Uruguay

El régimen concursal uruguayo fue establecido por la ley 18.387, que rige desde noviembre de 2008 derogando la quiebra contemplada en el Código de Comercio uruguayo (fines del siglo XIX) y otra serie de procesos concursales liquidatarios y otro buen número de procesos concursales preventivos.

Al aprobar la reforma, se señalaron como sus objetivos:

a – Simplificar los procedimientos
b – Instrumentar un procedimiento único
c – Facilitar el acceso al procedimiento mediante la “alerta temprana”
d – Dar un marco flexible para los acuerdos entre las partes
e – Mejorar los procesos de decisión
f – Reducir costos de procedimiento
g – Fortalecer la judicatura y la especialización
h – Conservar la empresa viable y las fuentes de trabajo
i – Adecuar las sanciones penales
 

Aunque esta ley tiene clara influencia de la ley española 22/2003, como diferencia la ley uruguaya regula los “acuerdos privados de reorganización”. Estos son acuerdos que el deudor puede celebrar con sus acreedores. En los presupuestos subjetivos del concurso también hay diferencias con el régimen español. La nueva ley comprende a cualquier deudor, sea persona física o jurídica siempre que realice actividad empresaria o comercial. Sólo se excluye de su alcance a las personas físicas respecto a sus deudas de naturaleza no empresarial.