Título Tercero La Liquidación Judicial

Rep. Dominicana - Ley de reestructuración mercantil o liquidación judicial de empresas en la república dominicana

Título Segundo Régimen General De Reestructuración Mercantil SUMARIO Título Cuarto Disposiciones Particulares para las Personas Morales y sus Dirigentes

Capítulo I Régimen de Liquidación Judicial

A. De la apertura del procedimiento

Artículo 183 – El procedimiento de Liquidación Judicial es abierto a solicitud de los comerciantes en estado insolvencia o cesación de pagos cuya actividad haya cesado o cuya reestructuración sea manifiestamente imposible. Puede ser abierto igualmente a solicitud de un acreedor, cualquiera que sea la naturaleza de su crédito.

Párrafo I. El procedimiento se realiza según las modalidades previstas en los artículos 10 y 11, según sean aplicables. La solicitud del deudor deberá estar acompañada de los documentos descritos en los numerales I) al VII) del artículo 7.

Artículo 184 – El procedimiento puede también ser iniciado por el Ministerio Público.

Artículo 185 – Es competente para conocer de la solicitud de Liquidación Judicial el Tribunal de Primera Instancia del domicilio del deudor en atribuciones comerciales.

Artículo 186 – El tribunal estatuye sobre la apertura del procedimiento, después de haber sido llamados y oídos en cámara de consejo, el deudor, el representante del comité de acreedores y cualquier persona cuya audición parezca útil.

Artículo 187 – En la sentencia de apertura del procedimiento, el tribunal designa a un juez comisario. Asimismo, ordena a la Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio que designe a un Liquidador a través del mecanismo aleatorio establecido por el Artículo 336, junto con la determinación de que, entretanto sea designado este funcionario, el deudor, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a los depositarios.

Párrafo I. Ningún pariente o afín hasta el cuarto grado inclusive del jefe de empresa o de sus administradores o gerentes o accionistas puede ser nombrado como juez comisario. No podrá ser nombrada en la función de Liquidador una persona respecto de la cual se verifique uno de los supuestos establecidos en el artículo 330.

Párrafo II. El juez podrá rechazar la designación que haga el Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio cuando se verifique alguno de los supuestos del artículo 330, debiendo notificarlo a la Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio para que realice una nueva designación.

Párrafo III. El nombramiento del Liquidador podrá ser impugnado ante el juez por el deudor y por cualquiera de los acreedores. La impugnación sólo se admitirá cuando se verifique alguno de los supuestos a que se refiere el Artículo 330. La impugnación se ventilará por la vía incidental.

Artículo 188 – Un representante de los trabajadores es designado en las condiciones previstas en los artículos 55 al 57. Ejercerá las funciones designadas en el artículo 195, así como cualquier otra función establecida por esta Ley.

Párrafo I. Las controversias relativas a la designación del representante de los trabajadores son de la competencia del tribunal.

B. De los efectos de la sentencia que pronuncia la Liquidación Judicial

Artículo 189 – La sentencia que pronuncia la Liquidación Judicial tiene los mismos efectos que los previstos para la Reestructuración Mercantil por los artículos 22 al 26. La prohibición de pago establecida en el artículo 25 no es obstáculo para el pago por compensación de créditos conexos.

Párrafo I. Todo acto o todo pago hecho en violación de las disposiciones de los artículos 23 o 25 se anularán a demanda de cualquier interesado presentada dentro de un plazo de tres (3) años a contar desde la conclusión del acto o del pago de la acreencia. Cuando el acto está sometido a publicidad, el plazo corre a partir de ésta.

Artículo 190 – Las instancias en curso suspendidas en virtud del artículo 22 permanecerán suspendidas hasta que el acreedor persiguiente proceda a la declaración de su acreencia. Estas instancias son reanudadas entonces de pleno derecho previa citación del Liquidador, pero tienden únicamente a la constatación de las acreencias y a la fijación de su importe.

C. De la declaración y verificación de las acreencias

Artículo 191 – A partir de los treinta (30) días calendario de la publicación de la sentencia de apertura del procedimiento, todos los acreedores cuyas acreencias tienen un origen anterior a la misma, con excepción de los trabajadores, dirigen la declaración de sus acreencias al Liquidador. Los acreedores titulares de una garantía objeto de publicidad o de un contrato de arrendamiento publicado son notificados personalmente y, sí ha lugar, en el domicilio elegido.

Párrafo I. La declaración de las acreencias puede ser hecha por el acreedor o por cualquier dependiente o mandatario de su elección.

