secreto profesional sancionado por las penas previstas por esta Ley aun después de terminadas sus gestiones.

Artículo 53 – Ningún pariente o afín hasta el cuarto grado inclusive del jefe de empresa o de los gerentes, cuando el deudor es una persona moral, o del Conciliador puede ser nombrado interventor o representante de una persona moral designada como interventor.

Artículo 54 – Los interventores pueden hacerse representar por uno de sus encargados o por ministerio de abogado.

C. Del representante de los trabajadores

Artículo 55 – Los trabajadores elegirán mediante voto secreto y por mayoría simple a uno o más representantes, que tendrán las funciones establecidas para los interventores en el artículo 51. El representante de los trabajadores, así como los trabajadores participantes en dicha elección, deben ser mayores de edad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Párrafo I. El representante de los trabajadores puede ser reemplazado mediante el mismo mecanismo descrito en este artículo.

Artículo 56 – El representante de los trabajadores tiene la obligación de discreción y secreto profesional respecto al deudor.

Artículo 57 – En caso de que el representante sea un trabajador del negocio del deudor, el tiempo pasado por el mismo en el ejercicio de su misión, fijada por esta Ley, es considerado como tiempo de trabajo y debe ser pagado por el empleador o el Conciliador a cargo de la administración de la empresa, según sea el caso.

Capítulo V El Patrimonio de la Empresa

A. De los activos que componen la Masa

Artículo 58 – El inicio del procedimiento da lugar a la creación de la masa. La masa está constituida por los siguientes bienes y derechos, se encuentren o no en posesión del deudor, e independientemente de su ubicación:

I) Bienes y derechos propiedad del deudor a la fecha de inicio del procedimiento;

II) Bienes y derechos adquiridos después del inicio del procedimiento, incluyendo ingresos por ventas, productos, rentas, o beneficios derivados de la masa;

III) Bienes y derechos reivindicados o recuperados a través de la acción en nulidad a la que se refiere el Capítulo VIII del presente Título.

Artículo 59 – No forman parte de la masa los bienes y derechos que se encuentren en una de las siguientes circunstancias:

I) Los que pueden ser reivindicados de acuerdo a las leyes;

II) Los inmuebles vendidos al deudor, no pagados por éste, cuando la compraventa no hubiere sido debidamente depositada en el registro público correspondiente;

III) Las contribuciones retenidas o recaudadas por el deudor por cuenta de las autoridades fiscales; IV) Los bienes propiedad de un tercero que estén en poder del deudor, incluyendo los que se encuentren en cualquiera de los supuestos siguientes:

a. Depósito, usufructo, fideicomiso o que hayan sido recibidos en administración o consignación;

b. Comisión de compra, venta, cobro o tránsito;

c. Para ser vendidos por cuenta del propietario;

d. Para entregar a persona determinada por cuenta y en nombre de un tercero; y

e. Las cantidades a nombre del deudor o títulos emitidos a favor del deudor, o endosados a favor de este, como pago por ventas hechas por cuenta ajena.

B. De la separación de bienes

Artículo 60 – El Conciliador de oficio o a solicitud de los legítimos titulares de derecho debe ordenar la separación de los bienes señalados en el artículo 59.

Artículo 61 – El Conciliador ordenará la restitución de los bienes separados a su propietario cuando el deudor no tenga sobre ellos un derecho, tal como uso, usufructo, garantía o retención o cuando los mismos no sean necesarios para la explotación del negocio.

Artículo 62 – La acción en separación solo podrá ser ejercida dentro de los noventa (90) días calendario de la designación del Conciliador por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Artículo 63 – En lo relativo a la existencia o identidad de los bienes cuya separación se pida, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I) Si los bienes perecieren después del inicio del procedimiento y estuvieren asegurados, el legítimo propietario tendrá derecho a obtener el pago de la indemnización que se recibiere o bien de subrogarse en los derechos para reclamarla;

II) Si los bienes hubieren sido enajenados antes del inicio del procedimiento no cabe separación del precio recibido por ellos; pero si no se hubiere hecho efectivo el pago, el legítimo propietario podrá subrogarse en los derechos contra el tercero adquirente, debiendo en su caso entregar a la Masa el excedente entre lo que cobrare y el importe de su crédito. En el segundo caso, el separatista no podrá presentarse como acreedor en la reestructuración mercantil;

III) Podrán separarse los bienes que hubieren sido recibidos en pago o cambiados por cualquier título jurídico, equivalente con los que eran separables;

IV) Si los bienes separables hubieren sido dados en prenda a terceros de buena fe, el acreedor prendario podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague la obligación garantizada y los accesorios a que tenga derecho o se sustituya la garantía por una equivalente.

Artículo 64 – La separación estará subordinada a que el separatista dé cumplimiento previo a las obligaciones que con motivo de los bienes tuviere.

Artículo 65 – En los casos de separación por parte del enajenante que hubiere recibido parte del precio, la separación estará condicionada a la devolución previa de la parte del precio recibido.

Artículo 66 – El vendedor y el legítimo propietario tienen la obligación previa de reintegrar todo lo que se hubiere pagado o se adeude por derechos fiscales, transporte, comisión, seguro y gastos de conservación de los bienes.

C. De la reivindicación de los bienes muebles

Artículo 67 – La reivindicación de los muebles no puede ser ejercida más que en el plazo de noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de Reestructuración Mercantil a los acreedores o la fecha de notificación de admisión de la solicitud por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Párrafo I. Para los bienes que son objeto de un contrato en curso el día del inicio del procedimiento, el plazo corre a partir de la resiliación o del término del contrato.

Artículo 68 – El privilegio, la acción resolutoria y el derecho de reivindicación establecido por el cuarto acápite del artículo 2102 del Código Civil, a beneficio del vendedor de los muebles sólo pueden ser ejercidos en el límite de las disposiciones contenidas en los artículos 69 al 74.

Artículo 69 – El propietario de un bien está dispensado de hacer reconocer su derecho de propiedad cuando el contrato relativo a dicho bien ha sido objeto de la medida de publicidad que correspondiera según la ley.

Artículo 70 – Pueden ser reivindicados, si existen en naturaleza, en todo o en parte, las mercancías cuya venta ha sido resuelta con anterioridad al inicio del procedimiento, sea por decisión judicial, arbitral o por la aplicación de una condición resolutoria realizada.

Artículo 71 – La reivindicación debe ser igualmente admitida cuando la resolución de la venta ha sido pronunciada o constatada por decisión judicial posterior al inicio del procedimiento o cuando la acción en reivindicación o en resolución ha sido intentada con anterioridad al inicio del procedimiento por el vendedor, por una causa que no sea la falta de pago del precio.

