Título Sexto Bancarrota y Otras Infracciones

Rep. Dominicana - Ley de reestructuración mercantil o liquidación judicial de empresas en la república dominicana

Título Quinto Quiebra Personal y Otras Medidas de Interdicción SUMARIO Título Séptimo Disposiciones Diversas

Capítulo I Bancarrota

Artículo 272 – Las disposiciones del presente capítulo son aplicables:

I) A todo comerciante y a los que realicen actividades propias de comerciantes;

II) A toda persona que, directa o indirectamente, de derecho o de hecho dirija o liquide una persona moral comerciante; y

III) A las personas físicas representantes permanentes de personas morales, que dirijan las personas morales definidas en el segundo numeral.

Artículo 273 – En caso de apertura de un procedimiento de Reestructuración Mercantil o Liquidación Judicial, son culpables de bancarrota las personas mencionadas en el artículo 272 a las cuales se les imputa uno de estos hechos:

I) Tener la intención de evitar o retardar la apertura del procedimiento de reestructuración mercantil o Liquidación Judicial, o hacer compras en vista de una reventa a precio vil o empleando medios ruinosos para procurarse fondos;

II) Haber desviado o disimulado todo o parte del activo del deudor; III) Haber aumentado el pasivo del deudor fraudulentamente; IV) Haber llevado una contabilidad ficticia, o hecho desaparecer documentos contables de la empresa o de la persona moral o haberse abstenido de llevar la contabilidad, cuando la ley lo haga obligatorio; V) Haber llevado una contabilidad manifiestamente incompleta o irregular según las regulaciones y disposiciones legales.

Artículo 274 – La bancarrota es sancionada con cinco (5) años de prisión y multa de hasta doscientos cincuenta (250) salarios mínimos.

Párrafo I. Incurren en las mismas penas los cómplices de bancarrota, aunque no tengan calidad de comerciantes, o no dirijan directa o indirectamente, de derecho o de hecho, a una persona moral comerciante.

Artículo 275 – Las personas físicas culpables de las infracciones previstas por el artículo 273, y sus cómplices, incurren igualmente en las penas complementarias siguientes:

I) La pérdida de los derechos cívicos, civiles y de familia; y

II) La interdicción por una duración de cinco años o más de ejercer una función pública, o de ejercer la actividad profesional o social en el ejercicio o en la ocasión del ejercicio en la cual la infracción ha sido cometida.

Artículo 276 – La jurisdicción represiva que reconozca que una de las personas mencionadas en el artículo 272 es culpable de bancarrota puede además pronunciar la quiebra personal de éste, o la interdicción prevista en el artículo 262.

Artículo 277 – Cuando una jurisdicción represiva y una jurisdicción civil o comercial hayan, por decisiones definitivas, pronunciado respecto de una persona la quiebra personal o la interdicción prevista en el artículo 262 en ocasión de iguales hechos, la medida ordenada por la jurisdicción represiva es la única ejecutada.

Artículo 278 – Las personas morales pueden ser declaradas responsables penalmente de las infracciones previstas en los artículos 273 y 274.

Párrafo I. Las penas incurridas por las personas morales son:

I) La multa de hasta mil doscientos cincuenta (1,250) salarios mínimos;

II) La disolución;

III) La interdicción a título definitivo o por una duración de hasta cinco años de ejercer la actividad en la cual la infracción ha sido cometida;

IV) El cierre definitivo o por una duración de hasta cinco años de los establecimientos de la empresa que han servido para cometer los hechos incriminados;

V) La interdicción a título definitivo o por una duración de hasta cinco años de actuar como sociedad de suscripción pública; y

VI) La publicación de la decisión en un periódico de circulación nacional.

Capítulo II Otras Infracciones

Artículo 279 – Es sancionado con prisión de hasta dos años y una multa de hasta ciento veinticinco (125) salarios mínimo o con una de estas penas solamente:

I) Todo comerciante, o todo dirigente, de derecho o de hecho, remunerado o no, de una persona moral, que durante el procedimiento de Reestructuración Mercantil haya consentido una hipoteca o una prenda o un acto de disposición sin la debida autorización, o pagado en todo o en parte una deuda nacida con anterioridad al inicio del procedimiento;

II) Todo comerciante o todo dirigente, de derecho o de hecho, remunerado o no, de una persona moral que haya efectuado un pago en violación de las modalidades de pago del pasivo previsto en el Plan de Reestructuración Mercantil, sin que haya mediado una autorización del tribunal;

III) Toda persona que durante el proceso de reestructuración o el de ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil en conocimiento de la situación del deudor, ha efectuado con éste uno de los actos mencionados en los numerales I) y II) de este artículo o ha recibido por ello, un pago irregular.