Párrafo II. La declaración de las acreencias debe ser hecha aún cuando no estén establecidas por un título.

Artículo 192 – La declaración contiene el importe de la acreencia adeudada al día de la sentencia de apertura del procedimiento, con la indicación de las sumas a vencer y de la fecha de sus vencimientos. Dicha declaración debe precisar la naturaleza del privilegio o de la garantía de la cual la acreencia esté eventualmente provista.

Artículo 193 – Un acreedor, titular de obligaciones suscritas, endosadas o garantizadas solidariamente por dos o más co – obligados sometidos a un procedimiento de Liquidación Judicial puede declarar su acreencia por el valor nominal de su título en cada procedimiento.

Artículo 194 – El deudor remite al Liquidador la lista certificada de sus acreedores y de los importes de sus deudas.

Artículo 195 – El estado de los créditos resultantes de los contratos de trabajo es sometido para verificación por el Liquidador al representante de los trabajadores. El Liquidador debe comunicar todos los documentos e informaciones útiles. En caso de dificultad, el representante de los trabajadores puede dirigirse al Liquidador y, en su caso, puede apoderar al juez comisario.

Artículo 196 – Si hay discusión sobre todo o parte de una acreencia distinta de las laborales o de las acreencias a que se refiere el artículo 111, el Liquidador avisa al acreedor interesado y le invita a hacer conocer sus explicaciones. La falta de respuesta en el plazo de treinta (30) días calendario impide toda contestación ulterior a la propuesta del Liquidador.

Artículo 197 – En el plazo fijado por el tribunal, el Liquidador establece, después de haber solicitado las observaciones del deudor, una lista de las acreencias declaradas con las propuestas de admisión, de rechazo o de reenvío ante la jurisdicción competente. El Liquidador transmite esta lista al juez comisario.

Párrafo I. El Liquidador no puede ser remunerado por concepto de las acreencias declaradas que no figuren en la lista establecida en el plazo arriba mencionado.

Artículo 198 – A falta de declaración en el plazo fijado en el artículo 191, los acreedores no son admitidos en las reparticiones y dividendos, a menos que el juez comisario les levante la caducidad si establecen que el incumplimiento no les es imputable. En este caso, solo pueden concurrir a la distribución de reparticiones posteriores a su demanda. La caducidad no es oponible a los acreedores titulares de una garantía objeto de publicidad o de un contrato de arrendamiento publicado si estos no han sido notificados personalmente.

Párrafo I. La acción en levantamiento de caducidad solo puede ser ejercida en el plazo de un (1) año a partir de la sentencia de apertura del procedimiento. La apelación de la decisión del juez comisario que estatuye sobre el levantamiento de la caducidad es llevada ante la Corte de Apelación.

Párrafo II. Las acreencias que han sido declaradas y no han sido objeto del levantamiento de la caducidad quedan extinguidas.

Artículo 199 – No se procederá a la verificación de las acreencias quirografarias, si aparece que el producto de la realización del activo será enteramente absorbido por las costas judiciales y las acreencias privilegiadas, a menos que, tratándose de una persona moral, no haya lugar a poner a cargo de los dirigentes sociales de derecho o de hecho, remunerados o no, todo o parte del pasivo conforme al artículo 263.

Artículo 200 – En vista de las propuestas del Liquidador, el juez comisario decide la admisión o rechazo de las acreencias o constata que una instancia está en curso o que la contestación no entra dentro de su competencia. Solo puede rechazar en todo o en parte una acreencia, o declararse incompetente, después de haber sido oído o citado el Liquidador y las partes interesadas.

Artículo 201 – Cuando la materia es de la competencia del tribunal que ha abierto la Liquidación Judicial, el recurso contra las decisiones del juez comisario es llevado ante la Corte de Apelación. Dicho recurso está abierto al acreedor, al deudor o al Liquidador. Sin embargo, el acreedor cuya acreencia es discutida en todo o en parte y que no ha respondido al Liquidador en el plazo mencionado en el artículo 191 no puede ejercer el recurso contra la decisión del juez comisario cuando ésta confirma la propuesta del Liquidador.

Artículo 202 – Cuando la materia es de la competencia de otra jurisdicción, la notificación de la decisión de incompetencia pronunciada por el juez comisario hace correr un plazo de dos (2) meses, en el cual el demandante debe apoderar la jurisdicción competente a pena de caducidad.

Artículo 203 – Toda persona interesada, con exclusión de las mencionadas en el artículo 204 puede tomar conocimiento y hacer una reclamación dentro del plazo establecido en el artículo 191.