Artículo 72 – Pueden ser reivindicadas las mercancías no pagadas expedidas al deudor siempre y cuando no haya sido efectuada la entrega en sus establecimientos o dónde el comisionista encargado de venderlas por su cuenta. Sin embargo, la reivindicación no es aceptable, si antes de su llegada, las mercancías han sido revendidas sin fraude, sobre facturas o títulos de transporte regulares.

Artículo 73 – Pueden ser retenidas por el vendedor las mercancías no pagadas que no han sido entregadas o expedidas al deudor o a un tercero que actúe por su cuenta.

Artículo 74 – Pueden igualmente ser reivindicados, si estos se encuentran en naturaleza al momento de la apertura del procedimiento, los bienes vendidos con una cláusula de reserva de propiedad que subordine la transferencia de la misma al pago integral del precio. Esta cláusula debe haber sido acordada por un escrito, a más tardar, en el momento de la entrega.

D. De la separación de los bienes personales del cónyuge

Artículo 75 – El cónyuge del deudor sometido a un procedimiento de Reestructuración Mercantil puede solicitar al Conciliador la separación de los bienes que no formen parte de la comunidad. La consistencia de los bienes personales del cónyuge se determinará conforme a las reglas de los regímenes matrimoniales.

Artículo 76 – Los acreedores o el Conciliador pueden probar por todos los medios que los bienes adquiridos por el cónyuge del deudor lo han sido con sumas provistas por el deudor, y demandar que sean incorporados a la masa.

Artículo 77 – El cónyuge de un deudor sujeto a un procedimiento de Reestructuración Mercantil al momento de su matrimonio o dentro del año de su matrimonio, no puede ejercer en la Reestructuración Mercantil ninguna acción fundada en las ventajas hechas por uno de los esposos al otro en el contrato de matrimonio o durante éste. Los acreedores no pueden por su parte prevalerse de las ventajas establecidas por uno de los esposos a favor del otro.

E. De la reincorporación de bienes a la Masa

Artículo 78 – El deudor deberá asistir al Conciliador en la realización de las gestiones necesarias para identificar los bienes propiedad del deudor que se encuentren en posesión de terceros y reincorporarlos a la masa.

Artículo 79 – Las sumas recobradas como consecuencia de las acciones del Conciliador o los acreedores entran dentro del patrimonio del deudor y se utilizarán para el pago de los acreedores.

Capítulo VI Operación de la Empresa en Reestructuración Mercantil

A. De la administración de la empresa

Artículo 80 – Durante el proceso de Reestructuración Mercantil la administración de la empresa corresponderá al deudor, sujeto a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 81 – El deudor sólo podrá disponer de los activos necesarios para la gestión ordinaria de la empresa, salvo restricción impuesta por el Conciliador.

Artículo 82 – El Conciliador vigilará la contabilidad y todas las operaciones que realice el deudor.

Párrafo I. El Conciliador decidirá sobre la resolución de contratos pendientes y aprobará, previa opinión favorable del comité de acreedores, la contratación de nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías, la enajenación de activos y la disposición de activos cuando no estén vinculados con la operación ordinaria de la empresa del deudor.

Párrafo II. El Conciliador mantendrá informado a los acreedores sobre los asuntos relevantes a la administración de la empresa. En caso de sustitución de garantías, el Conciliador deberá contar con el consentimiento previo y por escrito del acreedor de que se trate.

Párrafo III. Si un bien está gravado de un privilegio, de una prenda o de una hipoteca, otra garantía puede serle sustituida en caso de necesidad, si el acreedor garantizado está de acuerdo.

Artículo 83 – Para efectos de la opinión a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, el Conciliador deberá enviar al comité de acreedores, y/o a sus interventores si han sido designados, las características de la operación de que se trate, conforme a las formalidades requeridas por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio. El comité de acreedores deberán emitir su opinión por escrito dirigido al Conciliador, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Conciliador someta a su consideración la propuesta. La falta de respuesta en el plazo antes indicado se entenderá como aceptación.

Artículo 84 – El Conciliador, a su solo juicio, podrá abstenerse de solicitar la opinión del comité de acreedores para la enajenación de un bien en aquellos casos en que éste sea perecedero o considere que pueda estar expuesto a una grave disminución de su precio, o su conservación sea costosa en comparación con la utilidad que pueda generar para la masa, debiendo informar de ello al comité de acreedores dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la operación de enajenación.

Artículo 85 – En caso de venta de un bien gravado con un privilegio, una prenda o una hipoteca, la cuota parte del precio correspondiente a los acreedores en dicha garantía se depositará en una cuenta de banco o depósitos, según lo disponga el Conciliador. Después de la adopción del Plan de Reestructuración Mercantil o en caso de Liquidación Judicial, los acreedores beneficiarios de las garantías o titulares de un privilegio son pagados sobre el precio siguiendo el orden de preferencia existente entre ellos.

Artículo 86 – El Conciliador y el deudor deberán considerar la conveniencia de conservar la empresa en operación. No obstante, cuando así convenga para evitar el crecimiento del pasivo o el deterioro de la masa, el Conciliador, previa opinión favorable del comité de acreedores, podrá recomendar la Liquidación Judicial de la empresa del deudor.

Artículo 87 – El Conciliador estará facultado para convocar a los órganos de gobierno de la empresa del deudor cuando lo considere necesario, para someter a su consideración y, en su caso, aprobación de los asuntos que estime convenientes. Si luego de tres convocatorias no hay quórum el comité de acreedores tendrá la capacidad de decidir.

B. De la remoción del Deudor de la administración de la empresa

Artículo 88 – En caso de que el Conciliador estime que así conviene para la protección de la masa, podrá, previa opinión favorable del comité de acreedores, remover al deudor de la administración de su empresa. En este caso, el Conciliador en un plazo de treinta (30) días calendario deberá designar, previa aprobación del comité de acreedores, a un nuevo administrador que asumirá las facultades y obligaciones pertinentes a la administración de la empresa. Durante el cumplimiento de este plazo el Conciliador podrá asumir interinamente la administración de la empresa o solicitar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio la designación de un administrador interino.

Párrafo I. En el supuesto a que se refiere este artículo y tratándose de personas morales declaradas en estado de Reestructuración Mercantil, quedarán suspendidas las facultades de los órganos que, de acuerdo a los estatutos de la empresa o el Código de Comercio, tengan competencia para tomar decisiones sobre los administradores, directores o gerentes.

