¿Por qué o por qué NO acudir al concurso de acreedores para personas físicas?

Desahucio

¿Por qué o por qué NO acudir al concurso de acreedores para personas físicas?

Desde que en el 2004, apenas transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona declarase el primer concurso de un matrimonio, los concursos de particulares han ido aumentado todos los años. Pese a ello, en España con respecto a países como Estados Unidos, Francia o Alemania, está vía legal para particulares está tremendamente infrautilizada.

La causa principal se encuentra en la falta de adecuación del procedimiento concursal español a la insolvencia de particulares. A título de ejemplo, podemos ver que en los créditos con garantía real, su ejecución se paraliza únicamente si los bienes sobre los que recae la garantía están afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor. En consecuencia, con la solicitud de concurso el particular no conseguirá paralizar la ejecución del crédito hipotecario sobre su vivienda, al no encontrarse afecta a actividad empresarial alguna. Por tanto aquellos que acudan al concurso con la esperanza de suspender la ejecución hipotecaria sobre su vivienda, se encontrarán con el el artículo 56 de la Ley Concursal, que es tajante al respecto. Como le ocurrió al matrimonio catalán, al que se le denegó la suspensión de la ejecución hipotecaria por no estar efectos a actividad empresarial o profesional.

El concurso de acreedores es un procedimiento largo y costoso para un deudor particular que, normalmente, tiene  un número reducido de acreedores y que además, suele contar con un único bien, su vivienda habitual. A esto hay que añadirle que los principales acreedores en el concurso de los particulares son los hipotecarios, que como titulares de créditos privilegiados no quedan vinculados por el contenido del convenio que se apruebe, salvo que, caso improbable, hubieran votado a favor del mismo (art. 134.2 Ley Concursal).

En este mismo sentido hay que resaltar que, en el caso de las personas jurídicas, cuando la sociedad finalmente se extingue, desaparece el deudor y con él, la deuda. Por el contrario, en el concursado de particulares, la persona física seguirá respondiendo de las deudas pendientes en aplicación del principio general de responsabilidad universal del artículo 1911 del Código civil, con sometimiento a los plazos de prescripción de las obligaciones. Como consecuencia, cualquier ingreso patrimonial que obtenga el particular tras la finalización del concurso estará sujeto a dicha responsabilidad.

Este es el motivo del escaso número de concursos de particulares en nuestro país. La declaración de concurso ni paraliza las ejecuciones en marcha sobre sus bienes, ni le libera del riesgo de la ejecución universal sobre todos sus bienes y derechos. En definitiva, el procedimiento que regula la Ley Concursal está pensado para empresarios de cierta dimensión, y aunque un particular pueda obtener beneficios del concurso, difícilmente estos, puedan llegar a compensar todos los inconvenientes que genera.

Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia

Una reciente Proposición de Ley (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, núm. 98-1, de 31 de octubre de 2012) en caso de prosperar se convertiría en una especie de “preconcurso del consumidor”. La Proposición de Ley prevé un posible procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento no doloso en que se encuentre, por causas sobrevenidas, la persona natural por deudas no profesionales.

Igualmente se contempla la posibilidad de que, en un posterior concurso de acreedores del consumidor, el juez podría acordar, en caso de inexistencia de bienes y derechos suficientes para satisfacer a los acreedores, la limitación temporal de los efectos del artículo 1911 del Código Civil, lo que se traduciría en una ley de “borrón y cuenta nueva”. En todo caso, a 10 de abril de 2013 nos encontramos ante unas supuestas medidas contempladas en una proposición de ley.

Simón de María
Redactor La-ley.org