Artículo 204 – La decisión rendida por la jurisdicción apoderada es asentada en el estado depositado en la Secretaría del Tribunal. Los terceros interesados sólo pueden intentar la tercería contra esta decisión en el plazo de un (1) mes a contar de su trascripción en el estado por el Secretario del Tribunal.

Artículo 205 – El juez comisario estatuye en última instancia en los casos previstos en la presente sección, cuando el valor de la acreencia principal no exceda el límite de competencia en última instancia del tribunal que ha abierto el procedimiento.

D. De la determinación del activo

Artículo 206 – El Liquidador procede al inventario de los bienes de la empresa desde la apertura del proceso.

Artículo 207 – La ausencia de inventario no es obstáculo para el ejercicio de las acciones en reivindicación o en restitución a la masa, según lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 208 – La reivindicación de los bienes muebles es llevada a cabo conforme a los principios establecidos en los artículos 67 al 74.

Artículo 209 – Para determinar la consistencia de los bienes conyugales el Liquidador aplicará lo dispuesto por los artículos 75 al 77.

Artículo 210 – El Liquidador llevara a cabo las funciones establecidas para el Conciliador por los artículos 78 y 104.

Artículo 211 – Los bienes o sumas reivindicadas o restituidas a la masa entran dentro del patrimonio del deudor y son afectadas para la depuración del pasivo.

Artículo 212 – Las terminaciones de los contratos de trabajo que decida el Liquidador en aplicación de la sentencia que pronuncia la liquidación, están sometidas a las disposiciones del Código de Trabajo.

E. Del privilegio de los trabajadores

Artículo 213 – Las acreencias resultantes de un contrato de trabajo son garantizadas en caso de apertura del procedimiento de Liquidación Judicial por los privilegios consagrados en el Código de Trabajo.

Artículo 214 – No obstante la existencia de cualquier otra acreencia, las acreencias garantizadas por el privilegio establecido en los artículos 204, 216, y 220 del Código de Trabajo deben ser pagadas por el Liquidador sobre ordenanza del juez comisario en el plazo de diez (10) días del pronunciamiento de la sentencia de apertura de la Liquidación Judicial, si el Liquidador dispone de los fondos necesarios.

Párrafo I. Sin embargo, antes del establecimiento del monto de estas acreencias, el Liquidador debe, con autorización del juez comisario y en la medida de los recursos disponibles, pagar inmediatamente a los trabajadores, a título provisional, una suma igual a un mes del salario no pagado sobre la base de la última nómina de salarios.

Párrafo II. A falta de disponibilidades, las sumas dadas en virtud de este artículo deben ser liquidadas con los primeros ingresos de fondos.

F. Del efecto sobre las obligaciones del deudor

Artículo 215 – Las terminaciones de los contratos están sometidas a las disposiciones del Párrafo V del artículo 216 y los Párrafos I al VI del artículo 227.

G. De la Liquidación Judicial pronunciada en el curso de la reestructuración mercantil

Artículo 216 – Cuando a causa de uno de los supuestos establecidos en el Párrafo I del artículo 19 o los artículos 20, 38, 86 y 179 al 182 el tribunal pronuncia la Liquidación Judicial, se nombrará al Conciliador en calidad de Liquidador. Sin embargo, el tribunal puede, por decisión motivada, a demanda de un acreedor, del deudor, o del ministerio público, ordenar al Centro de Reestructuración Mercantil de la Cámara de Comercio designar como Liquidador a otra persona.

Párrafo I. El tribunal puede, de oficio, a propuesta del juez comisario o a demanda del ministerio público, ordenar el reemplazo del Liquidador. El deudor o un acreedor pueden requerir al juez comisario que apodere con ese fin al tribunal.

Párrafo II. El representante de los trabajadores y los interventores continuarán en sus funciones, a menos que las partes que los designaron decidan por mayoría simple lo contrario.

Párrafo III. La nulidad de las transacciones perjudiciales para la masa se llevará a cabo según lo previsto en los artículos 104 al 111, 114 y 115.

Párrafo IV. El Liquidador procede a las operaciones de liquidación al mismo tiempo que determina la verificación de las acreencias y establece el orden de los acreedores.

Párrafo V. El Liquidador persigue las acciones iniciadas antes de la sentencia de liquidación por el Conciliador, y puede introducir las acciones que sean de la competencia del Conciliador. Las terminaciones de los contratos de trabajo que decida el Liquidador en aplicación de la sentencia que pronuncia la liquidación están sometidas a las disposiciones del Código de Trabajo.