C. De las deudas posteriores al inicio del procedimiento

Artículo 89 – Las deudas nacidas regularmente como resultado de la operación ordinaria de la empresa después del inicio del procedimiento de Reestructuración Mercantil deben ser pagadas a su vencimiento. Estas deudas son pagadas con prioridad a todos los otros créditos, provistos o no de privilegios o garantías, con excepción de las acreencias garantizadas por el privilegio establecido en el Código de Trabajo u otras leyes referentes a la seguridad social o salud del trabajador.

Párrafo I. Su pago se hace en el orden siguiente:

I) Las deudas de naturaleza laboral de las cuales el importe no ha sido avanzado en aplicación del Código de Trabajo u otras leyes referentes a la seguridad social o salud del trabajador;

II) Los gastos del procedimiento de Reestructuración Mercantil;

III) Los préstamos consentidos por las instituciones financieras posteriores al inicio del procedimiento, así como las acreencias resultantes de la ejecución de los contratos que continúen vigentes conforme a las disposiciones del artículo 95 y de los cuales el contratante acepta recibir un pago diferido. En caso de resiliación de un contrato que continúe vigente, las indemnizaciones y penalidades son excluidas del beneficio de la presente disposición;

IV) Los otros créditos según su rango.

D. Del financiamiento post – inicio del procedimiento

Artículo 90 – El Conciliador podrá, previa aprobación de comité de acreedores, autorizar nuevos financiamientos a cargo del deudor para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa. Dichos financiamientos reciben el tratamiento establecido en el artículo 89 a los fines de repago.

Artículo 91 – El Conciliador, previa aprobación de comité de acreedores, podrá autorizar la constitución de nuevas garantías sobre bienes del deudor para garantizar el pago de nuevos financiamientos, incluyendo garantías sobre bienes ya gravados, en el grado correspondiente. La garantía constituida sobre bienes gravados podrá tener un rango superior a las garantías existentes cuando el Conciliador obtenga la aprobación del acreedor o los acreedores previamente garantizados.

Capítulo VII Efectos de la Reestructuración Mercantil en las Obligaciones del Deudor

A. Regla General

Artículo 92 – Los contratos pendientes de ejecución deberán ser cumplidos por el deudor, salvo que el Conciliador se oponga a su continuación por así convenir a los intereses de la masa.

Artículo 93 – No tendrá validez cualquier estipulación contractual que con motivo del inicio del procedimiento de Reestructuración Mercantil o de la designación de un Conciliador, establezca modificaciones que agraven para el deudor los términos de los contratos o hagan exigibles las acreencias no vencidas.

Artículo 94 – No obstante toda disposición legal o toda cláusula contractual, ninguna división, resiliación o resolución del contrato puede resultar del sólo hecho del inicio de un procedimiento de Reestructuración Mercantil o de la designación de un Conciliador.

B. De la terminación de los contratos

Artículo 95 – El Conciliador deberá notificar, dentro del plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de su designación, al que haya contratado con el deudor si se opondrá a la ejecución de un contrato que considere lesivo a la masa. Si el Conciliador manifiesta su oposición el contrato se resiliará de pleno derecho.

Párrafo I. La notificación a los contratantes descrita en este artículo debe indicar el derecho de declarar las acreencias vencidas causadas por el incumplimiento del deudor, anterior al inicio del procedimiento y el plazo dentro del cual deberá ser declarada.

Párrafo II. El Conciliador no puede optar por ninguna modificación a las obligaciones establecidas en el contrato que no sea con el acuerdo de las partes contratantes.

C. De la resolución por incumplimiento posterior

Artículo 96 – Cuando el Conciliador no se oponga a la continuación de un contrato, el deudor deberá cumplir sus obligaciones bajo el contrato al momento en que estas sean exigibles, a menos que el Conciliador obtenga la aceptación de la contraparte del deudor de manera expresa en un plazo para el cumplimiento.

Párrafo I. A falta de cumplimiento por el deudor en las condiciones definidas en el párrafo precedente y de un acuerdo con el que haya contratado con el deudor para continuar las relaciones contractuales, el contrato es resiliado de pleno derecho.

Artículo 97 – Cuando la prestación se trate del pago de una suma de dinero, el Conciliador procurará la disponibilidad de los fondos en tiempo oportuno. Si se trata de un contrato de ejecución o de pago escalonado en el tiempo, el Conciliador podrá ponerle fin al contrato en cualquier momento, previa notificación al contratante, si le parece que no tendrá los fondos necesarios para cumplir las obligaciones del término siguiente.

Artículo 98 – Cuando se ha decidido la continuación del contrato, las obligaciones del deudor son tratadas como acreencias posteriores al inicio del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 89.

Artículo 99 – El que haya contratado con el deudor debe cumplir con sus obligaciones bajo el contrato a pesar de la falta de ejecución por el deudor de contratos anteriores al inicio del procedimiento. A falta de cumplimiento por parte del co – contratante del deudor el Conciliador podrá notificar la resolución del contrato. El incumplimiento puede dar lugar a un activo para la masa.

Artículo 100 – En todo caso, el incumplimiento de un contrato al cual el Conciliador no se ha opuesto da lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios estipulados en el contrato.

D. Del tratamiento de ciertos contratos

Artículo 101 – Las disposiciones del presente capítulo no conciernen a los contratos de trabajo. Tampoco afectarán a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones de insolvencia de alguna de las partes.

Artículo 102 – La Reestructuración Mercantil no implica la resiliación del contrato de arrendamiento de inmuebles en el cual el deudor sea arrendatario. No obstante, el Conciliador podrá optar por la resolución del contrato, en cuyo caso, deberá pagarse al arrendador los arrendamientos vencidos y la penalidad pactada en el contrato por la terminación anticipada.

Párrafo I. El arrendador tiene un privilegio para el pago de la penalidad a que se refiere la parte capital de este artículo y para el pago de las rentas vencidas, hasta los últimos doce (12) meses de arrendamiento anteriores a la resiliación.

Artículo 103 – No obstante toda cláusula contraria establecida en el contrato de arrendamiento, la falta de explotación durante la Reestructuración Mercantil de uno o más inmuebles arrendados por la empresa no implica la resiliación del arrendamiento.

Capítulo VIII Nulidad de Ciertas Transacciones

Artículo 104 – Serán anulables, al solo juicio del Conciliador, los actos que este considere perjudiciales para la masa realizados por el deudor dentro de los nueve (9) meses anteriores a la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil, cuando hubiere existido intención dolosa o fraudulenta. Esta acción en nulidad tiene por efecto reconstituir los activos de la masa y asegurar el tratamiento equitativo de los acreedores.

