Un año desde la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad

Un año desde la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad

El próximo julio se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Se deberían de modificar alguno de sus artículos para hacerla más eficaz?

Isabel-Gallego-IURE-E&B-Para IURE Abogados la respuesta es afirmativa, pues consideran que esta Ley cuenta con una serie de aspectos controvertidos como son la posibilidad de que sea el propio notario, quien al tiempo de presentar la solicitud de mediación, impulse las negociaciones entre el deudor y los acreedores, sin necesidad de nombrar un mediador concursal especializado en la materia. Esto puede provocar acciones erráticas al tener desconocimiento en determinados campos empresariales.

Existen numerosos avalistas y autónomos, e incluso personas que no han podido hacer frente a sus créditos, que se han visto atrapadas por sus deudas y en una situación de bloqueo que les impide continuar con su actividad empresarial o profesional, por lo que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

La letrada de IURE Abogados, Isabel Gallego, indica que “existe una falta de mediadores concursales que imposibilita la tramitación del procedimiento y el impulso de las negociaciones con los acreedores. Esto provoca que el procedimiento se alargue y se estanque. En la práctica, son pocos los mediadores que aceptan estos procedimientos; de hecho están siendo los que gestionan la totalidad de los mismos para evitar el estancamiento del proceso y el perjuicio para el deudor”.

Destaca otro punto conflictivo que es la “exoneración del pasivo insatisfecho” donde se establece una distinción entre las deudas de derecho público y privado, condonando únicamente éstas últimas en caso de que se acredite que se trata de un deudor de buena fe. Por tanto, aquellas personas que su endeudamiento provenga de deuda con entidades públicas (AEAT, Seguridad Social,…) no será condonado, al contrario de lo que sucede con aquéllos cuyo endeudamiento proviene del ámbito privado (bancos, proveedores, etc).

Además, la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha atribuido la competencia para conocer del concurso consecutivo de persona física a los Juzgados de Primera Instancia, cuando originariamente esta competencia estaba atribuida a los Juzgados de lo Mercantil, los cuales tienen un conocimiento especializado en la materia y, desde su creación, han venido tramitando este tipo de procedimientos.

El despacho IURE Abogados propone los aspectos que deberían ser modificados para incrementar la eficacia de esta Ley. Primero, sería incluir previsiones que sancionen a los mediadores concursales que rechacen la tramitación del procedimiento. Estas sanciones serían no volver a ser nombrado durante un periodo de tiempo, como ocurre en el caso del nombramiento de Administradores Concursales en los procesos concursales de personas jurídicas.

Segundo aspecto es en relación a la condonación de la deuda, pues se trata de ofrecer a personas endeudadas una segunda oportunidad, no se debería hacer distinción alguna entre deuda de derecho público y privado; de lo contrario se estaría entorpeciendo el acceso al procedimiento a aquellas personas que como consecuencia de su actividad profesional han generado deuda con organismos públicos.

Además, sería conveniente que la competencia del concurso de persona física sea atribuida de nuevo a los Juzgados de lo Mercantil, pues fueron creados para la tramitación de procedimientos concursales teniendo un conocimiento más profundo de la materia.

Para Isabel Gallego “estos cambios traerían consigo un beneficio real para la sociedad, al promover personas solventes que puedan mantener un nivel de vida medio de acuerdo a sus ingresos. Al acogerse al procedimiento quedarían blindados frente a eventuales reclamaciones de sus acreedores, obteniendo al final del mismo la condonación del pasivo insatisfecho y pudiendo continuar con su actividad. Además, si un particular decide llevar a cabo una actividad que conlleva un riesgo (comprar una vivienda, realizar una actividad profesional o constituir una sociedad) puede saber que existe un mecanismo al que acogerse y que le protege”.