H. Disposiciones comunes

Artículo 217 – Ninguna persona respecto de la cual se verifique uno de los supuestos establecidos en el artículo 330 puede ser nombrada en la función de Liquidador.

Artículo 218 – El Liquidador mantiene informado, al menos cada tres (3) meses, al juez comisario y al Ministerio Público del desarrollo de las operaciones.

Artículo 219 – Toda suma recibida por el Liquidador en el ejercicio de sus funciones debe ser inmediatamente consignada en una cuenta de depósito abierta con la autorización del juez comisario. En caso de retardo, debe pagar por las sumas que no hayan sido consignadas un interés cuya tasa es igual a la tasa del interés legal más cinco puntos.

Artículo 220 – La sentencia que abre o pronuncia la Liquidación Judicial implica de pleno derecho, a partir de su fecha, el desapoderamiento del deudor en cuanto a la administración y disposición de los bienes adquiridos a cualquier título que sea, hasta que la Liquidación Judicial sea clausurada. Los derechos y acciones del deudor concernientes a su patrimonio son ejercidos durante toda la duración de la Liquidación Judicial por el Liquidador.

Párrafo I. Sin embargo, el deudor puede constituirse en parte civil con el objeto de establecer la culpabilidad del autor de un crimen o de un delito del cual sea víctima.

Artículo 221 – Si el interés público o el de los acreedores lo exige, el mantenimiento de la actividad puede ser autorizada por el tribunal por una duración máxima fijada por el mismo tribunal. Este plazo puede ser prolongado a requerimiento del ministerio público por una duración fijada por la misma vía.

Párrafo I. Las disposiciones del artículo 89 son aplicadas a las acreencias nacidas durante este periodo.

Párrafo II. La administración de la empresa es ejercida por un administrador, o en su defecto por el Liquidador. Este procederá a las terminaciones de los contratos de trabajo de conformidad con el Código de Trabajo.

Párrafo III. Cuando el administrador no dispone de sumas necesarias para la realización de la actividad, puede, con autorización del juez comisario, hacérselas entregar por el Liquidador.

Artículo 222 – El juez comisario esta encargado de vigilar el rápido desarrollo del procedimiento y la protección de los intereses envueltos.

Artículo 223 – El juez comisario designa de uno a cinco supervisores entre los acreedores que le han hecho requerimiento. Para esos fines cuando existen varios supervisores debe velar porque al menos uno sea elegido entre los acreedores titulares de garantías y otro entre los acreedores quirografarios.

Párrafo I. Ningún pariente o afín hasta el cuarto grado inclusive del jefe de empresa o de los administradores o gerentes de la persona moral puede ser nombrado supervisor o representante de una persona moral designada como supervisor.

Párrafo II. Los supervisores asisten al Liquidador en sus funciones y al juez comisario en su misión de vigilancia de la administración de la empresa. Pueden tomar conocimiento de todos los documentos remitidos al administrador y al Liquidador y están obligados a guardar el secreto profesional sancionado por las penas previstas por la Ley.

Párrafo III. Las funciones del supervisor son gratuitas; el supervisor puede hacerse representar por uno de sus encargados o por ministerio de abogado. Los supervisores pueden ser revocados por el tribunal, a propuesta del juez comisario o del Liquidador. Sólo son responsables por su falta grave.

Párrafo IV. El juez comisario podrá no designar supervisores cuando los intereses de los acreedores estén representados por los interventores en virtud del Párrafo II del Artículo 217.

Artículo 224 – El juez comisario puede, no obstante disposición legal en contrario, obtener comunicación de los comisarios de cuentas, por organismos públicos de instituciones de previsión y de seguridad sociales de bancos y otras instituciones financieras, de datos que den información exacta sobre la situación económica y financiera de la empresa.

Artículo 225 – El juez comisario puede ordenar que sean entregadas al Liquidador, o al administrador en su caso, las cartas dirigidas al deudor. El deudor informado, puede asistir a su apertura, sin embargo, el Liquidador, o el administrador, debe restituir inmediatamente al deudor todas las cartas que tengan un carácter personal.

Artículo 226 – En caso de continuación de la empresa, el juez comisario fija la remuneración correspondiente a las funciones ejercidas por el jefe de la empresa o los administradores o gerentes de la persona moral. En ausencia de remuneración, las personas mencionadas en este artículo pueden obtener sobre el activo, para ellos y su familia, los subsidios fijados por el juez comisario.