Artículo 105 – Cuando han sido realizados dentro de los nueve (9) meses anteriores a la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil, los siguientes actos se presumen perjudiciales para la masa:

I) Los actos a título gratuito o precio irrisorio, traslativos de propiedad mobiliaria e inmobiliaria;

II) Todo contrato conmutativo en el cual el deudor pague una contraprestación de valor notoriamente superior o reciba una contraprestación de valor notoriamente inferior a la prestación de su contraparte, o en el cual las obligaciones del deudor excedan notablemente las de la otra parte;

III) Los pagos de deudas vencidas hechos en especie o en cualquier otro medio de pago no comúnmente admitido en las relaciones de negocios, cuando éste sea diferente al originalmente pactado o bien cuando la contraprestación pactada hubiere sido en dinero;

IV) Las condonaciones totales o parciales de deuda hechas por el deudor;

V) Los pagos de obligaciones no vencidas hechos por el deudor;

VI) El otorgamiento de garantías o incremento de las vigentes por deudas contraídas antes de la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil, cuando la obligación original no contemplaba dicha garantía o incremento;

VII) Transferencias de propiedad realizadas a favor de alguno de los acreedores del deudor por cuyo resultado el acreedor recibió un beneficio mayor a lo que sería su parte prorrata de los activos del deudor en una Liquidación Judicial, si cuando fueron realizadas dichas transferencias el deudor era insolvente; y

VIII) Actos con sociedades mercantiles, en las que el propio deudor, sus administradores, accionistas o directores, bien sea conjunta o separadamente a que se refiere la fracción anterior representen, directa o indirectamente, al menos el treinta por ciento del capital suscrito y pagado, tengan poder decisorio en sus asambleas de accionistas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas sociedades.

Artículo 106 – En el evento de que el deudor sea una persona física, se presumen perjudiciales para la masa, si se realizan dentro de los nueve (9) meses anteriores a la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil, las operaciones realizadas por el deudor con las personas siguientes:

I) Su cónyuge, ascendiente, descendiente, colaterales y afines hasta el cuarto grado; o

II) Sociedades mercantiles, en las que las personas a que se refiere la fracción anterior o el propio deudor sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente representen, directa o indirectamente, al menos el cincuenta y uno por ciento del capital suscrito y pagado, tengan poder decisorio en sus asambleas de accionistas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas sociedades.

Artículo 107 – Cuando el deudor sea una persona moral, se presumen perjudiciales para la masa, si se realizan dentro de los nueve (9) meses anteriores a la fecha de solicitud de Reestructuración Mercantil, las operaciones realizadas por el deudor con las personas siguientes:

I) Su administrador o miembros de su órgano de administración, o bien con el cónyuge, ascendientes, descendientes, colaterales y afines hasta el cuarto grado ;

II) Aquellas personas físicas que conjunta o separadamente representen, directa o indirectamente, al menos el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado del deudor, tengan poder decisorio en sus asambleas de accionistas, estén en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales del deudor;

III) Aquellas personas morales en las que exista coincidencia de los administradores, miembros del consejo de administración o principales directivos con las del deudor; y

IV) Aquellas personas morales controladas por el deudor, que ejerzan control sobre este último, o bien que sean controladas por la misma sociedad que controla al deudor.

Artículo 108 – Con respecto a la aplicación de los Artículos 103, 104 y 105, no procederá la declaración de nulidad cuando la transacción haya resultado provechosa para la masa.

Artículo 109 – Son nulas las siguientes transacciones a partir del momento en que hayan sido ejecutadas:

I) Actos de disposición a título gratuito traslativos de propiedad mobiliaria o inmobiliaria realizados después del inicio del procedimiento; y

II) Actos realizados por el Deudor después del inicio del procedimiento en violación de los Artículos 23, 25, 26 y 81.

Artículo 110 – Cuando se trate de actos no comprendidos en los supuestos previstos en los Artículos 105, 106 y 107 y 109, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejerza la acción en nulidad ante el Conciliador.

Artículo 111 – No podrá ser anulado el pago de una letra de cambio, de un pagaré a la orden o de un cheque. Sin embargo, el Conciliador puede ejercer una acción en restitución contra el girador de una letra de cambio o en los casos de giro por cuenta, contra el dador de la orden, así como contra el beneficiario de un cheque si se establece que estos tenían conocimiento del inicio del procedimiento de Reestructuración Mercantil.

Artículo 112 – El Conciliador tiene la responsabilidad de ejercer la acción de nulidad de los actos según lo establecido en este capítulo. La acción en nulidad también puede ser iniciada ante el Conciliador a solicitud de los acreedores.

Artículo 113 – La acción en nulidad debe ser iniciada dentro de los noventa (90) días calendarios de la designación del Conciliador por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio, o de la fecha en que el Conciliador adquiere conocimiento de la transacción anulable.

Artículo 114 – Cuando se resuelva la devolución a la masa de algún bien o suma de dinero se entenderá, aunque no se exprese, que deben devolverse también sus frutos o intereses correspondientes al tiempo en que se disfrutó la cosa o dinero.

Artículo 115 – Para efectos del cómputo de los frutos o intereses descritos en el artículo 114 aplicará lo convenido originalmente entre las partes o, en su defecto, el interés a la tasa promedio para depósitos bancarios publicada por el Banco Central de la República Dominicana durante el tiempo de que se trate.

Artículo 116 – Si los terceros de buena fe devolvieren lo que hubieren recibido del deudor, podrán solicitar el descargo correspondiente.

Artículo 117 – El que hubiere adquirido de mala fe bienes en fraude a los acreedores, responderá por los daños y perjuicios que ocasionare a la masa, aún cuando los bienes se hubieren pasado a un tercero o se hubieren perdido.

Párrafo I. La misma responsabilidad recae sobre el que, para eludir los efectos de la anulación, hubiere destruido u ocultado los bienes objeto de la misma.

Capítulo IX Reconocimiento de las Acreencias

A. De la declaración de las acreencias

Artículo 118 – Los acreedores declararán ante el Conciliador las acreencias que tengan un origen anterior a la fecha de la solicitud de Reestructuración Mercantil en el plazo de sesenta (60) días calendario a partir de la publicación de la existencia de la solicitud de Reestructuración Mercantil conforme al numeral ii del Artículo 13.