Artículo 280 – Son sancionados con las penas previstas por los artículos 274 y 275: Artículo 281 – El cónyuge, los descendientes, los ascendientes, los colaterales o los aliados de las personas mencionadas en el artículo 268, que han destruido, desviado u ocultado efectos pertenecientes al activo del deudor sometido a un procedimiento de Reestructuración Mercantil, son sancionados con tres (3) años de prisión y multa de hasta ciento veinticinco (125) salarios mínimos.

I) Aquellos que en el interés de las personas mencionadas en el artículo 272, han sustraído, ocultado o disimulado parte de los bienes muebles o inmuebles de aquellos;

II) Aquellos que fraudulentamente han declarado acreencias supuestas en el procedimiento de Reestructuración Mercantil o de Liquidación Judicial sea en su nombre, sea por personas interpuestas.

III) Aquellos que, ejerciendo una actividad comercial bajo el nombre del otro o bajo nombre supuesto, se han hecho culpables de los hechos previstos en el artículo 283.

Artículo 282 – En el caso previsto en los artículos precedentes, la jurisdicción apoderada estatuye aún cuando los prevenidos sean puestos en libertad:

I) De oficio, sobre la reintegración en el patrimonio del deudor de todos los bienes, derechos o acciones que han sido fraudulentamente sustraídos;

II) Sobre los daños y perjuicios que hayan sido demandados.

Artículo 283 – Es sancionado con prisión de hasta cinco (5) años y multa de hasta mil doscientos cincuenta (1,250) salarios mínimos todo Conciliador, administrador, Liquidador o encargado de la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil que:

I) Ha atentado voluntariamente contra los intereses de los acreedores o del deudor utilizando en su provecho las sumas percibidas en el cumplimiento de su misión o haciéndose atribuir las ventajas a sabiendas que son indebidas; y

II) Por hacer uso, en su interés, de los poderes del cual era depositario a sabiendas de que actuaba en contra de los intereses de los acreedores o del deudor.

Párrafo I. Es castigado con las mismas penas todo Conciliador, administrador, Liquidador, encargado de la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil o toda persona que habiendo participado a cualquier título en el procedimiento, se hace adquiriente por su cuenta, directa o indirectamente, de bienes del deudor o los utiliza en su provecho. La jurisdicción apoderada pronuncia la nulidad de la adquisición y estatuye sobre los daños y perjuicios que sean demandados.

Párrafo II. Es castigado con las mismas penas el acreedor que después de la apertura del procedimiento de Reestructuración Mercantil o la Liquidación Judicial realiza una convención que comporta una ventaja particular a cargo del deudor. La jurisdicción apoderada pronuncia la nulidad de dicha convención.

Artículo 284 – Son sancionados en los Artículos 274 y 275 las personas mencionadas en los numerales II) y III) del Artículo 272 que hayan obrado para sustraer todo o parte de sus patrimonios a las persecuciones de la persona moral que ha sido objeto del inicio de un proceso de reestructuración mercantil o de una sentencia de apertura de Liquidación Judicial y aquellos asociados o los acreedores de la persona moral que de mala fe han distraído o disimulado; o que han intentado distraer o disimular; todo o parte de sus bienes o se hayan hecho reconocer deudores fraudulentamente de sumas que ellos no debían.

Capítulo III Reglas del Procedimiento

Artículo 285 – Para la aplicación de las disposiciones de los Capítulos I y II del presente título, la prescripción de la acción pública no corre sino desde el día del inicio del procedimiento de Reestructuración Mercantil o de la fecha de la sentencia que pronuncia la apertura del procedimiento de la Liquidación Judicial cuando los hechos incriminados han ocurrido antes de dicha fecha.

Artículo 286 – La jurisdicción represiva es apoderada a persecución del Ministerio Público o sobre la base de una constitución en parte civil del Conciliador, del representante de los trabajadores, de la persona encargada para la ejecución del Plan de Reestructuración Mercantil, de los acreedores o del Liquidador.

Artículo 287 – El ministerio público puede requerir del Conciliador, administrador o Liquidador la entrega de todos los actos y documentos detentados por estos últimos.

Artículo 288 – Los gastos de la persecución intentada por las personas enumeradas en el Artículo 291 son declarados de oficio en caso de puesta en libertad.

Artículo 289 – Las sentencias de condenación dictadas en aplicación del presente título son publicadas a expensas del condenado.

Título Quinto Quiebra Personal y Otras Medidas de Interdicción SUMARIO Título Séptimo Disposiciones Diversas