Artículo 227 – El Liquidador recibe del juez comisario todas las informaciones y documentos útiles para el cumplimiento de su misión. Desde su entrada en funciones está obligado a requerir al deudor, o según el caso hacer por sí mismo, todos los actos necesarios para la conservación de los derechos de la empresa contra los deudores de ésta y la preservación de la capacidad de producción. Tiene calidad para inscribir a nombre de la empresa todas las hipotecas, prendas, y privilegios que el jefe de empresa no haya inscrito o renovado.

Párrafo I. El administrador, en caso de continuación de la empresa, o en su defecto el Liquidador, tiene la facultad de exigir la ejecución de los contratos en curso, realizando la prestación prometida al co – contratante del deudor. El contrato es resiliado de pleno derecho después de la puesta en mora dirigida al administrador y después que transcurra más de un mes sin respuesta. Antes de la expiración de este plazo, el Juez comisario puede fijar al administrador un plazo más corto o acordar una prórroga de este, la cual no puede exceder de dos meses para tomar una decisión al respecto.

Párrafo I. Cuando la prestación recae sobre el pago de una suma de dinero, esta se debe hacer de contado excepto cuando el administrador pueda obtener la aceptación, por el co – contratante del deudor, de un plazo para el pago. A la vista de los documentos provisionales de los cuales dispone, el administrador procura para el momento que se requiera la ejecución que dispondrá de los fondos necesarios al efecto. Si se trata de un contrato de ejecución o de pago escalonado en el tiempo, el administrador puede ponerle fin si le parece que no tendrá los fondos necesarios para cumplir las obligaciones del término siguiente.

Párrafo II. A falta de pago en las condiciones definidas en el párrafo precedente y de un acuerdo con el co – contratante para continuar las relaciones contractuales, el contrato es resiliado de pleno derecho.

Párrafo III. El cocón tratante debe cumplir las obligaciones a pesar de la falta de ejecución por el deudor de contratos anteriores a la sentencia de apertura. La falta de ejecución anterior de los contratos no origina derechos en beneficio de los acreedores salvo la declaración en el pasivo.

Párrafo IV. Si el administrador no cumple con las obligaciones después de utilizar la facultad de continuar el contrato, la inejecución da lugar a daños y perjuicios cuyo importe debe ser declarado como un pasivo en beneficio de la otra parte. Esto puede sin embargo aplazar la restitución de las sumas dadas en exceso por el deudor en ejecución del contrato hasta que se haya estatuido sobre los daños y perjuicios.

Párrafo V. No obstante toda disposición legal o toda cláusula contractual, ninguna indivisibilidad, resiliación o resolución del contrato puede resultar del sólo hecho de la apertura de un proceso de Liquidación Judicial.

Párrafo VI. Las disposiciones del presente artículo no conciernen a los contratos de trabajo.

Artículo 228 – La Liquidación Judicial no implica de pleno derecho la resiliación del arrendamiento de los inmuebles afectados a la actividad de la empresa.

Párrafo I. El Liquidador o el administrador pueden continuar el arrendamiento o cederlo en las condiciones previstas en el contrato suscrito con el arrendador, con todos los derechos y obligaciones relacionadas.

Párrafo II. Si el Liquidador o el administrador deciden no continuar el arrendamiento, este es resiliado sobre su simple demanda. La resiliación toma efecto el día de esa demanda.

Párrafo III. El arrendador que se propone demandar o hace constatar la resiliación por causas anteriores a la sentencia de Liquidación Judicial debe, si no lo ha hecho, introducir su demanda dentro de los tres (3) meses de la sentencia. En caso de cesión de arrendamiento, toda cláusula impuesta al cedente de las disposiciones solidarias con el cesionario son inoponibles al administrador.

Párrafo IV. El arrendador solo tiene privilegio hasta el último año de arrendamiento antes de la sentencia de apertura del proceso. Si el arrendamiento es resiliado, el arrendador tiene, por otra parte, un privilegio por el año corriente para todo lo concerniente a la ejecución del arrendamiento y por los daños y perjuicios que puedan atribuirle los tribunales.

Párrafo VI. Si el arrendamiento no es resiliado, el arrendador no puede exigir el pago de los arrendamientos por vencer cuando las garantías que le han sido dadas al momento del contrato son mantenidas o cuando aquellas que han sido provistas desde la sentencia de apertura son juzgadas suficientes.

Párrafo VII. El juez comisario puede autorizar al administrador a vender los muebles que guarnecen en los lugares arrendados sujetos a próximo deterioro, depreciación inminente o cuya conservación sea dispendiosa, o aquellos cuya realización no afecta la existencia del fondo de comercio o el mantenimiento de garantías suficientes para el arrendador.