Artículo 119 – La declaración de las acreencias puede ser hecha por el acreedor o por cualquier dependiente o mandatario de su elección debidamente calificado, y deberá contener lo siguiente:

I) Las generales y domicilio del acreedor;

II) La designación de un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del deudor, de ser diferente al domicilio del acreedor, o de un medio alternativo de comunicación para ser notificado, tal como fax o correo electrónico;

III) El importe de la acreencia con la indicación de las sumas a vencer y la fecha de sus vencimientos;

IV) Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito;

V) El grado y prelación que a juicio del solicitante, y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, corresponda al crédito cuyo reconocimiento solicita;

VI) Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, judicial o arbitral, que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate; y

VII) Cuando la acreencia no esté establecida por un título ejecutorio, la declaración del acreedor sobre la sinceridad de la acreencia.

Artículo 120 – La declaración de las acreencias deberá presentarse firmada por el acreedor, en los formatos que al efecto determine el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio, con copia anexa de los documentos en los que se base el solicitante, cuyos originales debe mostrar a solicitud del Conciliador. En caso de que éstos no estén en su poder, deberá indicar el lugar en donde se encuentran y demostrar que inició los trámites para obtenerlos.

Artículo 121 – Cuando se trata de acreencias en moneda extranjera, el pago se realizara en la moneda pactada y, a falta de pacto expreso, en moneda nacional.

Artículo 122 – Las acreencias que no han sido declaradas de conformidad con el artículo 118 no podrán participar en el procedimiento de Reestructuración Mercantil.

Artículo 123 – Los acreedores cuya acreencia no haya sido declarada de acuerdo con el articulo 118 podrán solicitar el reconocimiento de la acreencia, si el incumplimiento del plazo se debió a una causa de fuerza mayor. Los acreedores con garantía que no hayan sido notificados del inicio del procedimiento o de la designación del Conciliador podrán declarar sus acreencias en cualquier momento.

Párrafo I. Excepcionalmente, el Conciliador podrá admitir las acreencias declaradas tardíamente por razones diferentes a causa de fuerza mayor, siempre que sean declaradas antes de la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil, y que la falta de declaración de la acreencia dentro del plazo establecido en el artículo 118 no haya respondido, al solo juicio del Conciliador, a mala fe de parte del acreedor.

Artículo 124 – La declaración de las acreencias interrumpe la prescripción de los créditos.

B. Del reconocimiento de las acreencias

Artículo 125 – El Conciliador decidirá sobre el reconocimiento o rechazo de las acreencias y preparará, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a su designación, una lista provisional de reconocimiento de créditos en el formato establecido por el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio. Deberá decidir además sobre los créditos que puedan ser determinados en base a la contabilidad del deudor, no obstante que el acreedor no haya solicitado su reconocimiento.

Artículo 126 – El Conciliador deberá reconocer aquellos créditos ciertos y los que puedan ser determinados con base en la información provista por el Deudor y los acreedores, en la cuantía, grado y prelación que a éstos corresponda conforme a esta Ley.

Artículo 127 – El Conciliador también deberá incluir en la lista provisional de reconocimiento de créditos la lista de las acreencias resultantes de los contratos de trabajo, verificados de acuerdo a los Artículos 142 y 143.

Artículo 128 – Cuando en un procedimiento judicial haya dictado sentencia ejecutoria, resolución administrativa firme o laudo arbitral definitivo anterior a la fecha de inicio del procedimiento de Reestructuración Mercantil, mediante la cual se declare la existencia de un derecho de crédito en contra del deudor, el acreedor de que se trate deberá presentar al Conciliador copia certificada de dicha resolución, y el Conciliador deberá reconocer el crédito en los términos de la resolución.

Artículo 129 – Cuando el cónyuge del deudor en Reestructuración Mercantil tenga en contra de éste, créditos por contratos onerosos o por pagos de deudas del deudor se presumirá, salvo prueba en contrario, que los créditos se han constituido y que las deudas se han pagado con bienes del deudor, por lo que el cónyuge no podrá ser considerado como acreedor.

Artículo 130 – En la lista provisional de reconocimiento de créditos el Conciliador deberá incluir, respecto de cada crédito, la información siguiente:

I) Las generales y domicilio del acreedor;

II) La cuantía del crédito que estime debe reconocerse;

III) Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre ellas el tipo de documento que evidencie el crédito,

IV) El grado y prelación que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estime le correspondan al crédito; y

V) Una nota explicativa indicando que dicho listado se elaboro a partir de las acreencias registradas en la contabilidad del deudor o de la documentación presentada por los acreedores.

Artículo 131 – El Conciliador deberá integrar a la lista provisional de reconocimiento de créditos, una relación en la que exprese, respecto de cada crédito, las razones y las causas en las que apoya su propuesta, justificando las diferencias que, en su caso, existan con respecto a lo registrado en la contabilidad del deudor o a lo solicitado por el acreedor. Asimismo, deberá incluir una lista razonada de aquellos créditos cuyo reconocimiento fue solicitado y que propone no reconocer.

Artículo 132 – El Conciliador deberá acompañar la lista provisional de reconocimiento de créditos de copia de aquellos documentos que considere hayan servido de base para su formulación, los cuales formarán parte integral de la lista, e indicar el lugar en donde se encuentren y puedan ser localizados los documentos originales.

C. De la clasificación de los créditos

Artículo 133 – Los créditos incluidos en la lista provisional de reconocimiento de créditos se clasificarán en privilegiados o garantizados, quirografarios y subordinados.

Artículo 134 – A efectos de esta Ley, son créditos subordinados los siguientes:

I) Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor;

II) Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía;

III) Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias;

IV) Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refieren los artículos 106 y 107;

V) Los créditos que como consecuencia de la anulación de una transacción resulten a favor de quien en la decisión haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado;

Párrafo I. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el deudor los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en el numeral IV) anterior, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los nueve (9) meses anteriores a la solicitud de Reestructuración Mercantil.

 D. De la contestación a la lista provisional de reconocimiento de créditos

Artículo 135 – La lista provisional de reconocimiento de créditos será notificada a los acreedores y al deudor, los cuales tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para notificar al Conciliador su desacuerdo con el reconocimiento o rechazo de una acreencia determinada. La falta de respuesta en este plazo impide toda contestación ulterior a la lista propuesta por el Conciliador.

Artículo 136 – El Conciliador deberá citar a quienes contesten la lista y conocer sus explicaciones. Ninguna acreencia podrá ser rechazada, en todo o en parte, hasta haber sido oídos o citados el acreedor y el deudor.

