Venezuela

El Código de Comercio venezolano se ocupa extensamente de la insolvencia en el libro tercero denominado “De los Atrasos y Quiebras”, dedicándole desde el artículo 898 hasta el artículo 1081 inclusive.

Dicha normativa no recepta modernos procedimientos de salvataje, ni procesos de reestructuración de la empresa en crisis. Regula el tradicional proceso de liquidación permitiéndole al deudor celebrar un acuerdo con sus acreedores, en cualquier estado del procedimiento, que deberá ser aprobado por unanimidad (artículo 1009).

Asimismo se prevé la celebración de un convenio por la aprobación den Junta de Acreedores de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los mismos que tengan derecho a votar y que reúna las tres cuartas (3/4) partes de los créditos representados por dicha totalidad de acreedores. También podrá ser aprobado por la mayoría de las tres cuartas (3/4) partes de la totalidad de dichos acreedores que reúna las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los créditos. El acuerdo deberá ser firmado, so pena de nulidad, en la misma sesión en que se celebre (artículo 1014).

Si a favor del convenio sólo hubiere la mayoría absoluta de acreedores que represente la mayoría absoluta de créditos, la deliberación se diferirá por ocho (8) días; y en esta segunda junta no tienen valor las votaciones dadas en la anterior (artículo 1015).

Es interesante destacar que el derecho venezolano prevé la calificación de la conducta del deudor al establecerse en el artículo 915 que existen tres tipos de quiebras: fortuita, culpable y fraudulenta, y en los dos últimos supuestos establece que desde que se declare la quiebra y en cualquier estado de la causa, el juez podrá acordar el arresto provisional del fallido en los casos de fuga u ocultación del fallido, o de renuencia a comparecer o a presentar sus libros o de sustracción de bienes (artículo 949).

Esta calificación de conducta, además de permitir la sustanciación de un proceso penal, tiene diversos efectos en el proceso concursal. Así:

1) El convenio por unanimidad podrá estipularse la cesación o suspensión del procedimiento de quiebra, pero no detenerse la continuación del enjuiciamiento penal (artículo 1009 in fine).

2) Puede celebrarse convenio con el quebrado sentenciado como culpable, mas no con el sentenciado como fraudulento (artículo 1017).

Para que el convenio se lleve a efecto, aun cuando no haya oposición, debe ser aprobado por el Tribunal de Comercio, previo informe de los síndicos sobre los caracteres de la quiebra y sobre la legalidad del convenio.

La desaprobación del convenio, ya de oficio, ya en virtud de oposición, sólo puede tener lugar por las causas siguientes:

1) Ser la quiebra fraudulenta o culpable.

2) Haberse completado la mayoría que lo acordó con falsos acreedores o con falsos créditos.

3) Haberse faltado a las formalidades establecidas para su celebración.

Vemos en los puntos hasta aquí referidos que solo se formuló como medio de evitar la quiebra la celebración de acuerdo con los acreedores, en condiciones muy severas en cuanto a la calificación de la conducta y con amplias facultades por parte del estado para controlar y desaprobar el acuerdo.

No obstante lo desarrollado anteriormente el Código de Comercio prevé que cuando el comerciante se encuentre en situación en la que ”su activo exceda positivamente su pasivo, y que por falta de numerario debido a sucesos imprevistos o causa de cualquier otra manera excusable, se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, será considerado en estado de atraso y podrá pedir al Tribunal de Comercio competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios, dentro del plazo suficiente que no exceda de doce meses; obligándose a no hacer, mientras se resuelva su solicitud, ninguna operación que no sea de simple detal” (artículo 898).

Vemos aquí que el deudor no se halla en estado de falencia, o insolvencia, sino que atraviesa por una crisis financiera que le impide temporalmente cumplir con sus obligaciones en término, disponiendo de activo suficiente para afrontarlos en el futuro.

Para poder recurrir al procedimiento de atrasos y liquidación amigable deberá el peticionante presentar sus libros llevados regularmente, su balance comercial, inventario practicado no más de treinta (30) días antes, lista de acreedores, monto y calidad de cada acreencia estimaciones prudenciales de su lista de deudores, y la opinión favorable a su solicitud de, por lo menos, tres (3) de sus acreedores.

Verificado el cumplimiento de dichas formalidades, se nombrará un síndico y una comisión con tres (3) de los principales acreedores residentes de los que figuren en el balance, y se tomarán las medidas de vigilancia necesarias. Se convocará por la prensa a una reunión que se desarrollará en el octavo día en la que el síndico y luego la comisión de acreedores, manifestarán su opinión sobre los documentos acompañados, sobre la admisión o negativa de la solicitud, sobre el plazo que pueda acordarse, sobre las medidas conservativas que convenga tomar y sobre el modo de liquidación y las personas que deban componer una comisión de consulta y de vigilancia durante la liquidación. El solicitante podrá dar la explicación o aclaraciones conducentes, labrándose acta con todo lo dicho y firma de los presentes con indicación de nombre, créditos que representa y montos y opinión vertida.

El tercer día hábil, el Tribunal se pronunciará sobre la petición admitiéndola o denegándola, teniendo especialmente en cuenta el voto emitido por la mayoría de los acreedores.

En caso de admisión, establecerá:

1) La duración de la liquidación, que no exceda de doce (12) meses.

2) La obligación del deudor de hacer constar haber pagado dentro de dicho plazo todos sus acreedores o haber celebrado con ellos convenio o arreglo.

3) Las medidas conservatorias y las precauciones que juzgue necesarias para garantizar la integridad del patrimonio del deudor.

4) Los acreedores que deben componer la comisión que vigile la administración y liquidación del patrimonio del deudor.

De este fallo no se admitirá apelación sino en un solo efecto para ante el Tribunal Superior.

Concedida la liquidación amigable, el deudor tiene la facultad de proceder a ella respecto de todo activo y a la extinción del pasivo, con el concurso de la comisión de acreedores y bajo la dirección del Tribunal. Durante el tiempo fijado se suspenderá toda ejecución contra el deudor y no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro, a menos que provenga de hechos posteriores. No produce efectos respecto a acreencias fiscales o municipales ni con relación a acreedores prendarios, hipotecarios o de otra manera privilegiados.

Durante la liquidación amigable podrá celebrarse cualquier otro acuerdo que conceda mayores moratorias, quitas de intereses y hasta de parte de los capitales, pero necesitará la conformidad de todos los acreedores.

El Tribunal podrá revocar la liquidación amigable y declarar la quiebra cuando descubriere la existencia de deudas no declaradas, la no existencia de acreencias denunciadas por él, o si el deudor no cumple con las obligaciones impuestas o aparece culpable de dolo o mala fe, o que su activo en realidad no ofrece esperanza de pagar la integridad de sus deudas (artículo 907).

Observemos que éste último procedimiento descrito tampoco constituye un mecanismo de salvataje siendo sólo un proceso de liquidación acordada o amigable.