Capítulo II Realización del Activo

Artículo 229 – La venta de los inmuebles tiene lugar siguiendo las formas prescritas en materia de embargo inmobiliario. Sin embargo, el juez comisario, después de haber recibido las observaciones de los interventores, del deudor y del Liquidador, o el deudor o el Liquidador oídos o debidamente citados, fija el precio y las condiciones esenciales de la venta y determina las modalidades de publicidad.

Artículo 230 – Cuando un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado antes de la apertura de la Liquidación Judicial, o de la Reestructuración Mercantil si se trata de una conversión de procedimientos, ha sido suspendida por efecto de estos procedimientos, el Liquidador puede subrogarse en los derechos del acreedor, embargando con los actos que este ha efectuado, los cuales se reputan realizados por cuenta del Liquidador que procede a la venta de los inmuebles. El embargo inmobiliario puede entonces continuar su curso en la etapa en que se había suspendido.

Párrafo I. En las mismas condiciones el juez comisario puede, si la consistencia de los bienes, su emplazamiento o las ofertas recibidas son de naturaleza que permitan una cesión amigable en las mejores condiciones, autorizar la venta, por adjudicación amigable sobre el precio que fije, o de grado a grado, en los precios y condiciones que el determine. En caso de adjudicación amigable, puede haber puja ulterior.

Párrafo II. Las adjudicaciones realizadas en aplicaciones de los párrafos que preceden implican la purga de las hipotecas.

Párrafo III. El Liquidador reparte el producto de las ventas y ajusta el orden entre los acreedores, bajo reserva de las contestaciones que son llevadas por ante el tribunal.

Artículo 231 – Las unidades de producción compuestas por todo o parte del activo mobiliario o inmobiliario pueden ser objeto de una cesión global.

Párrafo I. El Liquidador promueve las ofertas de adquisición y fija el plazo durante el cual éstas serán recibidas. Toda persona interesada puede someter su oferta al Liquidador. Sin embargo, ni el deudor, ni los administradores o gerentes de derecho o de hecho de la persona moral en Liquidación Judicial, ni ningún pariente o aliado de estos, hasta el segundo grado inclusive, pueden presentarse como adquirientes.

Párrafo II. Toda oferta debe ser escrita, contener las indicaciones previstas en el artículo 150, ser depositada en la secretaría del tribunal donde cualquier interesado puede tomar conocimiento y comunicada al juez comisario.

Párrafo III. El juez comisario, después de haber oído o debidamente convocado al deudor, al representante de los trabajadores, los supervisores o interventores y en su caso, al propietario de los locales en los cuales la unidad de producción es explotada, el ministerio público debidamente informado, escoge la oferta que le parece más seria y que permite en las mejores condiciones asegurar la durabilidad de los empleos y el pago de los acreedores.

Párrafo IV. El Liquidador rinde cuentas de los actos de cesión. Una cuota parte del precio de la cesión esta afectada en cada uno de los bienes cedidos para la repartición del precio y el ejercicio del derecho de preferencia.

Artículo 232 – El juez comisario ordena la venta en pública subasta o de grado a grado de los otros bienes de la empresa, oído o debidamente citado el deudor y después de haber recogido las observaciones de los interventores. El juez comisario puede requerir que el proyecto de venta amigable le sea sometido para los fines de verificar si las condiciones que el ha fijado han sido respetadas.

Artículo 233 – El Liquidador puede con la autorización del juez comisario y con el deudor oído o debidamente citado, comprometer y transigir sobre todas las contestaciones que interesen colectivamente a los acreedores, incluso aquellas que son relativas a los derechos y acciones inmobiliarias. Si el objeto del compromiso o la transacción es de un valor indeterminado o excede la competencia en última instancia del tribunal, el compromiso o la transacción es sometida a la homologación del tribunal.

Artículo 234 – El Liquidador autorizado por el juez comisario puede, al pagar la deuda, retirar los bienes constituidos en prenda por el deudor o la cosa retenida. A falta de retiro, el Liquidador debe, en los seis meses a partir de la sentencia de Liquidación Judicial, demandar al juez comisario la autorización para proceder a la venta; el Liquidador debe notificar al acreedor quince días antes de la realización.

Párrafo I. El acreedor prendario, aún si no ha sido admitido, puede demandar, antes de la venta, su reconocimiento judicial. Si la acreencia es rechazada en todo o parte, dicho acreedor restituye al Liquidador el bien o su valor, bajo reserva del monto admitido de su acreencia.