E. De la lista definitiva de reconocimiento de créditos

Artículo 137 – El Conciliador contará con un plazo de treinta (30) días calendario a partir del plazo establecido en el artículo 125 para la formulación y presentación al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio de la lista de reconocimiento de créditos definitiva, incluyendo los créditos fiscales y laborales que hasta este plazo hubieren sido notificados al deudor, anexando en su caso todas las solicitudes adicionales presentadas con posterioridad a la elaboración de la lista provisional de créditos.

Artículo 138 – Al día siguiente de que el Conciliador entregue la lista, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio la pondrá a disposición del deudor y los acreedores o sus interventores.

Artículo 139 – Si el Conciliador no presenta la lista definitiva al vencimiento del plazo al que se refiere el artículo 137, el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio hará los requerimientos que sean necesarios al efecto y, en caso de que no la presente en los cinco (5) días hábiles subsiguientes, podrá designar a un nuevo Conciliador.

Artículo 140 – Los acreedores cuyas acreencias no hayan sido reconocidas en la lista definitiva de reconocimiento de créditos no formarán parte del Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 141 – El Conciliador no será responsable por los errores u omisiones que aparezcan en la lista definitiva de reconocimiento de créditos, que tengan como origen la falta de registro del crédito o cualquier otro error en la contabilidad del deudor, y que pudieran haberse evitado con la solicitud de reconocimiento del crédito o con la formulación de objeciones a la lista provisional de reconocimiento de créditos.

F. Del reconocimiento de los créditos laborales

Artículo 142 – El estado de los créditos resultantes de los contratos de trabajo es sometido por el Conciliador al representante de los trabajadores para verificación dentro de los treinta (30) días calendario de la designación del Conciliador. El Conciliador debe comunicar al representante de los trabajadores todos los documentos e informaciones útiles para la verificación.

Artículo 143 – Una vez verificada por el representante de los trabajadores, la lista de las acreencias resultantes del contrato de trabajo es incluida en la lista provisional de reconocimiento de créditos, habiendo sido debidamente citado el deudor, y puesta a disposición de los trabajadores.

Artículo 144 – El trabajador cuya acreencia no figura en todo o en parte en dicha lista puede apoderar a pena de caducidad al tribunal de trabajo, en un plazo de dos (2) meses a contar de la fecha en que la lista fue puesta a disposición del representante de los trabajadores, a fin de hacer reconocer su acreencia. Puede requerir al representante de los trabajadores asistirle ante dicha jurisdicción.

Párrafo I. En ese caso el deudor y el Conciliador deben ser citados ante el Tribunal de Trabajo.

Artículo 145 – Las instancias en curso ante los tribunales de trabajo, a la fecha de inicio de la solicitud de Reestructuración Mercantil, son proseguidas en presencia del representante de los trabajadores y del Conciliador o habiendo sido éstos debidamente citados al tribunal.

G. De la cesión de créditos

Artículo 146 – En caso de que un acreedor transmita la titularidad de sus créditos por cualquier medio deberá, al igual que el adquirente, notificar la transmisión y sus características al Conciliador.

Capítulo X Cesión de la Empresa

A. Propuesta de Cesión de la Empresa

Artículo 147 – A partir de su designación el Conciliador deberá determinar si la cesión de la empresa es una alternativa viable para que los acreedores recuperen la totalidad de sus créditos. Para esto nombrará a un profesional calificado previa consulta con el deudor y el comité de acreedores para que inicie el proceso de valuación que llevara a la determinación del precio de cesión de la empresa y sus posibilidades de concluir con éxito la transacción de cesión.

Artículo 148 – Las personas relacionadas con el deudor en los términos de los artículos 106 y 107 no podrán ser admitidas para presentar una oferta.

Artículo 149 – La cesión tiene por objeto la continuación de las operaciones de la empresa, la preservación de todo o parte de los empleos y el pago de los pasivos. La cesión puede ser total o parcial. En este último caso, recae sobre el conjunto de los elementos de explotación que forman una o más ramas completas y autónomas de actividades.

Artículo 150 – Toda propuesta de cesión presentada al tercero independiente encargado de realizar el proceso de cesión de la empresa deberá indicar lo siguiente:

Párrafo I: Luego de evaluadas las propuestas recibidas por el tercero independiente, este recomendara al Conciliador cual es la mejor propuesta de cesión por medio de un informe motivado.

I) El precio de cesión, las modalidades de pago, así como la fuente de los recursos financieros para realizar el pago;

II) El Plan de pago a los acreedores;

III) La fecha de la realización de la cesión; y

IV) Las garantías suscritas para asegurar la ejecución de la oferta;

Artículo 151 – Si con el precio de venta de la propuesta recomendada se pagan la totalidad de las acreencias el Conciliador procederá a llevar a cabo la cesión de la empresa.

Articulo 152 – Si con el precio de venta de la propuesta recomendada no es suficiente para pagar la totalidad de las acreencias, el Conciliador deberá obtener la aprobación del comité de acreedores para poder proceder a la cesión de la empresa.

Párrafo I: En caso de que el comité de acreedores no aprobase la cesión de la empresa, se procederá a continuar el Plan de Reestructuración Mercantil.

Capítulo XI El Plan de Reestructuración Mercantil

A. Del plazo para la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil

Artículo 153 – El Plan de Reestructuración Mercantil deberá ser aprobado dentro de los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la fecha de designación del Conciliador.

Párrafo I. El Conciliador, el deudor y el comité de acreedores podrán acordar una prórroga de hasta noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha en que concluya el plazo señalado en el artículo anterior, cuando consideren que la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil esté próxima a ocurrir.

Párrafo II. El Conciliador, podrá prorrogar de oficio el plazo que establece el artículo anterior máximo a (30) días calendario en casos extraordinarios.

Párrafo III. El deudor y el comité de acreedores podrán solicitar al Conciliador una ampliación de hasta sesenta (60) días calendario en adición a la prórroga a que se refiere el párrafo anterior.

Párrafo IV. En ningún caso el plazo para la entrada en vigor del Plan de Reestructuración Mercantil podrá exceder de un (1) año contado a partir de la fecha en que se hubiese iniciado el procedimiento de Reestructuración Mercantil.

B. De la preparación del Plan de Reestructuración Mercantil

Artículo 154 – El Conciliador tendrá a su cargo la elaboración de una propuesta de Plan de Reestructuración Mercantil de la empresa, para determinar que acciones se requieren para continuar la vida de la empresa. El Conciliador podrá reunirse con el deudor, el representante de los trabajadores y con el comité de acreedores ya sea conjunta o separadamente y comunicarse con ellos de cualquier forma. Deberá informar del avance de los trabajos al representante de los trabajadores, al deudor y al comité de acreedores.