Párrafo II. En caso de venta por el Liquidador, el derecho de retención es de pleno derecho transferido sobre el precio. La inscripción eventualmente tomada para la conservación de la prenda es radiada en la diligencia del Liquidador.

Capítulo III La Depuración del Pasivo

Artículo 235 – La sentencia que abre el proceso de Liquidación Judicial hace exigibles las acreencias no vencidas.

A. Del derecho de persecución individual

Artículo 236 – Los acreedores titulares de un privilegio especial, de una prenda o una hipoteca y el fisco para sus acreencias privilegiadas pueden, desde que han declarado sus acreencias, aun si no han sido admitidas, ejercer su derecho de persecución individual si el Liquidador no ha iniciado la liquidación de los bienes gravados en el plazo de tres (3) meses a contar de la sentencia que abre o pronuncia la Liquidación Judicial.

Párrafo I. Cuando un procedimiento de embargo inmobiliario ha sido intentado antes de la sentencia de apertura, el acreedor titular de una hipoteca es dispensado, desde la reanudación de las persecuciones individuales, de los actos y formalidades efectuados antes de la sentencia.

Artículo 237 – El juez comisario puede, de oficio o sobre demanda del Liquidador o de un acreedor, ordenar el pago a título provisional de una cuota parte de una acreencia definitivamente admitida.

Artículo 238 – Este pago provisional puede ser subordinado a la presentación por su beneficiario de una garantía emitida por un establecimiento de crédito.

B. De la repartición del producto de la Liquidación Judicial

Artículo 239 – El producto de la Liquidación Judicial se realizará en el siguiente orden de prioridades:

I) Acreencias garantizadas por el Código de Trabajo, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 213, 214 y 89;

II) Acreencias nacidas regularmente después de la sentencia de apertura de Liquidación Judicial, o del inicio del procedimiento de reestructuración mercantil, cuando se trata de una conversión de procedimientos, que no fueron pagadas a su vencimiento, en el orden establecido por el artículo 89;

III) Acreedores privilegiados y garantizados;

IV) Acreedores quirografarios y acreedores privilegiados y garantizados no pagados en su totalidad, por el resto de su acreencia.

Artículo 240 – Si una o más distribuciones de sumas preceden la repartición del precio de los inmuebles, los acreedores privilegiados y garantizados admitidos concurren a la distribución en la proporción de sus acreencias totales.

Párrafo I. Después de la venta de los inmuebles y el pago definitivo en el orden entre los acreedores privilegiados e hipotecarios, aquellos que vengan en rango útil sobre el precio de los inmuebles por la totalidad de su acreencia sólo perciben el monto de su colocación hipotecaria, deducción hecha de las sumas por ellos recibidas.

Párrafo II. Las sumas así deducidas aprovechan a los acreedores quirografarios.

Artículo 241 – Los derechos de los acreedores hipotecarios que son colocados parcialmente sobre la distribución del precio de los inmuebles, son pagados según el monto de la deuda restante después de la colocación inmobiliaria. El excedente de los dividendos que han recibido en las distribuciones anteriores en relación con el dividendo calculado después de la colocación se retiene sobre monto de su colocación hipotecaria y es incluido en las sumas a repartir entre los acreedores quirografarios.

Artículo 242 – Los acreedores privilegiados o hipotecarios no desinteresados sobre el precio de los inmuebles, concurren con los acreedores quirografarios por resto de sus acreencias.

Artículo 243 – Las disposiciones de los artículos 240 al 242 se aplican a los acreedores beneficiarios de una garantía mobiliaria especial.

Artículo 244 – El monto del activo, distracción hecha de los gastos y costas de la Liquidación Judicial, de los subsidios acordados al jefe de la empresa, a los administradores y gerentes o a su familia y de las sumas pagadas a los acreedores privilegiados e hipotecarios, es repartido entre todos los acreedores a prorrata entre sus acreencias admitidas.

Párrafo I. Son puestas en reserva la parte correspondiente a las acreencias sobre la admisión de las cuales no se haya estatuido definitivamente y especialmente las remuneraciones de los administradores y gerentes, en tanto que no se haya estatuido sobre sus casos.

Capítulo IV Clausura de las Operaciones de Liquidación Judicial

Artículo 245 – En todo momento el tribunal puede pronunciar, aún de oficio, habiendo sido oído o debidamente citado el deudor y sobre informe del juez comisario, la clausura de la Liquidación Judicial:

I) Cuando no existe más pasivo exigible o el Liquidador dispone de sumas suficientes para desinteresar a los acreedores; y

II) Cuando la continuación de las operaciones de Liquidación Judicial es imposible en razón de la insuficiencia del activo.