Párrafo I. El deudor estará obligado a colaborar con el Conciliador y sus Auxiliares Expertos y a proporcionarle la información que éste considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

Párrafo II. En caso de que el deudor no colabore con el Conciliador y sus Auxiliares Expertos, el Conciliador notificara por escrito y mediante Acto de Alguacil al deudor su falta de colaboración con un traslado al comité de acreedores. Si no se logra la colaboración deseada en los próximos quince (15) días calendario, el Conciliador realizara una segunda notificación por escrito mediante Acto de Alguacil. En caso de no obtener la colaboración deseada el Conciliador dará por terminado el proceso de Reestructuración Mercantil y solicitara la Liquidación Judicial.

Párrafo III. Si la solicitud de Reestructuración Mercantil fue presentada por el deudor, el Conciliador deberá partir de la propuesta de acuerdo de pago presentada por el deudor con su solicitud.

Párrafo IV: El Plan de Reestructuración Mercantil debe ser aprobado, primero por el comité de acreedores, y luego por la junta de directores y la asamblea de accionistas del deudor.

Artículo 155 – El Conciliador puede obtener de organismos públicos, suplidores y proveedores, de instituciones de previsión y de seguridad social, datos que den información exacta sobre la situación económica y financiera de la empresa.

Artículo 156 – El Conciliador ordenará la realización de los estudios y avalúos que considere necesarios para la preparación del Plan de Reestructuración Mercantil, poniéndolos, por conducto del Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio, a disposición de los acreedores y del deudor con excepción de aquella información que tenga el carácter de confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

Párrafo I: El Conciliador preparará un plan de negocios a cinco (5) años, que contemple, balance general, estado de resultado y un estado de flujo de efectivos, así como una valuación de los activos de la empresa.

Artículo 157 – Serán nulos los convenios particulares entre el deudor y cualesquiera de sus acreedores celebrados al margen del Plan de Reestructuración Mercantil a partir de la solicitud de Reestructuración Mercantil

Párrafo I. No obstante, el deudor podrá solicitar a las autoridades fiscales condonaciones o autorizaciones en los términos de las disposiciones aplicables. Los términos de las resoluciones de autorizaciones o condonaciones relativas al pago de las obligaciones fiscales deberán incluirse en el Plan de Reestructuración Mercantil.

C. Del contenido del Plan de Reestructuración Mercantil

Artículo 158 – El Plan de Reestructuración Mercantil contempla la continuación total o parcial de la actividad de la empresa y el pago a los acreedores reconocidos, con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos.

Párrafo I. Cuando el Plan de Reestructuración Mercantil contiene proposiciones de enajenación de determinadas unidades productivas a favor de una persona física o moral determinada, las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta.

Párrafo II. En el Plan de Reestructuración Mercantil se podrá estipular que los créditos se mantengan en la moneda, unidad de valor o denominación en que fueron originalmente pactados.

Artículo 159 – Cuando para el cumplimiento de los pagos a acreedores se prevea contar con los recursos que genere la continuación de la actividad empresarial, la propuesta deberá describir un Plan de Reestructuración Mercantil en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros.

Artículo 160 – El Plan de Reestructuración Mercantil podrá contener proposiciones de pago alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.

Párrafo I: El Plan de Reestructuración Mercantil podrá establecer que las acreencias no garantizadas se pagaran total o parcialmente, de acuerdo a las condiciones que muestre la depuración del pasivo, en efectivo, con nueva deuda, con acciones o cualquier otro mecanismo con tratamiento igualitario para todos los acreedores.

Párrafo II: El Plan de Reestructuración Mercantil debe describir elementos a tomar en consideración; por ejemplo, si con las ventas de activos se disminuye la carga financiera y la empresa puede seguir operando; las ventas de activos para generar efectivo para pagar a los acreedores; determinar cierre de unidades productivas; determinar las necesidades de financiamiento para mantener la compañía operando; determinar como van a cobrar los acreedores garantizados y para los no garantizados determinar el monto de la reducción de deuda, determinar cuanto de la deuda se convierte en acciones y determinar cuanto se queda como deuda nueva, lo cual dependerá del nivel de endeudamiento que soporte la empresa.

Artículo 161 – Si el Plan de Reestructuración Mercantil propone la terminación de contratos de trabajo, se hará una consulta previa con el representante de los trabajadores.

D. De la depuración del pasivo

Artículo 162 – En relación con el pago de las acreencias, el Plan de Reestructuración Mercantil debe prever un tratamiento equivalente para los créditos de una misma clase, sin perjuicio del orden de prelación legal existente entre ellos, a menos que un acreedor haya consentido voluntariamente a un tratamiento menos favorable con respecto a una acreencia en particular.

Artículo 163 – El Plan de Reestructuración Mercantil podrá establecer reducciones de deuda y los términos y condiciones en que se realizara el pago de la deuda. No obstante, no pueden ser objeto de remisiones ni de plazos:

I) Las acreencias garantizadas por el privilegio establecido en el Código de Trabajo u otros aportes relativos a la seguridad social o salud del trabajador;

II) Las acreencias resultantes de un contrato de trabajo garantizadas por los privilegios previstos en el párrafo cuarto del Artículo 2101 y el segundo del Artículo 2104 del Código Civil cuando el importe de estas no ha sido avanzado por las instituciones correspondientes o no ha sido objeto de una subrogación;

III) Las obligaciones fiscales vigentes a menos que se acuerde con la autoridad fiscal según lo establecido en el Párrafo I del Artículo 157 de esta Ley; y

IV) Los créditos garantizados y privilegiados.

Artículo 164 – El Plan de Reestructuración Mercantil deberá prever el pago del valor de las garantías correspondientes a los créditos garantizados o privilegiados, tomando en cuenta el orden de preferencia existente entre ellos.

E. Aspectos particulares a las personas morales

Artículo 165 – Cuando el Conciliador proponga un Plan de Reestructuración Mercantil que prevea la modificación del capital de un deudor que es una persona moral, debe requerir al órgano de control de la sociedad (Consejo de Directores, Administración o Presidente –Administrador) o bien a los funcionarios con capacidad determinada, según el caso, convocar la Asamblea General Extraordinaria, o la asamblea de accionistas que sea necesaria. La convocatoria de esta se hace en las formas y plazos que determinan los estatutos sociales o el Código de Comercio para casos de urgencia.

Párrafo I. Esta Asamblea podrá conocer de los siguientes asuntos:

a) Aportes adicionales de capital de los actuales accionistas para proveer a la empresa el efectivo necesario para que pueda continuar sus operaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan de Reestructuración;

b) De la aprobación o rechazo del Plan de Reestructuración;

c) Si el Plan es aprobado la Asamblea procederá a tomar las previsiones necesarias para su ejecución, entre las que podrían estar: reducción del valor nominal de las acciones ya emitidas, eliminación total o parcial del capital suscrito y pagado, conversión de acreencias en acciones, emisión de nuevas acciones, contratación de nuevas acreencias o modificación de las actuales, sustitución de funcionarios o empleados y cambios en la composición del Consejo de Directores;

Párrafo II. En caso de que el Plan de Reestructuración sea rechazado y los accionistas no realicen los aportes en efectivos y demás disposiciones establecidas en el Plan se solicitará la Liquidación Judicial.

Párrafo III. Los compromisos tomados por los accionistas o por los nuevos suscriptores de acciones están subordinados en su ejecución a la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 166 – Las cláusulas estatutarias que restrinjan el acceso de nuevos accionistas o socios deberán ser objeto de modificación, previa aprobación de los accionistas, siempre y cuando el Conciliador estime conveniente eliminar barreras estatutarias para el mejoramiento de la empresa conforme el Plan de Reestructuración Mercantil.

F. De la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil

Artículo 167 – El Conciliador deberá adjuntar a la propuesta de Plan de Reestructuración Mercantil lo siguiente:

I) Un resumen del mismo, que contenga sus características principales expresadas de manera clara y ordenada;

II) Información sobre la situación financiera del deudor, o referencia de donde dicha información esta disponible para los acreedores;

III) Cualquier información no financiera de su conocimiento que pudiera tener un impacto en la actividad futura del deudor;

IV) Una explicación de las perspectivas de operación futura y reestructuración exitosa de la empresa; y

V) Un plan de negocios de cinco (5) años para la empresa.

Párrafo I. La propuesta de Plan de Reestructuración Mercantil deberá exhibirse en los formatos que dé a conocer el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio.

Artículo 168 – Para ser aprobado, el Plan de Reestructuración Mercantil deberá ser aceptado por el deudor y por el Comité de Acreedores.

Artículo 169 – El Conciliador, una vez que cuenta con la opinión favorable del deudor y del comité de acreedores para la aprobación de la propuesta de Plan de Reestructuración Mercantil, la notificará a los acreedores reconocidos para que en un plazo de diez (10) días hábiles suscriban el Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 170 – Podrán suscribir el Plan de Reestructuración Mercantil todos los acreedores reconocidos con excepción de los acreedores por créditos resultantes de los contratos de trabajo.

Artículo 171 – La suscripción del Plan de Reestructuración Mercantil por parte de los acreedores reconocidos con garantía real o con privilegio especial, no implica la renuncia a sus garantías o privilegios, por lo que subsistirán para garantizar el pago de los créditos a su favor en los términos del Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 172 – El Conciliador presentará al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio el Plan de Reestructuración Mercantil debidamente suscrito por el deudor y el comité de acreedores. La presentación se hará en el formato establecido por el Centro.

G. De la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil

Artículo 173 – El Plan de Reestructuración Mercantil designa a las personas encargadas de ejecutarlo, su remuneración, y menciona el conjunto de los compromisos que han sido suscritos y que son necesarios para la reestructuración de la empresa. Estos compromisos versan sobre el futuro de la actividad, las modalidades de mantenimiento y de financiamiento de la empresa, los acuerdos de pago del pasivo nacido anteriormente a la sentencia de apertura, así como si hay lugar, las garantías provistas para asegurar su ejecución.

Artículo 174 – Con la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil, se dará por terminado el procedimiento de reestructuración y cesarán en sus funciones los funcionarios del mismo.

Artículo 175 – Las acciones incoadas antes de la aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil por el Conciliador son proseguidas por el encargado para la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 176 – La aprobación del Plan de Reestructuración Mercantil crea la novación de las obligaciones del deudor y los acreedores en lo concerniente a lo aprobado en el Plan de Reestructuración Mercantil.

Artículo 177 – Cualquier modificación al Plan de Reestructuración Mercantil deberá ser aprobada por el deudor y el comité de acreedores.

Artículo 178 – Es competente el Tribunal de Primera Instancia en atribuciones comerciales para conocer de las controversias surgidas con respecto a la aprobación o ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil. Las decisiones relativas a la ejecución o modificación del Plan de Reestructuración Mercantil son susceptibles de apelación de parte del deudor, del encargado de la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil y el comité de acreedores.

H. Conversión a Liquidación Judicial

Artículo 179 – Sin perjuicio de lo establecido en el Párrafo I del artículo 19 y en los artículos 20, 38 y 86, el Conciliador podrá dar por terminado el procedimiento de reestructuración y recomendar la Liquidación Judicial cuando considere la falta de disposición del deudor o del Comité de Acreedores para suscribir un Plan de Reestructuración Mercantil en términos de esta Ley o la imposibilidad de hacerlo. La recomendación del Conciliador deberá razonar las causas que la motivaron y ser notificada al deudor y los acreedores.

Artículo 180 – Cualquier parte interesada puede requerir al tribunal la conversión del procedimiento a Liquidación Judicial. Si el Plan de Reestructuración Mercantil no fue aprobado dentro de los plazos propuestos por el artículo 153.

Párrafo I. La conversión a Liquidación Judicial puede ser solicitada en caso de que el Conciliador no proceda al reconocimiento de las acreencias dentro de los plazos previstos por esta ley y el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio no haya tomado las medidas descritas en el artículo 139, sin que medie una causa justificada para el incumplimiento. Esta solicitud no suspenderá el curso del procedimiento de Reestructuración Mercantil.

Artículo 181 – El tribunal apoderado de un recurso conforme al artículo 180 puede ordenar la apertura del proceso de Liquidación Judicial.

Artículo 182 – Si el deudor no ejecuta sus compromisos en los plazos fijados por el Plan de Reestructuración Mercantil, el tribunal, a demanda de un acreedor o del encargado para la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil, debidamente oídas o citadas las partes interesadas, puede pronunciar la resolución del Plan de Reestructuración Mercantil y la apertura del procedimiento de Liquidación Judicial.

Título Primero Disposiciones Preliminares SUMARIO Título Tercero La Liquidación Judicial