Artículo 246 – El Liquidador procede a la rendición de cuentas. Es responsable de los documentos que le han sido entregados en el curso del procedimiento durante cinco años a contar de su rendición.

Artículo 247 – La sentencia de clausura de la Liquidación Judicial por insuficiencia de activos no hace recobrar a los acreedores el ejercicio individual de sus acciones contra el deudor, salvo si la acreencia resulta:

I) De una condenación penal, sea por hechos ajenos a la actividad profesional del deudor o sea por fraude fiscal, sólo en beneficio del fisco; y

II) De derechos que atañen a la persona del acreedor.

Párrafo I. Sin embargo, el fiador o el coobligado que ha pagado en el lugar del deudor puede perseguir al deudor.

Párrafo II. Los acreedores recobran su derecho a persecución individual en caso de fraude respecto de ellos, de quiebra personal, de interdicción de dirigir, administrar o controlar una empresa comercial o una persona moral, o de bancarrota.

Párrafo III. Los acreedores cuyas acreencias han sido admitidas y que recobran el ejercicio individual de sus acciones pueden obtener, por ordenanza del presidente del tribunal, un título ejecutorio.

Artículo 248 – Si la clausura de la Liquidación Judicial es pronunciada por insuficiencia de activos y si aparece que los activos no han sido vendidos o que las acciones en interés de los acreedores no han sido interpuestas, el procedimiento puede ser reanudado a demanda de cualquier acreedor interesado por decisión especialmente motivada del tribunal, sobre la justificación de que los fondos necesarios para los gastos de las operaciones han sido consignados en una cuenta bancaria de depósitos con un monto que previamente debe ser fijado y autorizado administrativamente por el tribunal. El monto de los gastos consignados es reembolsado al acreedor que ha avanzado los fondos, con prioridad sobre las sumas recobradas como consecuencia de la reanudación del proceso.

Capítulo V Vías de Recurso

Artículo 249 – Son susceptibles de apelación o del recurso de casación:

I) Las decisiones que estatuyen sobre la apertura del procedimiento de Liquidación Judicial de parte del deudor, del acreedor, así como del ministerio público, aún si éste no ha actuado como parte principal;

II) Las decisiones que estatuyen sobre la Liquidación Judicial disponiendo o rechazando el Plan de Reestructuración Mercantil de continuación de la empresa de parte del deudor, del administrador, de los acreedores, del representante de los trabajadores, así como del Ministerio Público, aún si éste no ha actuado como parte principal.

Párrafo I. La apelación del Ministerio Público no es suspensiva.

Artículo 250 – Las decisiones que estatuyen sobre la apertura del procedimiento son susceptibles de tercería.

Artículo 251 – Las decisiones que disponen el Plan de Reestructuración Mercantil de continuación no son susceptibles de tercería.

Artículo 252 – No son susceptibles de oposición, tercería, apelación o recurso de casación:

I) Las sentencias relativas a la designación o al reemplazo del juez comisario;

II) Las sentencias por las cuales el tribunal estatuye sobre los recursos intentados contra las ordenanzas dictadas por el juez comisario en el límite de sus atribuciones, con excepción de las que estatuyen sobre las reivindicaciones.

Artículo 253 – Sólo son susceptibles de recurso de apelación o de casación por parte del ministerio público, las sentencias que estatuyen sobre los recursos intentados contra las ordenanzas del juez comisario dictadas en aplicación de los artículos 232, 233 y 234.

Párrafo I. Sólo son susceptibles de recurso de apelación por parte del ministerio público, aún cuando este no haya actuado como parte principal, las sentencias relativas a la designación o el reemplazo del Liquidador, del administrador, de los supervisores o de los expertos.

Párrafo II. La apelación del ministerio público es suspensiva.

Artículo 254 – No pueden ser ejercidos la tercería o el recurso de casación, contra las sentencias de segundo grado dictadas en aplicación del artículo anterior.

Artículo 255 – Cuando deba ser comunicado al ministerio público el procedimiento de Liquidación Judicial y las causas relativas a la responsabilidad de los administradores y gerentes, el recurso de casación por falta de dicha comunicación sólo está abierto para el ministerio público.

Título Segundo Régimen General De Reestructuración Mercantil SUMARIO Título Cuarto Disposiciones Particulares para las Personas Morales y sus Dirigentes